Un rumor circula con insistencia en el colapsado sector eléctrico. El gobierno habría aceptado que su estrategia de rechazar todos los aumentos de las colapsadas distribuidoras del interior fracasó. Es que hasta ahora, cuando una eléctrica del interior aumentaba la tarifa –como la cordobesa Epec-, el gobierno le aplicaba una multa por el total del aumento. Se trataba de un atajo de la Nación para apropiarse del aumento y reducir por esa vía su gasto en subsidios. El problema es que las afectadas acudierona la justicia y directamente dejaron de pagar esa factura a la mayorista Cammesa, que enfrenta un creciente default de sus acreencias.

Ese fue el caso de la cordobesa Epec, que en febrero aplicó una suba del 28% y posteriormente Cammesa le aplicó una multa de 40 millones de pesos, neutralizando el impacto del alza que fue impugnada ante la justicia. De hecho, las distribuidoras de San Luis y Santa Fe también consiguieron pronunciamiento favorables contra las multas que les impuso el gobierno nacional.

Para salir de este pantano, el gobierno optaría ahora por una salida “negociada”. Es decir, acordaría incrementos con la salvedad que la mitad de los mismos se destinarían a reducir los subsidios de Nación y la otra mitad a etneder la crítica situación de las distribuidoras que están virtualmente en quiebra. Por caso, Edenor pierde unos 40 millones por mes y la platense Edelap tiene un rojo equivalente a toda su facturación anual, de unos 100 millones de pesos.

Precisamente, el rumor es que este nuevo esquema comenzaría por la provincia de Buenos Aires. En el sector habla de un aumento del 30% para Edelap y las otras distribuidoras de la provincia, incluídas las cooperativas que son las que más están presionando por estas horas. Incluso, Daniel Scioli habría avalado el incremento. Es que el gobernador tiene como antedecente el caso de Aguas bonaerenses (Absa) que meses atrás incrementó la tarifa un 180% y no hubo mayores reclamos.

La oposición al incremento de Absa vino de diputados opositores que interpusieron amparos, pero no de los consumidores que en su mayoría entendieron que era ridícula la tarifa que pagaban. De hecho, Absa habilitó un call center para que presentaran su caso los que no podían afrontar el incremento y sobre una base de más de 900 mil clientes, sólo se presentaron menos de 5 mil.

De manera que si avanza el nuevo esquema podría empezar a vislumbrarse una salida a la crítica situación de las dos distribuidoras más grandes: Edenor y Edesur.

Una salida al colapso

El colapso financiero de las empresas de distribución eléctrica comenzó a sentirse fuerte en marzo pasado, cuando iniciaron la suspensión del pago a Cammesa, la administradora de capitales mixtos. Ayer Clarín publicó que la operadora está registrando un nivel récord de un 25% de incobrabilidad parcial y total por parte de las empresas provinciales. Sobre una facturación de $800 millones, ahora arrastra un nivel de morosidad corriente de $205 millones.

Esta situación inaudita se venía especulando desde el verano, ante la negativa del gobierno de convalidar aumentos en las tarifas. La reserva de fondos proveniente de los resultados extraordinarios que gozaron en los 90’ se fueron agotando y actualmente la mayoría muestra déficits millonarios porque los costos aumentan al ritmo de la inflación, mientras que los ingresos permanecen fijos. De hecho, la situación es tna crítica que todavía no se pudo cerrar la paritaria con Luz y Fuerza porque las compañías no estan en condiciones de dar ningún tipo de aumento.

De manera muy provisoria se resolvió dar una suma fija de 2.000 pesos hasta que se resuelva la paritaria, y esa suma se está pagando con deudas que la Nación tiene con las grandes distribuidoras, por ejemplo por el suministro de luz a villas de emergencia cuyo costo asumió el gobierno. Pero esos fondos extras se agotarían este mes. Por eso ahora surge esta idea de los aumentos consensuados en un “fifty fifty” energético.