El contrato millonario que YPF firmó con la estadounidense Chevrón debería pasar por el control de la bicameral de Reforma del Estado y seguimiento de las privatizadas, que desde 1989 tiene la misión de seguir el curso de las empresas del estado que se venden o asocian con privados.

La comisión estuvo años inactiva hasta que en 2009 la oposición aprovechó su mayoría circunstancial y la hizo andar para, por ejemplo, sentar en varias oportunidades a Mariano Recalde y obligarlo a explicar las causas del déficit de Aerolíneas Argentinas.

Pero cuando en 2011 recuperó la mayoría el kirchnerismo la paralizó. “Yo pasé los nombres de los diputados de mi bloque pero nunca supe que funcionara. En realidad no funciona ninguna de las comisiones de control. Estamos en Argentina”, se indignó ante LPO Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque radical.

Enrique Thomas, jefe del bloque peronista, también desconoció a LPO algún llamado de esta comisión y ni siquiera tienen identificados a los legisladores kirchneristas que la integran. Lo mismo Gerardo Milman, del Gen y parte del interbloque del FAP.

En la página de Internet de Diputados esta bicameral está incluida pero no se publican sus integrantes. En la del Senado, se ignora por completo.

“Es una locura que YPF funcione con recursos del Estado, firme un contrato por 35 años del yacimiento más prolífero del país y no lo informe. Para eso está la comisión”, explicó a LPO Rubén Lanceta, ex diputado radical y presidente de esta bicameral hasta 2011. “Cuando asumí, tampoco funcionaba y costó reactivarla”, confiesa.

Galuccio repitió hoy que son confidenciales “algunos aspectos” del contrato “en cumplimiento de las normas que se aplican a una sociedad que cotiza en bolsa”. Se refiere a que, por tratarse de una sociedad anónima debe cumplir las normas del mercado de capitales.

Fue el mismo argumento que los abogados de YPF utilizaron para ignorar el pedido de la jueza federal en lo Contencioso Administrativo Liliana Heiland, quien había exigido el contrato.

Según comentaron a LPO fuentes ligadas a la petrolera, uno de los puntos acordados con Chevron es la confidencialidad absoluta del acuerdo. Esto se habría sellado con una cláusula que habilita a la ex Standard Oil a demandar a Galuccio en tribunales estadounidenses si es que revela el acuerdo.

La obligación que ignora Galuccio 

La ley de reforma del Estado 23.696, firmada por Carlos Menem que abrió la alternativa para que el Gobierno privatice empresas públicas y constituya sociedades con privados.

Signo de época: la norma enumera organismo “sujetos a privatización”, entre ellos YPF, que nunca salió de esa categoría sólo que ahora tiene mayoría estatal.

Es el artículo 14 de esa ley el que crea la Comisión Bicameral con 6 senadores y 6 diputados, encargados de controlar el cumplimiento de la ley. En el tercer párrafo aparece la responsabilidad de las antiguas empresas estatales:

“La Comisión deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele con la información la documentación correspondiente”, dice el texto.

Aunque el presente de la comisión es incierto, Galuccio, al menos hasta lo que se conoce no se molestó en acercar un dato sobre el contrato con Chevrón.

En este caso la confidencialidad que tanto le exige el mercado no es excusa: una de las bicamerales que funciona está encargada de controlar a la secretaría de Inteligencia. Se reúne con cierta frecuencia pero, por obvias razones, los encuentros nunca son públicos.

Tal vez Galuccio pido algo parecido si el Congreso cambia la relación de fuerzas y algún día la oposición le exige rendir explicaciones por el contrato con Chevrón.