La presidenta Cristina Kirchner aprovechó la visita al país, nada menos que de la prestigiosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para anunciar una de las medidas mas demoradas en nuestra legislación: el envió al parlamento de un proyecto de ley que elimina el delito penal de calumnias e injurias, una rémora del pensamiento penal más represivo que vulnera tratados de jerarquía constitucional firmados por nuestro país como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.

“Nunca ha habido mayor libertad para hablar sobre las autoridades que durante el gobierno de esta presidente”, se jactó la Presidenta el pasado 11 de septiembre, ante los integrantes de la célebre comisión que se atrevió a visitar el país durante la pasada dictadura.

“Prefiero mil millones de mentiras que haber cerrado la boca de alguien”, agregó la Presidenta, mientras que a su lado, el ministro de Justicia, Julio Alak, calificó de "histórica y profundamente progresista" la decisión y agregó que fortalece "aún más la libertad de expresión, que es uno de los pilares fundamentales de la democracia”.

Bueno, nada de esto parece haber penetrado en el pensamiento del gobernador ultrakichnerista de Entre Ríos, Sergio Urribarri, que ayer anunció nada menos que através de la web oficial de la gobernación, que demandará penalmente a La Política Online y todos los otros medios que publicaron las versiones que le adjudican la supuesta compra de una estancia de 6.000 hectáreas por unos 18 millones de dólares (ver nota adjunta).

La amenaza a la libertad de expresión fue tan brutal –justo en el marco de la discusión de la ley de medios y cuando se conoce la tremenda muerte de un periodista en Corrientes, que había investigado al gobernador de esa provincia-, que ante la inmediata repercusión que tuvo en la prensa de Entre Ríos, algún asesor legal convenció a Uribarri de la conveniencia de despublicar el bando intimidatorio.

Lejos de explicar su situación patrimonial y en todo caso aportar elementos que hechen por tierra las versiones sobre la presunta compra de la estancia –originadas entre los propios pobladores del lugar-, Uribarri eligió el retrógrado camino de amenazar a los medios y en particular a La Política Online a la que calificó de "sitio anónimo", agigantando las sospechas que detrás de la ley de medios, en rigor lo que se busca desde la corporación política es callar a la prensa independiente.

Qué dijo la Corte Interamericana

"La opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo", remarcó el tribunal en el célebre fallo Kimel que condenó al Estado argentino.

En el pronunciamento, la Corte Interamericana de Justicia entendió que las condenas por calumnias e injurias iniciadas por funcionarios "son ambiguas y violan la libertad de expresión".

El comunicado de Urribarri

En su amenazante comunicado, Urribarri prometió iniciar acciones penales contra "contra los emisores originantes de tales contenidos y todos aquellos que a sabiendas de su falsedad e intención injuriante, dañosa y origen indeterminado le den difusión por sus sitios o medios regulares".

Este gobernador que recientemente fue “premiado” por la Casa Rosada por su lealtad en el conflicto con el campo, entregándolo la presidencia del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE) que ya comenzó a firmar jugosos “convenios" con su provincia, avanzó así contra La Política Online y los otros medios que publicaron la noticia, como ser Urgente 24 y los portales entrerrianos Compacto de Noticias, Noticia Uno y La Noticia Digital.