El fallo del Tribunal de la Haya debe llevarnos a reflexionar y porque no replantear algunos aspectos de la política exterior de nuestro país.

Por un lado, parece constituir un nuevo triunfo de la política de “hechos consumados”, ya que el tribunal internacional reconoció que Botnia no está contaminando y que como consecuencia no hay motivos para ordenar el cese o la relocalización de la papelera.

Frente a esta cuestión, cabría cuestionarse sobre la efectividad de la costosa estrategia argentina, que dejó de lado el diálogo y la negociación bilateral, apelando a la Corte con la confianza (o tan sólo la esperanza) que la resolución del diferendo en un tribunal internacional sería favorable a la posición argentina respecto a la contaminación de las aguas del Río Uruguay.

Si bien, en lo que hace a este punto el resultado no fue el esperado por la diplomacia de nuestro país, debemos reconocer que la decisión del tribunal tendrá implicancias para el futuro, ya que frente al desarrollo de cualquier emprendimiento de similares características, Montevideo tendrá que respetar las condiciones establecidas por el Tratado del Río Uruguay, debiendo realizar las consultas previas pertinentes.

Pero la realidad nos demuestra que después del fallo, Botnia continuará operando y nuestro país debe cumplir con el compromiso asumido con el gobierno de Mujica respecto de acatar la decisión del tribunal internacional. El gobierno argentino se siente satisfecho por esta suerte de “reconocimiento moral” que expresa el fallo, argumentando que la Corte ratificó que Uruguay no cumplió con los procedimientos establecido en el Tratado de 1975.

Pero aquí aparece una constante que viene dándose en otras áreas de nuestra política exterior: los logros y reconocimientos argentinos alcanzados en el plano de la diplomacia multilateral o, como en este caso en los tribunales internacionales, no se traducen en resultados que supongan beneficios concretos para los intereses de nuestro país.

Por otro lado, este fallo puede y debe constituir una oportunidad. Tendríamos que interpretarlo como un punto de partida para recomponer la relación entre Argentina y Uruguay, para revalorizar los vínculos bilaterales. Ambos países han sostenido históricamente políticas de cercanía y cooperación y existe una agenda altamente positiva sobre la que ambas naciones deben trabajar y profundizar.

Recordemos tan sólo la visión compartida respecto de la preponderancia de la integración regional y la importancia de los lazos culturales y de hermandad entre nuestros pueblos. La intensa labor conjunta realizada por las ciudades de Buenos Aires y Montevideo para que el tango fuera declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, constituye quizá el mejor simbolismo que expresa estos valores compartidos; y representa un ejemplo de la posibilidad y necesidad de trabajar en el marco de una agenda positiva de coincidencias.

Pero más aún, estamos frente a un momento en el cual se abre la posibilidad para profundizar no sólo las áreas actuales de cooperación, sino también para asumir conjuntamente el compromiso de la preservación de los recursos hídricos compartidos. Se requieren acciones concretas para avanzar en la protección medioambiental conjunta de estos recurso naturales estratégicos, tan relevante para los intereses de la comunidad rioplatense. La incapacidad de los estados para hacer frente unilateralmente a las cuestiones medioambientales, hacen que la mejor estrategia nacional, muchas veces, consista en lograr promover acciones comunes para enfrentar de manera coordinada estos desafíos.

Profundizar los vínculos bilaterales, incorporar y comprometer a actores relevantes del escenario político como pueden ser legisladores de distintas fuerzas, puede constituir el camino para convertir el fin de este proceso judicial en el comienzo de una relación cooperativa que nunca debió abandonarse.