La intención de judicializar la política y politizar la justicia, algo que notoriamente pretende llevar a adelante el oficialismo, es una estrategia que parece más pensada para convencer a los propios que a dar un mensaje claro a los argentinos.

El alegato de la Vicepresidenta Cristina Kirchner ante la Cámara de Casación mostró que están dispuestos a llevar adelante operaciones judiciales -sin fundamentos- contra la oposición, en el afán de llevar al barro a toda la política cuando claramente se vieron, ahora y antes, ataques del kirchnerismo a dirigentes de la oposición, como la denuncia por enriquecimiento ilícito que hiciera recientemente el oficialista Rodolfo Taillhade contra el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias.

"El poder es un poder permanente en la Argentina. Primero fueron las fuerzas armadas y después el Poder Judicial, ustedes, los que siguen velando por sus intereses", dijo también la ex presidenta, afirmando que las decisiones que se tomaron en los tribunales le dieron el triunfo a Mauricio Macri en las elecciones de 2015 y provocaron una devaluación en el final de su mandato.

Estas veladas amenazas de Cristina Kirchner hacia el Poder Judicial, sintetizadas en el "hagan lo que tengan que hacer" al cierre de su alegato, fueron una reafirmación de la estrategia planteada por el presidente Alberto Fernández en el discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias.

Ese día, el titular del Ejecutivo Nacional acusó al sistema judicial de "vivir en los márgenes del sistema republicano" y pidió una "reforma integral" de la Justicia y el Ministerio Público Fiscal, reformas que, según los propios jueces y fiscales, dejarían un Ministerio sumamente endeble y para el cual investigar causas relacionadas con la corrupción en el poder sería virtualmente imposible.

Claro que arrogarse atribuciones de otro poder no es nuevo en el presidente: ya lo había intentado con la expropiación de la empresa cerealera Vicentín, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, medida que menoscaba la división de poderes y contradice lo expresado en el artículo 109 de la Constitución Nacional, donde se que "en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".

"Armaron una realidad paralela en los expedientes", dijo el gobernador bonaerense Axel Kicillof en referencia a la causa por la que también declaró ante Casación, un rato después que lo hiciera su jefa política y calificó a la Justicia "muda, ciega, sorda y condicionada".

No toda la Justicia está contaminada: tiene muy buenos jueces, que rechazan la connivencia con el Ejecutivo y se niegan a ser partícipes de operaciones político-judiciales.

Por otro lado, la pretensión de emparejar para abajo a la clase política asoma como una clara maniobra electoral: en un año de renovación parcial de las Cámaras y durante el cual el oficialismo deberá seguir dando explicaciones -a la Justicia y a la ciudadanía-, buscan desviar la mirada de los problemas reales del país con infundadas denuncias hacia integrantes de la oposición

Es peligroso que el Gobierno decida en base a los intereses de sus propios integrantes y, en este caso, sus problemas con la Justicia, en lugar de tener una mirada más amplia y abarcativa sobre la realidad y las necesidades de nuestro país, después de un año tan complejo y considerando que transitamos otro que lamentablemente no deja de ser muy distinto al anterior.