España
Los primeros indicios de la reforma fiscal que prepara el gobierno
Por Guido Lapa
Los ingresos públicos de España están muy por debajo de la media de la zona euro, nada menos que un 7%. Con este dato como eje frente a cualquier debate, los socialistas se proponen corregir esa diferencia aumentando la presión fiscal tanto a las personas físicas como a las sociedades.

María Jesús Montero, ministra de hacienda, aprobó el último lunes la creación de una comisión especial que trabaje en una propuesta de reforma fiscal integral del estado español. La reforma tendrá como objetivo un aumento de la recaudación central que permita afrontar los gastos generados por la pandemia. El gobierno prevé una recuperación que demandará un tiempo más prologando del que se estimaba inicialmente.

Los ingresos públicos de España están muy por debajo de la media de la zona euro, nada menos que un 7%. Con este dato como eje frente a cualquier debate, los socialistas se proponen corregir esa diferencia aumentando la presión fiscal tanto a las personas físicas como a las sociedades.

El grupo de expertos que se hará cargo de la elaboración de la propuesta sabe que más allá de cualquier principio de equidad o de un planteo progresivo la necesidad principal está en un aumento de la recaudación que reduzca el déficit y haga más solventes las cuentas públicas. Recordemos que España se encuentra superando el límite de déficit tolerable para las normas europeas y que se ha valido de este periodo excepcional para continuar sin mayores sobresaltos.

De todas maneras, no será una tarea sencilla para el gobierno la aprobación del paquete de medidas que sugieran los expertos. En primer lugar por la resistencia más que segura con la que se encontrará en el parlamento, donde la oposición le negara el apoyo con distintos argumentos (seguramente unos defendiendo a las empresas y otros al consumo).

En segundo lugar será el propio gobierno el que tenga sus reparos en aplicar una reforma fiscal que reduzca el ingreso disponible y lo enfrente con distintos sectores en las vísperas de un año electoral determinante para su futuro. Estamos frente a uno de los tantos casos en donde las necesidades de los propios gobernantes se chocan de lleno con sus especulaciones electorales.

En cuanto a los cambios propiamente dichos todos los cañones apuntan al menos a dos grandes cambios: IVA y el impuesto a las sociedades. Sobre el IVA está claro que el gobierno no puede proponer un aumento significativo sobre el 21% que ya se cobra y que va en línea con lo del resto de la zona euro, pero sí que España tiene un régimen de tipos reducidos (10%) y súper reducidos (4%) que son una excepción en la región y que seguramente sean la vía para ajustar el consumo y aumentar el gravamen.

Las modificaciones al impuesto a las sociedades, tal como hemos adelantado en LPO, son una tendencia mundial. Impulsado principalmente por la administración Biden ha comenzado una campaña para que se fije un impuesto mínimo a las sociedades que en el caso español es de lo más sencillo porque implicaría anular la baja de este impuesto que realizó Rajoy en 2015, cuando lo pasó de 30% a 25%.

Si a estos ítems le sumamos la pronta aplicación de impuestos verdes que se tratarán en un plazo no mayor a seis meses, tenemos algunos principios de por dónde pasará la reforma que ha encargado el gobierno.

Aunque se descarta que esto es solo el principio y se propondrán decenas de modificaciones extra la gran incógnita que aparece nuevamente es cómo la política y las elecciones condicionarán la aplicación de cualquier reforma. La elección general parece algo muy distante, pero el gobierno y sus contrincantes ya actúan con un ojo puesto en ella.

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