La movida fue anticipapa por LPO meses atrás: las grandes distribuidoras tenían como escenario de salida la hipótesis de dejar de pagarle a la distribuidora mayorista Cammesa, si el Estado seguía negándose a aumentar las tarifas.

Es que ante los pedidos de aumento de los trabajadores de Luz y Fuerza y sin recursos para afrontarlos, decidieron dejar de parale a Cammesa: era eso o dejar de realizar las inversiones mínimas para mantener la red operativa.

Edesur tuvo la habilidad política de justificar su deuda con el argumento de no haber cobrado un monto que le adeuda el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde enero, una manera de hecharle la culpa a Mauricio Macri y quedar bien con la Casa Rosada.

Pero lo cierto es que Edesur incumplió ayer un pago de 31 millones de pesos de provisión de energía con Cammesa, la empresa que administra el mercado argentino de la electricidad.

Es la primera distribuidora grande que avanza en esste sentido que fue inaugurado por la platense Edelap y luego seguido por varias distribuidoras más. Al 15 de este mes, según planillas de Cammesa, otras distribuidoras adeudaban 205,1 millones de pesos. Encabeza la lista la mendocina Edemsa, controlada por el grupo Andes Energía, de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, con 52,3 millones. La sigue Depec, la de Corrientes, con 38 millones, señala una nota de La Nación.

Un monto idéntico está ya en manos de la Justicia: 205 millones de pesos que deben las compañías estatales de Córdoba (EPEC) y Santa Fe (EPE), cuyas administraciones provinciales han recurrido a la Justicia y obtenido un amparo para no pagar los aumentos en la electricidad tras la quita de los subsidios. Es en rigor lo que intenta hacer el gobierno de Mauricio Macri, que presentó hace un mes y medio una medida cautelar por la que no tuvo todavía novedades.

Tres cuartas partes del consumo público de la Capital Federal (oficinas, colegios, hospitales) pertenecen a Edesur. La administración porteña no paga desde enero el adicional por los incrementos dispuestos en la "sintonía fina" anunciada por la presidenta de la Nación. Debe desde entonces, por lo tanto, 7 millones de pesos a Edenor y 31 millones a Edesur.

Las dificultades de caja afectan a todos. La semana pasada, por una gestión del secretario general de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, las distribuidoras del área metropolitana pagaron aumentos salariales con fondos que les debía el Estado. El gobierno de Macri ya tomó una decisión por si la Justicia demorara la medida cautelar: envió a la Legislatura, el viernes pasado a última hora, un pedido de ampliación presupuestaria para pagar la diferencia por la quita de subsidios.

Edesur explicó ayer su situación en una carta enviada a Cammesa. De todos modos, para ser considerada "morosa" según la normativa interna, la empresa deberá tener dos meses enteros impagos. El incumplimiento de ayer fue sólo una parte de todo el giro mensual, lo que en el sector se conoce como "cuota espejo". Un sistema que permite desdoblar la obligación en tres veces, diez días antes y diez días después del vencimiento.

El sector eléctrico atraviesa dificultades que no vivía desde hacía muchos años. La prueba más fehaciente es que el gobierno nacional haya aceptado, sin objeciones, ocuparse del pago de la parte de alzas salariales: realmente les cree a las empresas cuando dicen no estar en condiciones de pagar. "Sin tarifa, sin nuevos ingresos, no podemos pagar ningún incremento", fue lo que escucharon en la paritaria Lescano y la viceministra de Trabajo, Noemí Rial.

La negociación, que involucra por primera vez a todas las ramas de la industria -distribución, generación y transporte de energía-, sigue estancada. Para auxiliarlos, el Gobierno ha recurrido a deudas que tenía con el sector por el suministro a las villas y la cobertura del déficit con las usinas. De allí salieron los montos con que se pagaron sueldos.