La insuficiencia de fondos para enfrentar el pago a proveedores, que obligó a Metrogas a prorratear aún más el pago a productores de gas –esta semana lo admitió en un comunicado a la CNV-, está lejos de ser una excepción. Todo lo contrario: pone de manifiesto el escenario de asfixia financiera que atraviesan la gran mayoría de las nueve distribuidoras que se reparten el abastecimiento del fluido en el territorio argentino.

Los apremios económicos de las empresas también son repetidos: con más de una década de retraso en la actualización de tarifas, incrementos salariales en torno del 20% anual y una inflación que erosiona cualquier esfuerzo por ahorrar costos, las distribuidoras gasíferas -al igual que las eléctricas- sufren por el ahogamiento de sus finanzas.

La situación de Metrogas es sintomática: es la mayor compañía del sector, fue intervenida por el Gobierno tras caer en default (no pudo hacer frente a un vencimiento de deuda en 2011), presta servicio a más de 2,2 millones de clientes en la ciudad de Buenos Aires y 11 municipios del conurbano bonaerense y el jueves anunció que pagará apenas el 50% de las facturas de sus proveedores y dejará la diferencia para los próximos tres meses, aunque no especificó de qué manera hará frente a los pagos, debido a su complicada situación de caja.

Entre las afectadas por el incumplimiento la distribuidora -que es propiedad del accionista mayoritario British Gas e YPF- están las transportadoras TGN y TGS, que llevan el gas desde los yacimientos hasta las redes de la empresa, y algunos productores del fluido. En el mercado señalaron a YPF como la principal proveedora de gas y también a Total Austral, Wintershall Energía, Pan American Energy (PAE) y Tecpetrol, entre otros.

En el caso de TGN, que transporta gas en las zonas norte y centro del país, Metrogas abona una factura promedio en torno de los $ 2 millones, de manera que tiene previsto comenzar a pagar sólo $ 1 millón. Para TGS, cuyos ductos recorren el sur y el centro de la Argentina, la situación es más compleja. La distribuidora metropolitana le compra servicios por unos $ 18 millones mensuales.

"Nos dijeron que las facturas que nos estaban pagando a 30 días, las van a empezar a cancelar a 60, y las que se abonaban a 60 días se extenderían hasta los 90", comentó el gerente comercial de una productora de gas.

"Estamos evaluando empezar a cobrar intereses sobre los pagos atrasados, pero el gas lo seguiremos enviando porque se trata de un servicio público que no puede ser interrumpido", agregó la fuente.

En oficinas de las distribuidoras señalaron que, además del encarecimiento de la mano de obra y de los insumos que se lleva la operación y el mantenimiento de las redes, también complica el aumento de los cargos de fiscalización que percibe el Enargas -solventan la estructura operativa del ente reguladora del gas-, que se elevaron un 700% desde 2003, según estimaciones del mercado, a pesar de que en esa lapso casi no se produjeron actualizaciones tarifarias.
Paradoja kirchnerista

Todos los inviernos, desde el inicio del ciclo kirchnerista, las distribuidoras -y también las productoras- de gas quedaron atrapadas en una situación paradójica: justo en el período que más volumen venden del hidrocarburo, menos ingresos reciben. Sucede que durante los meses de frío, las empresas deben cubrir la demanda prioritaria de gas -la de los usuarios residenciales- que se acrecienta entre mayo y septiembre por las bajas temperaturas. El cuadro tarifario, prácticamente congelado desde 2002, establece que el fluido que pagan los domiciliarios ronda los 0,70 dólares por millón de BTU, el escalón más bajo del esquema de precios de gas natural. De ahí que sea en invierno cuando las empresas menos dinero perciben por la venta del hidrocarburo.

La caída de la facturación provocó serios inconvenientes financieros para los jugadores del negocio de distribución. Gas Natural BAN -la segunda compañía del sector, encargada del suministro en el Gran Buenos Aires- dilató los pagos a los productores de gas entre junio y agosto por la falta de caja. Hasta la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, la empresa de capitales españoles y argentinos -en 2008, el grupo Chemo de la familia Sigman compró un 20% del paquete accionario- se financiaba con préstamos a corto plazo de los bancos locales. Pero a partir de la renacionalización, a las distribuidora se le cerraron las puertas para solventar su déficit operativo con financiamiento bancario, confirmaron a este medio desde dos empresas gasíferas.

Frente a esa situación, Gas Natural BAN convino con los productores a los que les compra el fluido -entre los que figuran YPF, Total y Pan American Energy (PAE), los grandes players de la industria- que no pagaría la factura de gas entre junio y agosto. "Accedió a pagarnos una tasa de interés de entre un 8 y un 12% que era lo que abonaba a los bancos", explicaron desde una empresa proveedora. "Pero ya a finales de agosto se puso al día", agregaron a El Inversor Online.

La situación del resto de las distribuidoras -Gas BAN fue la única que logró recomponer el valor de las tarifas residenciales, con una suba del 14% en 2007- es similar: "El costo de insumos estratégicos, derivados del acero, se ha triplicado en la última década, y el peso de la mano de obra también ha aumentado en más del 200%", lamentó un encumbrado directivo del sector.

Con demoras

La fragilidad de las cuentas de las compañías -entre las que también se destacan Camuzzi, Ecogas, Gasnor y Distribuidora de Gas del Centro, entre otras- provocó que la factura con los productores se cancele con una demora de hasta 60 y 90 días. Incluso, la mayoría de las distribuidoras pagan un 50% de la factura a 30 días y el resto lo liquidan uno o dos meses más tarde.

La firma Gas NEA -que provee el fluido en Entre Ríos, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes -es la que atraviesa una situación más al límite: entró en julio en concurso preventivo y desde octubre del año pasado no paga las facturas que le envían los productores. "En septiembre empezó a pagar algunas boletas tras iniciar el concurso, pero su panorama es complicadísimo", advirtieron en el sector.

Camuzzi Gas Pampeana -que opera en La Pampa y en interior de Buenos Aires- es otra de las distribuidoras con serios inconvenientes financieros: perdió $ 30,5 millones en el primer semestre y afronta con delay los pagos a proveedores como TGS, TGN e YPF.