Ya desde los comienzos de la gestión del ex presidente Néstor Kirchner, el endeudamiento público ocupó un lugar significativo cuando se abrió el conflicto con el Fondo Monetario Internacional, que exigía destinar el 5 por ciento del superávit primario al pago de los servicios de la deuda. El gobierno mantuvo firme su propuesta de aplicar un porcentaje no mayor al 3 por ciento, lo razonable para un país que emergía de la crisis del 2001 con una enorme deuda social. El FMI tuvo que aceptarlo, mientras arreciaban las críticas del establishment financiero local e internacional a la nueva administración y su rumbo económico. Simultáneamente, el gobierno brasileño, por entonces menos complicado financieramente que el nuestro, acabó firmando el 4,5 por ciento en una negociación con el mismo organismo.

Luego vino el primer paso de la estrategia de desendeudamiento, que fue la cancelación del pasivo con el FMI, para lo cual se dispuso de cerca del 50 por ciento de las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, sin que ello acarreara ninguna hecatombe. Con esa medida, la Argentina cortaba amarras, recuperaba capacidad de decisión y comenzaba a transitar un camino propio. El gobierno de Cristina Fernández le dio continuidad a esa estrategia cuando decidió crear el Fondo del Bicentenario, destinando un limitado porcentaje de las reservas como garantía de pago de los próximos vencimientos. Con ello, el gobierno se propuso que el país ingrese en la zona de créditos blandos, con tasas de interés menores a dos dígitos.

La culminación de este proceso será un triunfo político sumamente importante, no para el gobierno sino para la Nación, y un ejemplo para América latina y otros países fuertemente afectados por la crisis, como Grecia, ya que se desarrolla sin ninguna participación del FMI y sus asfixiantes imposiciones, en primer lugar, obviamente, el ajuste.

Como señalan economistas imparciales, con un financiamiento externo de bajo costo, sumado al repunte económico que ya está en marcha y la certeza de que se recuperará el nivel de superávit fiscal, el país quedará blindado frente a la incertidumbre que aún genera la crisis mundial. Con una economía sólida con anclaje suficiente, se podrán continuar -y aún profundizar- las políticas públicas destinadas a sostener el empleo y la producción, favoreciendo una mayor inclusión social.

Semejante logro no puede menos que despertar enormes resistencias y generar un verdadero apriete -legislativo, judicial y periodístico- de sectores movidos por la avaricia financiera que añoran el pasado, juntamente con otros que, por mero oportunismo, especulación política o puro odio clasista, tratan de cerrarle el camino a una decisión compatible con un proyecto de claro contenido social, popular y nacional. Ese es el objetivo que agrupa a quienes quieren desfinanciar el Estado para que este vuelva a endeudarse y, de este modo, empujar al gobierno a recalar en el ajuste.

La amenaza del complejo conservador-mediático requiere ampliar el debate nacional sobre el sentido y el rumbo de las políticas que se vienen aplicando, a convocar a todas las fuerzas y sectores políticos de matriz popular y democrática, a los movimientos y organizaciones sociales y a los sectores medios. El objetivo no es solo acompañar al gobierno en su desafío, sino ampliar su base activamente tras un programa común que permita avanzar decisivamente hacia la liquidación de la deuda social pendiente, la consolidación del crecimiento económico con redistribución de la riqueza y la preservación de la autonomía nacional.