Allanado el camino político para la puesta en marcha del acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de un área de Vaca Muerta, ahora la principal preocupación para Miguel Galuccio son los problemas judiciales -a nivel nacional e internacional- que comienzan a aparecer.
La semana pasada, la justicia de Nueva York desestimó una demanda del Grupo Bridas para evitar que Repsol pueda accionar judicialmente en España, donde se da por descontado que la petrolera tendrá resultados favorables en su batalla contra YPF, Chevron y el holding de los hermanos Bulgheroni. En Madrid, las señales ya habían sido negativas en una demanda contra la firma que dirige Galuccio.
En Argentina, el panorama no es más alentador. Ayer, los abogados de YPF le informaron a la Justicia que no entregarán el acuerdo. La jueza federal en lo Contencioso Administrativo Liliana Heiland había dado un plazo de diez días para que lo hiciera, pero la empresa alegó que el convenio incluye “secretos industriales y comerciales” y que su revelación beneficiaría a terceros.
Pero además de esta causa, hay otros pedidos para revelar el acuerdo. La jueza neuquina María Eugenia Grimau avaló la solicitud de cuatro legisladores opositores, pero no estableció un plazo límite para que se entregue. Además, la candidata a senadora Fernanda Reyes presentó un amparo en el mismo sentido. Lo mismo habían hecho el legislador porteño Alejandro Bodart y el abogado ambientalista Enrique Viale ante la jueza María Servini de Cubría.
Estas presiones ponen entre la espada y la pared a Galuccio. El CEO de YPF podría tener graves problemas judiciales si sigue desobedeciendo órdenes de los tribunales argentinos, pero si cumple también podría tener problemas.
Según comentaron a LPO fuentes ligadas a la petrolera, uno de los puntos acordados con Chevron es la confidencialidad absoluta del acuerdo. Esto se habría sellado con un clausula que habilita a la ex Standard Oil a demandar a Galuccio en tribunales estadounidenses si es que revela el acuerdo.
La maniobra para sacar a Sarmiento
La jueza Heiland que pidió el acuerdo a YPF en realidad está a cargo de esa causa en reemplazo de María José Sarmiento, quien había decidido pedir la información pero luego pidió licencia. No obstante, el gobierno emprendió una maniobra para sacarse de encima a la magistrada que saltó a la fama durante las agitadas horas de la salida de Martín Redrado del Banco Central.
En esa oportunidad, Sarmiento dictó una cautelar que frenaba la decisión de Cristina Kirchner de echar al economista y el oficialismo la cruzó duramente. El escándalo fue mayor cuando el Gobierno le mandó un patrullero a la puerta de su casa. Además, se reflotaron denuncias contra su padre por supuestos vínculos con la dictadura.
Para evitar otro dolor de cabeza, ahora el Estado recusó a Sarmiento y la causa pasó a manos de la jueza subrogante María Alejandra Biotti, secretaria de la Cámara de Apelaciones del fuero federal.
Como todos los jueces subrogantes, Biotti depende del Poder Ejecutivo para lograr ser nombrada jueza titular. Esto le valió la crítica por ejemplo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal luego de que rechazara “in limine” un recurso de amparo contra la fallida reforma judicial. Meses atrás, Biotti también evitó resolver sobre un pedido de inconstitucionalidad del tratado con Irán.
