Sin reuniones familiares pero con casinos habilitados; así se encuentra la provincia del Chubut desde la publicación de la resolución administrativa 1468 publicada en el Boletín Oficial el jueves 12 de agosto. La medida exceptúa a la provincia "de la prohibición contenida en el apartado 1, del artículo 9° del Decreto Nº 641/20, a los efectos del desarrollo de la actividad de salas de juego y casinos".

Llama la atención que Chubut sea la única provincia habilitada a tal fin, aunque no cause sorpresa alguna, considerando que la medida se tomó tras un pedido elevado por el propio Gobernador, Mariano Arcioni, en un claro gesto hacia un conocido empresario y amigo de Comodoro, conocido como "el Zar del Juego".

Lo primero que advertimos es que no se trata de una medida de reactivación económica. Se trata de una maniobra ostensible para, una vez más, favorecer a los amigos del poder. La connivencia entre empresarios y políticos no resiste análisis alguno. Todas las facilidades son ejercidas como privilegios públicos sin remordimiento alguno. Vale recordar por ejemplo, cuando un conocido conductor de televisión viajó en plena cuarentena a la ciudad de Esquel para recluirse en su mansión, y no contento con ello, posteriormente se autorizó el vuelo de un avión que únicamente transportaba sus valijas.

Es decir, el debate nada tiene que ver con lo sanitario, tiene que ver con lo ético, con la cosa pública. Preocupa profundamente que desde el gobierno nacional se dicten normas a medida de los empresarios y políticos amigos, es de una gravedad institucional muy importante. Si la casa rosada se convierte en una escribanía, el rol de la oposición en el Congreso de la Nación se convierte más que nunca en un órgano de control con frenos y contrapesos.

El decreto que habilita el funcionamiento de los casinos llega en un momento en el que aún se prohíben las reuniones familiares, donde el horario de circulación es hasta la medianoche y en donde solo pueden ingresar a la provincia no más de 270 personas -domiciliadas en Chubut- cada dos semanas. Esta situación hace aún más clara la motivación que da origen, tanto al pedido del gobernador, como al dictado de la norma que hace lugar al pedido por las salas de juego.

Resulta tan evidente, que por las dudas se aclare, que los casinos podrán habilitarse en las localidades donde no haya transmisión comunitaria de coronavirus, siguiendo el protocolo sanitario establecido. Insisto en no caer en la trampa de pensar solo en lo sanitario, o en malinterpretar la negativa como una postura en contra de los trabajadores de juegos de azar.

El quid de la cuestión es el amiguismo político donde, sin pudor alguno y a la vista de todos, se piden y otorgan favores que, de mínima, distan mucho de resultar éticos. Estas situaciones no solo nos alarman cuando pensamos las instituciones y sus valores, nos empujan también a buscar nuevos y mejores mecanismos de control estatal y ciudadano.