Las dificultades para conseguir fondos, el modo de relacionarse con potenciales socios y el modelo de gestión que se pretende para la compañía provocaron en los últimos días los primeros desencuentros en la nueva YPF. Miguel Galuccio , CEO de la petrolera, mostró en conversaciones reservadas malestar hacia Julio De Vido, ministro de Planificación y funcionario a quien la presidenta Cristina Kirchner le encargó el trato con inversores. Las divergencias, que no se solucionaron y son crecientes, llevaron ya al ejecutivo a amagar en dos oportunidades con la renuncia, según publicó el diario La Nación.

Voceros de YPF niegan todo. Pero varios interlocutores de contacto frecuente con la Casa Rosada y con el ex líder de Schlumberger acreditan que la situación se precipitó con la unción de De Vido como convocante de inversores, un estatus que Galuccio, hombre habituado a tratar con corporaciones de todo el mundo, no parece dispuesto a aceptar.

Las diferencias no indican que el ingeniero esté todavía dispuesto a dejar el cargo. Galuccio vive en el hotel Sofitel, pero se mudará en diez días para instalarse en su nueva casa. Y aunque dejó a un hijo adolescente en Londres, anotó a una más pequeña en un colegio argentino. "Está muy entusiasmado, trabajando en el plan de los 100 días", dijeron a LA NACION en la compañía.

En todo caso, habrá que tomar estos desacuerdos como anticipo de la convivencia que le aguarda ante quienes prefieren manejarse con cánones políticos. No es casual, por ejemplo, que desde las áreas técnicas se esté admitiendo que la aplicación de aumentos de los combustibles en los surtidores, la semana pasada, haya tenido en rigor un retraso de casi dos meses desde que se pensó.

Es ese núcleo, acaso el único que tiene la confianza de Galuccio, el más expuesto a la presión: los mismos que dan por sentado que los US$ 3500 millones de inversión anunciados para este año llegarán a lo sumo a unos 2000 millones. O los que muestran fatiga ante la duplicación de tareas: destinan, dicen, fines de semana enteros a elaborar informes sobre temas idénticos para funcionarios diferentes.

Tal vez una buena alegoría de la coexistencia de ambos modelos, el de la energía y el de la política, haya sido la convocatoria que el Gobierno le hizo hace dos semanas a la estatal china Cnooc, que coincidió con la visita del primer ministro chino, Wen Jiabao.

Bulgheroni, protagonista

El gestor y artífice de esos encuentros fue Carlos Bulgheroni, dueño de Bridas y socio de Cnooc en Pan American Energy. Con YPF como tema de conversación dominante, el Gobierno les ofreció allí a los chinos una asociación que fijó en estos términos: YPF necesita entre 20.000 millones y 30.000 millones de dólares de inversión en los próximos cinco años.

Cnooc dijo estar interesada. Pero exigió a cambio cuatro condiciones. Primero, un sinceramiento de los precios locales hasta alinearlos con los internacionales. "El petróleo es una commodity", fue la obviedad esgrimida que, de todos modos, encontró rechazo en la Casa Rosada.

La segunda exigencia, igual de ambiciosa, fue una garantía en activos argentinos. Los chinos propusieron destinar a tales efectos la producción que se extrajera del yacimiento de Vaca Muerta, el área de hidrocarburos no convencionales en que la Casa Rosada tiene puestas todas las esperanzas para revertir la crisis energética. Vaca Muerta fue, según Repsol, el verdadero motivo de la expropiación. Lo dijo Antonio Brufau, presidente del grupo español, en la primera conferencia que dio después de la medida: "Seguramente, como expuso ayer la Presidenta, y no sé si voluntariamente, [Vaca Muerta] está en el centro del interés del gobierno argentino por el control de YPF".

Los chinos pidieron además dos condiciones que resultan casi un cuestionamiento directo a los pasos dados últimamente por el Gobierno. Una fue plena libertad para exportar los volúmenes de petróleo y gas obtenidos en el país. La otra, un acuerdo para remitir utilidades, el meollo de la ruptura entre la Presidenta y los Eskenazi el año pasado. Este último ítem fue de todos modos el único que Cristina Kirchner definió como negociable: transmitió que perfectamente se podría llegar a un entendimiento por los beneficios, pero sólo si se definía un determinado monto.

Como podrá suponerse, las conversaciones dejaron una sensación amarga. Y le significaron a De Vido reprobaciones de la Presidenta, que cuestionó que no se hubieran tanteado antes las posturas. Acababa de encontrarse con una firma estatal de criterios distintos a los que suponía. Muy distante del concepto que, el 5 del mes pasado, cuando anunció el plan estratégico de YPF, ella había definido para el management de Galuccio: que se piense en un directorio profesional, dijo aquel día la Presidenta, "no significa que haya un desacople entre los intereses del país y los intereses de la empresa".

Pero esa simbiosis no es frecuente aquí. Lo saben los proveedores que, ilusionados desde el momento de la estatización con volverse contratistas, recibieron en estos días la orden de "ayudar al refinanciamiento" de YPF. Deberán tener paciencia porque hay otras prioridades. Una de ellas: evitar embargos. Días atrás, en una reunión de la que participaron también autoridades del Banco Central, se resolvió pagarle a Repsol una deuda de 140 millones de dólares. La carga cayó sobre el Banco Nación, que tuvo que hacer el aporte y, como consecuencia, pesificar alguna prefinanciación a exportadores.

Estos serán algunos de los desafíos de Galuccio. Sin olvidar el más importante de todos: aumentar la producción y recuperar el abastecimiento perdido que tanto ofusca a Axel Kicillof, viceministro de Economía y director titular en representación del Estado en la petrolera, recluido en los últimos tiempos al rol de auditor de todos los movimientos de YPF.

Es la misma perturbación que llevó a técnicos de la empresa a proponer una relajación de las normas legales para la nafta. Lo plantearon en tres reuniones convocadas por la Secretaría de Energía en los últimos 40 días, delante de petroleros, miembros de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y los anfitriones: el secretario Daniel Cameron y sus colaboradores Alberto Fiandesio y Hugo Caldini.

La idea de YPF es bajar de 84 a 82 el número de octanos por motor (MON, en inglés) a cambio de subir 5% el volumen de combustible volcado al mercado. Ya lo habían aplicado los Eskenazi con otra medida similar para la nafta, el ROM (research octane number), que redujeron de 95 a 93 octanos.

En Adefa no parecen ahora convencidos. Aceptan el MON a 83, pero no a 82 porque, dicen, no sería indiferente a los vehículos. Ya adelantaron que si queda en 82 pedirán hacer pruebas con motores. Que YPF insista o se corrija es a esta altura políticamente irrelevante. El planteo exhibe en sí mismo las urgencias que cabalga.