Cuesta por estos días pensar que un tema podría imponerse en la agenda pública por sobre el coronavirus. Pero en Rosario lo hay y está a la par de la violencia y la inseguridad: es la quema de pastizales en las islas, que durante las últimas semanas dejaron a un conglomerado de más de dos millones de personas con un aire irrespirable y dañino.

Por eso, y más allá de la lucha por apagar el fuego, es imperioso hallar una solución de fondo a un conflicto que ya se extendió por más de 15 años. Esa vía puede estar en la postergada Ley de Humedales, una herramienta indispensable que puede otorgar un ordenamiento territorial.

Con él, cada provincia podrá decidir qué porción conservar y cuál destinarla a actividades productivas. Debe ser en una escala compatible con el mantenimiento del ecosistema. Las actividades quedarán así perfectamente normadas y habrá áreas en las que quedará erradicado el uso del fuego.

Este proceso llevará el ordenamiento al más alto nivel de institucionalidad, ya que la zonificación (actividades permitidas o no) deberá ser aprobada por las legislaturas provinciales. Asimismo, el mapa será en acuerdo con la Nación.

Es conocido que el objetivo con la quema es aguardar el rebrote de pastos tiernos aptos para la ganadería, actividad que se ha incrementado en las islas desde fines de los '90.  Ya incendios del 2008 afectaron más de 170 mil hectáreas del territorio del Delta del Paraná, costaron varias vidas humanas y el humo llegó a Buenos Aires. Recién allí hubo un gran debate con repercusión en medios nacionales.

Eso activó varias reuniones entre Nación y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, que dieron origen en septiembre de aquél año a la intención de crear un Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná, que debido a la situación actual se pretende reactivar.

El Delta del Paraná es un mosaico de humedales, ecosistemas que brindan servicios ambientales fundamentales para las más de 15 millones de personas que habitan en la franja costera que conecta Rosario-La Plata como la regulación de inundaciones, depuración de agua, provisión de alimentos, maderas y fibras y reservorio de carbono, entre otros.

Argentina tiene alrededor del 20% de su superficie ocupada por humedales y, lamentablemente, los estamos destruyendo por sus usos y prácticas no compatibles con estos ecosistemas. De ahí la necesidad de sancionar una ley de presupuestos mínimos que los proteja. Hubo varios proyectos presentados en el Congreso de la Nación, que no han prosperado.

Un debate pronto y serio hará reconocer la importancia de estos ecosistemas, como así también colaborará para promover su conservación y uso racional para garantizar que sigan brindando la inmensa cantidad de beneficios que nos proveen. Para ello es necesario limitar los desarrollos urbanos, agropecuarios, industriales y vuelcos de desechos en humedales y áreas adyacentes que afecten sus características ecológicas.

Hasta ahora, la anunciada prohibición de quemas por 180 días, el envío de 65 brigadistas, las incipientes causas penales o hasta el cobro del costo de los operativos que propuso el adormecido ministro de Ambiente Juan Cabandié no alcanzan o serán medidas transitorias hasta la próxima quema.

Para tener mayor autonomía y visión hacia el futuro, en el Concejo Municipal de Rosario impulsamos el desarrollo de un Distrito Ambiental destinado a ejercer soberanía sobre una porción de las islas que es de la ciudad y no de Entre Ríos. Pero, además, para no correr detrás del fuego necesitamos una Ley de Humedales.