En seis meses, los subsidios a los colectivos crecieron un 40%
 El Gobierno destinó 42,1 millones de pesos por día para subsidiar al sistema de transporte de colectivos urbano. La cifra representa un 40% más respecto de los 30,2 millones de pesos que se pagaron en 2011. Ahora congelarán los subsidios.
 Gastar mucho no quiere decir gastar bien. Cada 24 horas, el Gobierno destina 42,1 millones de pesos para subsidiar al sistema de transporte de colectivos urbano. La cifra representa 40% más respecto de los 30,2 millones de pesos que se pagaban el año pasado. Si se compara el primer semestre de 2011 con el de este año, la cuenta pasó de 5437 millones de pesos a 7590 millones: alrededor de 1250 millones por mes. Podría proyectarse que para fin de año el Estado debería desembolsar alrededor de 15.200 millones de pesos, contra los 12.015 del ejercicio anterior, según publicó el diario La Nación.

Los interrogantes sobre el futuro del sistema se encendieron la semana pasada, cuando el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció un aumento del boleto para los que no tengan la tarjeta SUBE e informó que, de ahora en adelante, el gobierno nacional no volverá a incrementar el monto que dedica hoy a los subsidios al transporte urbano. "Si los subsidios subieron 40% desde el año pasado a éste para hacer frente a los mayores costos, y el Gobierno los está congelando, ¿quién pagará la diferencia?", pregunta un importante transportista.

La suba de la tarifa y la cifra récord de subsidios se dan en medio de la polémica a raíz de una investigación de LA NACION en la que reveló la existencia de empresas fantasma que habían sido contratadas por varios millones para controlar el SUBE.

El esquema no deja de sorprender por una razón: el dinero se paga en efectivo y directamente va a manos de los dueños de las empresas de pasajeros urbanos. Esta característica lo torna único ya que en otros sectores, como el energético, el subsidio tiene que ver con compras que hace el Estado a un determinado precio y que luego revende a las empresas a valores menores o con compensaciones pero no con la entrega de dinero físico. En el transporte de colectivos, los millones se cobran por caja.

La cifra, compilada por una base de datos confeccionada por LA NACION que se nutre de las planillas que publica la Secretaría de Transporte , corresponde al primer semestre del año, último período que se ha dado a conocer.

El monto adquiere magnitud si se hace retrospectiva presupuestaria. En 2007, año en que asumió la presidenta Cristina Kirchner, el Estado aportó 2513 millones de pesos en efectivo para sostener el transporte urbano de pasajeros. Un año antes, en 2006, el dinero público que se envió al mismo destino fue de 1293 millones de pesos y cinco antes, en 2001, la cuenta era cero. Jamás, hasta ese momento, este sistema de transporte necesitó dinero del fisco. Con el boleto alcanzaba para que los empresarios ganen plata, renueven sus unidades y paguen los sueldos de los empleados. Pero el tiempo pasó, la tarifa se congeló, los costos subieron y los transportistas, además, se acostumbraron a tener dinero fácil en sus cuentas.

El año pasado, los subsidios representaron 12.015 millones de pesos, el doble que el año anterior y un 378% más que el año en el que Cristina Kirchner asumió. Es verdad que desde el año pasado, el gasoil a precio diferencial , que antes lo compensaba el Estado con las petroleras mediante una suerte de cuenta corriente que tenían con el fisco por el pago de las retenciones a los combustibles, se empezó a pagar al contado. El Gobierno decidió que el gasoil sea cancelado a las petroleras a precio de mercado y para eso entrega el dinero para pagar sus cuentas de combustibles.

¿Qué significan semejantes cifras? El programa social Asignación Universal por Hijo tiene una partida de alrededor de 9000 millones de pesos por año. Es decir, se la podría aumentar en un 170% si el dinero cambiase de destino.

Los ferrocarriles argentinos insumen alrededor de 6500 millones de pesos de asistencia anual, menos de la mitad que los colectivos.

Los dueños de las empresas presentan todos los meses una declaración jurada en la que completan varios datos -pasajeros transportados, kilómetros recorridos o coches en servicio, por caso-, y sobre la base de ellos se liquida el subsidio. Las sospechas de que la falsedad de datos es moneda corriente inunda cada una de las tertulias de los transportistas.

Por otra parte, el SUBE podría haber sido una herramienta para transparentar el sistema. Pero se optó por una solución distinta: en vez de mostrar los números se multará a quien no posea la tarjeta con un incremento en la tarifa.

A diferencia de lo que sucede en las grandes capitales del planeta, la tarjeta metropolitana debe estar a nombre de una persona que, para obtenerla, debió de entregar todos sus datos como domicilio o número de documento. La idea originaria de la Casa Rosada no era reducir el subsidio sino dejar de entregárselo a los transportistas y ponerlo en el bolsillo de los pasajeros.

Pero para eso habría que transparentar el sistema y conocer si efectivamente los datos declarados son efectivamente reales. Por ahora, nada de eso sucede en la actualidad. Seguramente pasarán varios días. Y por cada uno de ellos, el Estado pagará 42 millones de pesos a los colectiveros en términos de subsidio.
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