Pandemia
La monarquía de los DNU
Por Matías Desalvio
lberto pide superpoderes para avalar restricciones que exceden a sus facultades fuera de un Estado de Sitio.

Evidentemente, en un sistema republicano de gobierno, las normas deben ser dictadas por el Congreso de la Nación y es el Poder Ejecutivo quien debe reglamentarlas.

La ley permite la utilización de los Decretos de Necesidad de Urgencia, limitándolos para supuestos en que la demora podría generar daños irreparables.

Un decreto no es una Ley. Muy lejos está de serlo ya que una Ley requiere de un profundo análisis multipartidario, que luego de pasar por las comisiones se somete a un debate y a una votación dentro de cada una de las dos Cámaras que conforman al Congreso garantizando de tal modo una pluralidad de opiniones, un consenso.

En cada una de esas opiniones de los legisladores se refleja la voluntad de un pueblo, de cada provincia, de cada rincón de la República, que han delegado esas facultades mediante el voto de sus representantes.

Ello no ocurre con un DNU que reviste un carácter monárquico, si se quiere, en el cual de manera unilateral y, muchas veces arbitraria, el Presidente de la Nación puede violentar el sistema constitucional de la división de poderes , para legislar sin consenso excediendo sus facultades administrativas porque la urgencia lo torna necesario.

Ahora bien, luego de 14 meses de transcurrida la pandemia en nuestro país , sin duda alguna, el Congreso debería legislar sobre las medidas que puedan restringir libertades constitucionales como lo son la de circular, la de trabajar , la de estudiar, entre otras.

Sin embargo, mientras las decisiones fueron adoptadas en el marco del diálogo, ningún gobernador cuestionó al Presidente ya que resulta incuestionable que ante una emergencia sanitaria hay medidas que requieren ser dictadas rápidamente para disminuir las consecuencias y el daño.

Hemos visto en las últimas semanas que el diálogo entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires fue interrumpido por el Presidente, intentando hacer valer su mayor cargo institucional e imponiendo a la fuerza decisiones que exceden sin duda alguna sus facultades.

Así fue que el Jefe de Gobierno de la Ciudad recurrió a la Justicia para frenar el avance violento y antijurídico que intentaba hacer el estado nacional sobre cuestiones que le estaban vedadas ya que, por ejemplo, en materia de educación, no puede invadirse la autonomía de la Ciudad y forzar la jurisdicción.
Este revés fue contundente ya que le recordó al Presidente que no puede hacer lo que se le antoje y seguir gobernando mediante decretos ya que a lo largo de esta emergencia prolongada debe seguir siendo el Congreso quien dicte las normas y no puede avanzar sobre derechos y garantías constitucionales mientras nuestra Carta Magna esté vigente.

En este sentido, Alberto Fernández grabó un discurso mediante el cual sostuvo restricciones por tres semanas pero además dijo algo en lo que pocos repararon. Justamente manifestó que iba a mandar un proyecto de Ley al Congreso para que le permita adoptar medidas restrictivas de derechos constitucionales y avanzar sobre otras jurisdicciones sin necesidad de consenso.

Sin duda alguna, ello refleja el reconocimiento de que, por un lado, ha perdido una batalla magnífica con el Jefe de Gobierno de CABA y, por otro, es un reconocimiento liso y llano respecto de la inconstitucionalidad de esta forma antijurídica de gobierno mediante decretos.

Todos reposan en la decisión de la una Corte Suprema antigua, desgastada e ineficiente que prefiere dilatar un pronunciamiento urgente y seguir alimentando una pelea política que tiene como única víctima a la sociedad argentina.

Y la pelea por un voto está haciendo mucho daño. La salud pública no puede justificar una monarquía violenta y partidaria.

Hay que retornar al diálogo y educar con el ejemplo.

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