La pretensión del intendente de El Colorado, Mario Brignole, de impedir la asunción del concejal electo por el Frente Amplio Formoseño Pablo López Pereyra constituye un verdadero golpe a la democracia. Dejar sin la representación a una parte importante del pueblo de esa ciudad significa violar un principio básico del estado de derecho como es el de elegir y ser elegido.

Aquí no está en discusión cuestiones de carácter personal ni evaluación de normas de conductas, para eso existen los jueces naturales a los que nos sometemos todos los ciudadanos. Lo que peligra es el respeto a la voluntad popular que en elecciones libres dio un mandato al concejal electo para que los represente.

El intendente prefiere, en vez de recurrir a la justicia ordinaria, que sea su propia esposa Clara Doroñuc de Brignole, que actualmente es concejal y presidente del Concejo Deliberante, quien resuelva la impugnación que él mismo presentó para que decida el ingreso de López Pereyra. El resultado no vale la pena analizarlo porque subestimaría la inteligencia de cualquiera que lo realice.

La vicepresidenta electa Cristina Fernández tiene trece procesamientos en la justicia y cuenta con siete pedidos de prisión preventiva, todas ellas relacionada por corrupción en perjuicio del Estado mientras fue presidenta de la Nación y a nadie se le ocurriría impedir que asuma el cargo que la mayoría del pueblo decidió para que ella ejerza. El profesor Pablo López Pereira no cuenta con una sola denuncia judicial, su honestidad y coraje son los valores más reconocido como docente y vecino del pueblo de El Colorado y, sin embargo, se trata de impedir su acceso al Concejo Deliberante.

Cuando se desatan conflictos de esta naturaleza, la primera víctima es la verdad. Los atributos morales del concejal electo no están en discusión, sobran testimonios de vida que demuestras los valores que posee López Pereyra. Lo que el intendente con su actitud pone en juego es la calidad misma de la democracia.

El Concejo Deliberante es el órgano de representación popular por excelencia, no existe en los municipios otro ámbito de expresión democrática que refleje fielmente la composición política de una sociedad, alterar su constitución es un atropello al principio de representación y una clara intención de atribuirse la suma del poder público.

Su costumbre de gobernar a su antojo, con concejales que provengan de su grupo familiar, con proscripciones, disponiendo los recursos del estado como si fueran propios, con empresas familiares ligada a la obra pública sin ningún tipo de controles, con un Concejo Deliberante que solo se limite a legitimar sus decisiones es lo que está en discusión en la localidad de El Colorado. Brignole sabe que López Pereyra es un obstáculo para la continuidad de esta forma de ejercer el poder siendo este es el único motivo que lo lleva a cometer semejante atropello.

Desde su rol de periodista, López Pereyra denunció permanentemente las irregularidades cometidas por el ejecutivo municipal, su valentía lo posiciono como el mayor opositor a la gestión de Brignole y es en función a este reconocimiento que la gente lo empoderó eligiéndolo concejal para que desde el propio Estado controle la gestión de gobierno.

El intendente, en su concepción autoritaria de la política, intenta constituirse en el elector calificado de El Colorado poniéndose por encima de las decisiones de la gente y de las normas vigentes. En su modelo, habría una primera instancia en donde el pueblo elige sus representantes y otra, luego de las elecciones, en la que se reserva para sí el derecho a veto a la voluntad popular. Si prospera su disparatada intención, en el futuro solo podrán ejercer la función de concejal aquellos que cuenten con la aprobación de Brignole sin importar lo que elija la gente.

Desde el radicalismo llevaremos adelante las acciones políticas y judiciales para garantizar que se respete la voluntad del pueblo de El Colorado y exhortamos a las demás fuerzas políticas y sociales incluida al justicialismo a contribuir con este objetivo.