19 de abril, 2024
Un funcionario de Gils Carbó sacó a Lázaro Báez de una lista de sospechosos
El titular de la fiscalÃa antilavado pidió a la bolsa de comercio información sobre los sospechados en el caso de lavado de dinero, pero omitió incluir al empresario santacruceño pese a que la caratula de la causa lleva su nombre.
Tres días después de que se revelara el caso de lavado de dinero que complica a Lázaro Báez, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) envió un oficio a la bolsa de comercio para que informen sobre los movimientos y actividades de financistas vinculados a Federico Elaskar, ex dueño de SGI. Sin embargo, según informó el diario Clarín, en esa nómina no aparece Lázaro Báez ni su hijo Martín.
En ese oficio del 17 de abril, el fiscal de Procelac, Carlo Gonella y el fiscal Ad Hoc, Pedro Biscay, solicitan al mercado de valores de Buenos Aires que “remita a esta dependencia los antecedentes relacionados con las personas físicas y jurídicas (incluyendo accionistas y directivos), que se detallan a continuación: SGI Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Vanquish Capital Group S.A., SGI Inversiones y Participaciones S.A., Juan Ignacio Pisano Costa, Federico Elaskar, Juan Carlos Guichet, Cesar Gustavo Fernández y Alejandro Ons Costa”.
Pese a que la causa por presunto lavado de activos ante el juez federal Santiago Casanello, quedó caratulada como “Báez Lázaro y otro s/ encubrimiento (art. 277) y asociación ilícita”, el empresario kirchnerista no aparece entre los sospechosos mencionados por el fiscal Ramiro González.
El domingo, en el programa de Jorge Lanata, se denunció González habría recibido presiones de por parte del equipo de la procuradora Alejandra Gils Carbó para que el empresario K no apareciera. González negó haber recibido presiones. Sin embargo, Báez tampoco aparece en su requerimiento de instrucción.
Paralelamente, la denuncia presentada contra Lázaro Báez en Río Gallegos por la titular del ARI-CC Mariana Zuvic, será desdoblada. El pedido de investigación era por presunto lavado de dinero, presunta asociación ilícita y un posible incumplimiento de deber de funcionario público tanto de autoridades nacionales como provinciales vinculadas a la fiscalización y otorgamiento de la obra pública.
Según Clarín, la denuncia fue presentada ante la jueza federal subrogante, Ana Álvarez, quien de forma inmediata cursó la denuncia a la fiscal Patricia Closter. Esta primero se declaró incompetente. La medida fue rechaza por la Álvarez quien el viernes volvió a solicitar a la fiscal que impulse la investigación. Finalmente, prevaleció la incompetencia en cuanto al lavado de dinero por encontrarse una causa en la Capital Federal. Sin embargo, sí se avanzará en Santa Cruz sobre los contratos de Austral Construcciones.
En ese oficio del 17 de abril, el fiscal de Procelac, Carlo Gonella y el fiscal Ad Hoc, Pedro Biscay, solicitan al mercado de valores de Buenos Aires que “remita a esta dependencia los antecedentes relacionados con las personas físicas y jurídicas (incluyendo accionistas y directivos), que se detallan a continuación: SGI Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Vanquish Capital Group S.A., SGI Inversiones y Participaciones S.A., Juan Ignacio Pisano Costa, Federico Elaskar, Juan Carlos Guichet, Cesar Gustavo Fernández y Alejandro Ons Costa”.
Pese a que la causa por presunto lavado de activos ante el juez federal Santiago Casanello, quedó caratulada como “Báez Lázaro y otro s/ encubrimiento (art. 277) y asociación ilícita”, el empresario kirchnerista no aparece entre los sospechosos mencionados por el fiscal Ramiro González.
El domingo, en el programa de Jorge Lanata, se denunció González habría recibido presiones de por parte del equipo de la procuradora Alejandra Gils Carbó para que el empresario K no apareciera. González negó haber recibido presiones. Sin embargo, Báez tampoco aparece en su requerimiento de instrucción.
Paralelamente, la denuncia presentada contra Lázaro Báez en Río Gallegos por la titular del ARI-CC Mariana Zuvic, será desdoblada. El pedido de investigación era por presunto lavado de dinero, presunta asociación ilícita y un posible incumplimiento de deber de funcionario público tanto de autoridades nacionales como provinciales vinculadas a la fiscalización y otorgamiento de la obra pública.
Según Clarín, la denuncia fue presentada ante la jueza federal subrogante, Ana Álvarez, quien de forma inmediata cursó la denuncia a la fiscal Patricia Closter. Esta primero se declaró incompetente. La medida fue rechaza por la Álvarez quien el viernes volvió a solicitar a la fiscal que impulse la investigación. Finalmente, prevaleció la incompetencia en cuanto al lavado de dinero por encontrarse una causa en la Capital Federal. Sin embargo, sí se avanzará en Santa Cruz sobre los contratos de Austral Construcciones.
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