La noticia de la intervención y proyecto de ley de expropiación de las empresas del Grupo Vicentín no cae en un momento apropiado: en plena negociación de la deuda, cuando un país debe ofrecer las mayores seguridades jurídicas a los acreedores.

Por otra parte, la intervención del Estado pisa la división de poderes de una República, al pasar por sobre la autoridad del juez que está llevando a cabo el concurso de acreedores de la firma.

En términos de mercado, la noticia es también poco alentadora: después de una semana de buenas noticias para los bonos y acciones de empresas argentinas en el exterior, seguramente en las próximas horas esa tendencia alcista se revierta. No en porcentuales alarmantes, aún, pero una leve baja ya puede marcar la desconfianza en inversores y futuros inversores de bolsa.

Al contexto actual, con una economía devastada y pocas esperanzas de recuperación en el corto plazo, además de una negociación de deuda en las etapas finales, la decisión del presidente Alberto Fernández contradice también su propia palabra de "no injerencia" del Estado en cuestiones privadas. Así lo había afirmado hace apenas unos días, en Formosa, cuando desautorizó el tratamiento de una ley que permitiera al mismo Estado participar de las ganancias futuras de empresas a las que hubiese auxiliado en el marco de la pandemia, proyecto del riñón de La Cámpora que la economista y diputada Fernanda Vallejos enarboló como bandera de gestión nacional y popular.

Esta contradicción del Presidente podría marcar la "kirchnerización" de su gestión, una vuelta a una gestión que tiene en su haber, sin ir más lejos, la expropiación de YPF, "gesta" que costó a las arcas del Estado cinco mil millones de dólares y juicios que aún no concluyen.

La intervención y posterior expropiación del Grupo Vicentín le dará al Estado el control del 51% de la empresa, y nada hace pensar que el 49% de los accionistas restantes desista de entablar nuevas querellas, con lo que se repetiría el caso de la petrolera.

Precisamente YPF, a través de YPF Agro, será la empresa encargada de manejar los destinos del Grupo Vicentín, uno de los grupos generadores de divisas en dólares de la economía argentina y que controlará, a partir de la intervención, una gran porción de la torta agroexportadora.

Esa participación, seguramente, será reguladora del mercado.

Por otra parte, y en términos de inversión, ¿qué empresa podría tener interés en arriesgar capital en un país capaz de, a través de esa contradicción presidencial, cambiar o amoldar las reglas de juego según la conveniencia coyuntural?

El Grupo Vicentín tiene en los bancos Nación, 18 mil millones, y Provincia, 1.600 millones de pesos; sus principales acreedores. Las irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos, si las hubo, deben ser investigadas por la Justicia. Y el Estado debe garantizar que así sea.

Las consecuencias de la intervención del Estado en una empresa privada serán dimensionadas, sin dudas, con el correr de las horas. Esas consecuencias, para los mercados, sin dudas no serán positivas.