“Derógase el artículo 111 de la Ley Nº 11.672”. Este simple texto aparece como la clave para descifrar el circuito que diagramó el sospechado funcionario Juan Cayetano Intelisano para emitir el irregular pago al pool de seguros. Así se hizo con el control de las deudas de la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguros (CNAS) por el cual logró el desembolso de 54 millones de pesos, aún con dos fallos judiciales en contra.

A fines de 2006 es cuando empieza a gestionarse, por presión de la ex directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Yolanda Eggink, el pago al pool conocido como Accolade Pool. Para la misma fecha, el Congreso Nacional ya estudiaba el proyecto de ley para el presupuesto nacional del año entrante, con el que Néstor Kirchner debería encarar su último año de gestión.

Allí, en el artículo 68, fechado en diciembre de 2006, se leía: “Derógase el artículo 111 de la Ley Nº 11.672 - COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005)”. Lo importante es, justamente, lo que señalaba este artículo 111.

El Decreto 1110/2005, al ordenar la Ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto, incluye como art. 111 el siguiente texto:

“ El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION tomará a su cargo la extinción de los derechos y obligaciones del INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS SOCIEDAD DEL ESTADO, en liquidación y de la CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO, en liquidación, derivados de sus actividades como reaseguradoras activas o pasivas con entidades del exterior, para lo cual se faculta al citado Ministerio a ofrecer, dentro del monto a que alude el Artículo 8º de la Ley Nº 25.565, instrumentos de Deuda Pública en pago de las obligaciones emergentes”, es decir, con bonos.

Así, con la derogación de este artículo se limitaba la competencia del Ministerio de Economía en las deudas de la CNAS, apenas días después que la subsecretaria Legal, Alejandra Tadei, objetara el pago. Así, perdió poder y nunca más, desde el 14 de noviembre de 2006, logró acceder al expediente del pago que desató el escándalo.

La mano de Alberto

Alberto Fernández, ni bien saltó al tapate esta noticia, salió rápido a desprenderse de responsabilidades. Aunque alejado de los medios, no dudó en remitir una carta al matutino Crítica Digital donde aseguraba no conocer a Intelisano e incluso arriesgó que había sugerido que se lo separe del cargo que ocupaba, como subsecretario Administrativo en Economía.

Las versiones en Economía son otras. Fuentes del Ministerio dicen que cuando Alberto era Superintendente de Seguros de la Nación, en la gestión menemista de Domingo Cavallo, conoció a Intelisano, que ya estaba en el cargo de director administrativo. El mismo que ocupa hoy pese a estar sumariado por Miguel Peirano.

El número dos de Alberto en ese momento era Claudio Moroni, luego implicado en este caso como titular de la Sigen y siempre muy cercano al ex jefe de Gabinete. Los dos controlaban el negocio de los seguros en el país. El pool internacional que se hizo con los 54 millones gracias a la gestión de Intelisano, se dedicaba justamente a los seguros.

Administración de fondos

Si bien resulta arriesgada la hipótesis de que desde la Jefatura de Gabinete se pudo haber incluído el artículo en el Presupuesto para dar poder en el caso al sospechado funcionario de Economía, el rol de Alberto Fernández en este caso ya estaba asignado.

Según el dictamen que Moroni emitió desde la Sindicatura en este caso, lo que hacía falta para cerrar el caso era reasignación de partidas presupuestarias. Algo que Alberto podía hacer con su simple firma gracias a los superpoderes que ostentaba. Esto mismo trajo a la luz el antecesor de Tadei, Osvaldo Siseles, quien en una entrevista confirmó que “el Jefe de Gabinete no correspondía que interviniera en esto, salvo que se modifiquen partidas presupuestarias”.

El texto del ex síndico Moroni en que se basó Intelisano para emitir el pago tenía dos líneas clave.

En una, aprobaba el circuito legal que ya habían delineado con el traspaso vía Ley de Presupuesto 2007 del control de las deudas de la CNAS al Inder: “debería merituarse encuadrar conforme las previsiones específicas del art. 61 de la Ley Nº 25.565”, dice. Esto, y en segundo lugar, “a los efectos de imputar a la partida presupuestaria que por reasignación de otras partidas se pueda obtener, además de la pertinente provisión presupuestaria para el ejercicio siguiente a fin de asegurar la reposición de la partida asignada”. Ahí, entraba Alberto Fernández y sus superpoderes.

Las omisiones de Moroni

La lectura de la nota de la Sigen firmada por Claudio Moroni y fechada el 12 de septiembre de 2007, la misma que Intelisano usó para desembolsar los millones investigados, resulta cuanto menos misteriosa.

Es que, conociendo los detalles jurídicos y las profundas investigaciones que suelen realizar los organismos de control como la Sindicatura, sorprende que Moroni, nada menos que el síndico de la Nación, no haya hecho mención a la existencia de dos fallos judiciales de primera y segundo instancia sobre este caso que rechazaban el pago y que haya tomado como válido el análisis adulterado que gente de Intelisano hizo del informe de Tadei del 14 de noviembre.

En cuatro hojas, nunca nombra los dos fallos, lo cual hubiese echado por tierra cualquier intento de pagarla al pool de seguros. Esto choca directamente con las obligaciones legales de la Sigen, ya que entre ellas figura: “Atender los pedidos de asesoría que le formulen el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades de sus jurisdicciones y Entidades en materia de control y auditoría”. Cuando Intelisano pidió asesoramiento a Moroni por este pago, la Sigen sugestivamente omitió la existencia de los fallos y dio vía libre al pago.

Otro punto importante es que con apenas la opinión de un subsecretario y de un director Moroni acepta el pago. En su escrito, el albertista ex AFIP opina que “se debería tomar la propuesta efectuada y, de compartirlo el Subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial de la liquidación del Instituto –no es otro que Intelisano-, procurar cancelación mediante el pago en pesos”. Nada de bonos sugiere.

Así, tras tomar la primera opinión de Intelisano y para validar aún más su postura toma la opinión de Yolanda Eggink, la segunda funcionaria que más empujó el pago al pool. “Cabe señalar oportunamente que la Dirección General de Asuntos Jurídicos –el cargo de Eggink- no ha formulado reparos a la cancelación de lo adeudado en el marco de la propuesta oportunamente efectuada por el grupo acreedor”.

La lectura es simple. Moroni tomó la opinión de los dos máximos impulsores de pagar los 54 millones para justificar su aprobación y omitió los reparos de Tadeo y nada menos que dos fallos judiciales que entorpecían el pago. Todo esto, desde el sillón de la mismísima Sindicatura de la Nación.