El Gobierno ha anunciado el envío de un proyecto de ley al Congreso para que sea declarada de utilidad pública y posible de ser expropiada la empresa Vicentin.

Para encuadrar el caso corresponde hacer un breve repaso por su historia. Vicentin es la cuarta exportadora general de Argentina y primera exportadora de derivados de granos y aceites. Factura 4.000 millones de dólares por año. Es dueña de la mejor fábrica de aceite del mundo, de un frigorífico, de una algodonera, de parte de las empresas SanCor y San Lorenzo, del Puerto Publico de Rosario, tiene bodegas, envasa los aceites Molino, Marolio, entre otros y hasta tiene una productora cinematográfica. Tiene sociedades en España, Brasil y Paraguay. Para toda esa expansión tomó la deuda que ahora se declara en default: u$s 350 millones, de los cuales $18.000 fueron con el Banco Nación contraída bajo el macrismo.

La deuda, a su vez, solo corresponde a una parte del grupo: la empresa Vicentin SAIC. La otra parte de la empresa sigue existiendo bajo el nombre Vicentin Family Group.

Todo el negocio de Vincentin con la exportación de granos y derivados era fraudulento. Vendía granos bajo el método "precio a fijar". Es decir, como empresa intermediaria se hacía de los granos de los productores, los procesaba, los exportaba y hasta que no los cobraba no los pagaba. Un mecanismo para especular con el dinero. A su vez, compraba porotos de soja en negro o declarados a menor valor. Todo esto, con la complicidad de la Bolsa de Rosario: el dueño principal de Vicentin fue su presidente durante 2015 y 2019, de la cual fue desplazado por aparecer en denuncias de corrupción asociadas a negociados inmobiliarios y obras públicas.

Vicentin controla el norte de la provincia de Santa Fe hace casi un siglo. Está denunciada por organizar escuadrones dela muerte que secuestraron y desaparecieron activistas sindicales en la que fue su primera planta. Tiene vínculos estrechos con el poder político y judicial. Los acreedores de la empresa rechazaron que el concurso de acreedores se tramitara en Reconquista porque el poder con que controlan la ciudad.

El proyecto del Gobierno, presentado públicamente por el propio Presidente, el ministro de Economía y la senadora K Sagasti, aún no se conoce y deberá ser detalladamente leído. Según anunciaron en conferencia de prensa, el Estado se haría cargo de la empresa a través de un Fondo Fiduciario que sería gestionado por YPF-Agro y funcionaria como una empresa mixta que, por lo tanto, operaria bajo las normas y controles de la bolsa de Nueva York. Las declaraciones indican que el Estado asumiría la deuda de la empresa con los bancos, sociedades comerciales y productores privados.

En el Frente de Izquierda consideramos que la medida no puede consistir en un salvataje para los dueños de Vicentin, que deben hacerse cargo de la deuda con la fortuna acumulada durante décadas y no el Estado bajo la superexplotación de sus trabajadores. La empresa debe ser expropiada sin resarcimientos y abrirse sus libros inmediatamente para conocer qué sucedió con sus facturaciones y clarificar las responsabilidades en la operatoria fraudulenta y delictiva de la empresa.

Quienes deben ponerla a producir y gestionarla deben ser sus trabajadores -a quienes se les debe asegurar el puesto de trabajo, derechos laborales y convenio colectivo. El destino de la empresa debe estar en sus manos. Debe ser una nacionalización al servicio del resolver las necesidades sociales y dirigida por los intereses de los trabajadores.