De insistir hasta el hartazgo que se trataba de una “sensación de inseguridad” ahora el tema pasó a ser el eje de campaña del oficialismo. El giro político, atado a la coyuntura electoral, no deja en claro hacia dónde va la política en seguridad en la provincia.

Hacer propia la agenda de seguridad parece ser la consigna que desvela al kirchnerismo por estos días. Desde los intendentes k, hasta funcionarios, pasando por gobernadores y legisladores coincidieron en el mismo pronóstico: uno de las causas de la sangría de votos en agosto pasado fue no haberse hecho cargo del tema de la inseguridad.

Frente a ello, y para que la derrota en octubre no sea tan dura, cambiaron rápidamente de estrategia e impulsaron un debate mentiroso acerca del delito. Pareciera que Massa y Scioli juegan una interna peronista que en el fondo busca que nada cambie, sino que todo empeore y crezca la inseguridad.

En primer lugar, reconocieron su existencia. Ya no hablan de “una sensación” creada y motorizada por los medios de comunicación opositores al Gobierno nacional, sino de realidades, con números y víctimas fatales.

A su vez, tomaron medidas cortoplacistas como inundar de gendarmes a la provincia de Buenos Aires por un tiempo limitado, hasta que se lleguen las elecciones generales. Esto no sólo deja a la vista las ansiedades electorales, sino que muestra una vez más la desconfianza hacia la policía bonaerense, fuerza sobre que la pesan cientos de denuncias de corrupción, gatillo fácil y connivencia.

En segundo lugar, su principal candidato, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, anunció que está trabajando en un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad que cometen delitos. El problema del delito va mucho más allá de la edad de imputabilidad porque está enmarcado en los altos índices de exclusión social que existen y que generan marginalidad, siendo ésta un caldo de cultivo para el aumento de la delincuencia.

Por último, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, decidió desdoblar el ministerio de Seguridad y Justicia y poner al frente del primero al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. Un cambio totalmente electoralista, que carece de toda seriedad y muestra la pérdida de rumbo. La seguridad provincial necesita de personas capacitadas, con experiencia en la materia y de medidas coordinadas, integrales y consensuadas.

Muchos comunicadores y políticos intentan convencer que este flagelo se resuelve con mayor cantidad de efectivos en la calle, con penas más duras, bajando la edad de imputabilidad de los menores de 16 años e incentivando la mano dura, con más cárceles.

Si este discurso sigue calando en la sociedad, el Estado seguirá siendo ineficiente para resolver el problema de la criminalidad. Todo este entramado complejo en la búsqueda de seguridad ciudadana es necesario debatirlo, discutirlo, pensarlo y repensarlo sin tiempos electorales, como una solución pacífica, eficaz y sensata a través de políticas de Estado.