Martín Guzmán protagonizó, a lo largo de la última semana, una novela dantesca. Se expuso como nunca antes y mostró una de sus debilidades más evidentes del gabinete que compone. El loteo con el que se distribuyeron los cargos entre las distintas patas que componen el Frente de todos hace que cada funcionario responda a un grupo distinto, lo que repercute en una notoria falta de coordinación, donde priman la desprolijidad y el fuego amigo.

La disputa abierta el viernes pasado entre el ministro de Economía y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, fue ampliamente retratada por todos los medios y tiene pocos secretos. Tal como trascendió, las diferencias están en si va a existir o no un segundo aumento luego del 9% anunciado ese mismo día y en la exigencia de Guzmán de que Basualdo dejará su cargo, algo en lo que el kirchnerismo no estaba dispuesto a ceder.

El subsecretario tiene un peso mucho mayor que el de su cargo jerárquico indica: es el hombre del instituto Patria en un sector estratégico. Semejante banca hizo que, por ahora, se mantuviera en su cargo rechazando las pretensiones del ministro y dejándolo totalmente desautorizado. Distintas versiones indican que fue el propio Guzmán quien estuvo a punto de dejar su cargo, luego del desaire.

Una huida del profesor de Columbia sería probablemente mal recibida por los mercados, que ya le tomaron el pulso y saben que es el garante de un ajuste fiscal que demandan tanto los bonistas como el Fondo. Con la obra pública al nivel del peor año del macrismo y el mejor resultado financiero en los últimos seis años, muchos se preguntan qué compromisos habrá asumido en sus giras internacionales para seguir en una línea tan intransigente respecto del gasto público.

Guzmán tiene razón cuando aduce que los subsidios son la única erogación que creció en términos reales, es decir por encima de la inflación. Solo en el primer trimestre de este año estas partidas aumentaron un 80% interanual, cuando el resto lo hizo en un 38% llevando el peso de los subsidios de un 8% del gasto primario a un 10,5%, según un informe de la consultora Ecolatina.

También está en lo cierto cuando plantea que al menos la mitad de esos pesos que van a engrosar los bolsillos de las empresas eléctricas se generan por la vía de la emisión, que tiene luego su impacto inflacionario. Por el lado de la vicepresidenta, argumentan que el aumento de las tarifas pretendido por Guzmán, en aras de reducir esos subsidios, tiene un impacto directo sobre la inflación y reducen el ingreso disponible de las familias trabajadoras para el consumo. Todos los caminos conducen a Roma.

Lo llamativo en todo este debate es la ausencia total de la posibilidad de reducir los subsidios sin aumentar las tarifas, sino revisando los costos de las empresas y su rentabilidad. Lo es especialmente cuando Edenor está en plena transición para pasar de manos de Mindlin, el titular del Grupo Pampa, a las de Vila-Manzano, los empresarios más massistas que Massa.

La política económica promovida por el kirchnerismo duro no está exento de contradicciones, al contrario. Aflora la falta de una línea común para problemas similares, ya que aplica en YPF la misma política que no concede en la electricidad. El gobierno juega a la ruleta rusa con las tarifas públicas, a consciencia de que los aumentos en estos servicios vienen siendo los detonantes de reacciones populares en América Latina en el último tiempo y en Argentina la mecha está corta.

En el conurbano es donde más se siente, gracias a la pobreza que ya afecta a más de la mitad de su población y una inflación que volvió en marzo a ser la más alta del país, un 5,1% contra un 4,8% a nivel nacional. El humor social se percibe cada vez más caldeado y la amenaza de recortar 50.000 planes sociales y continuar negando la IFE en plena segunda ola solo empeoran la situación.

El gobierno parece soñar la hoguera donde siempre es la leña, consumido por los problemas de toda índole a lo que agrega sus rencillas internas. Se muestra debilitado, falto de iniciativa y con poca reacción para una realidad económica, política y social que no da tregua.

Mientras las luces se posaban exclusivamente sobre el affaire Basualdo, el Frente de Todos recibió un nuevo cachetazo. Es que Telecom se sumó al cada vez más poblado grupo de quienes consiguen torcerle el brazo a los dictámenes de Fernández. En este caso, sobre el DNU 690/2020 que declara como servicio esencial a los servicios de internet, telefonía y cable colocando al estado como regulador de los aumentos.

La coalición gobernante le prende velas al arribo rápido de la ayuda que promete votar el FMI, pero que llegaría recién en agosto. Sobre este punto también hay discrepancias ya que el miércoles el bloque de senadores que dirige CFK marcó la cancha con un pronunciamiento sobre el destino que debían tener esos dólares.

Los Fernández juegan sus fichas en el año electoral a la espera de una recomposición económica que no llega, un atraso cambiario que no contiene a la inflación y la necesidad de disfrazar lo que a las claras es un ajuste fiscal. No tendremos pan, pero tenemos circo.