El escándalo que envuelve al prestigioso juez de la Suprema Corte, Eugenio Zaffaroni, podría llegar al Congreso la semana próxima, cuando el bloque de diputados de la Coalición Cívica intente reunir a la comisión de Juicio Político con la intención de citar al magistrado para que de explicaciones por los prostíbulos que funcionan en varias de sus propiedades.

En una entrevista con Página 12, Zaffaroni intentó desligarse de la polémica: "Son quince inmuebles en la Ciudad que están en todas mis declaraciones patrimoniales. Es obvio que no puedo administrarlos personalmente, de modo que tengo un apoderado y una inmobiliaria que los alquila".

De este modo, el juez cargó las responsabilidades sobre sus apoderados. "No sólo no los visito, sino que algunos departamentos ni los conozco. Yo me limito a recibir lo que me pagan y ni siquiera reviso muchas las cuentas", dijo. Y agregó: "Nunca recibí una carta documento de ningún consorcio notificándome algo raro o anormal, que supongo es lo que haría cualquier abogado".

Pero la información que maneja Fernanda Gil Lozano es distinta. En diálogo con La Política Online, la diputada de la Coalición Cívica contó que, según los vecinos, "los escándalos en los edificios eran constantes", pero cuando llamaban a la policía, no le tomaban la denuncia. "Incluso, algunos consorcios recibieron presiones: les decían que esos departamentos eran del juez Zaffaroni y que nunca iban a llegar a nada. Los amenazaban", agregó.

Y reveló una declaración que, de comprobarse, refutaría las justificaciones del magistrado: "Uno de los vecinos contó que una noche ingresó un hombre borracho, causó desmanes y rompió cosas del edificio. Y que la persona que fue a pagar por las cosas que había roto fue nada menos que la secretaria del estudio de Zaffaroni. O sea que sabía lo que estaba pasando".

La diputada confirmó que el lunes realizará un pedido formal para que se reúna la comisión de juicio político. "Todo el respeto que se merece por su currículum y su prestigio no lo absuelve de dar las explicaciones pertinentes", explicó.

Zaffaroni, sin embargo, no es el único que podría ser citado. La Coalición Cívica también apunta contra Esteban Righi. Es que en 2009, junto a la ONG La Alameda, Gil Lozano presentó ante el procurador general de la nacion un listado con 613 direcciones donde se debía investigar si funcionaban prostíbulos. "Y no sucedió nada. El punto es que en esa lista figuraban dos de los departamentos de Zaffaroni que hoy están siendo denunciados. Por eso decimos que más de uno debe dar explicaciones", opinó.

Los jueces de la Corte están cerrando filas con Zaffaroni y mantienen un silencio absoluto sobre el tema. Al menos por ahora. Porque según pudo saber LPO, puertas para adentro le reprochan que no haya actuado como Hebe de Bonafini: es decir, que no haya tenido una actitud más dinámica, proactiva, que no haya denunciado rápidamente a sus apoderados, a la imbobiliaria y a los inquilinos. Si lo han estafado en su buena fe, tendría que haber accionado judicialmente más rápido. Esa es la objeción que, por lo bajo, le hacen sus compañeros del máximo tribunal.

"En este momento, me cuentan que los departamentos están siendo desmantelados. Pero me siguen llamando distintos vecinos para denunciar que hay más departamentos de él en donde funcionan prostíbulos. La verdad es que todavía no lo pude corroborar esto. Pero hay más denuncias. De ser ciertas, serían más de cinco", conluyó Gil Lozano.