El sinsentido de las políticas del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires ha llegado a tal extremo que, en nombre del respeto al derecho a la educación a la que han desfinanciado y abandonado en sus más de 12 años de gobierno, pretende exponer en las calles a miles de personas mientras se atraviesa el peor momento de la pandemia. Para tomar algún dato, desde que gobierna el macrismo hasta la actualidad, el porcentaje del presupuesto educativo se redujo en más de 10 puntos: de llegar a más del 27% en 2007 se desmoronó a un poco más del 16% en 2020.

Ahora, volver a la escuela parece ser una bandera que el Gobierno de Rodríguez Larreta no quiere bajar, casi como un capricho. Basta con observar situaciones que pasaron en otras provincias, donde se planteó que la vuelta a clases sería en fase 5. Lamentablemente, se vio cómo tuvieron que dar marcha atrás ante la explosión de contagios en San Juan o en Santiago del Estero, donde se tomó la decisión con solo 66 casos en la Provincia y con otras experiencias mundiales que esperaron a que los casos de Covid-19 fueran nulos.

Es necesario aclarar que lo que el Gobierno porteño publicita como reapertura de las escuelas en realidad es otra cosa, ya que el plan consiste en disponer de espacios en aulas para que los alumnos y alumnas que quedaron, hace medio año, excluidos del derecho de acceso a la educación, puedan acceder a equipos y conectividad y así retomar su escolaridad.

En ese sentido, el oficialismo argumenta que la mayoría de los alumnos y alumnas que perdieron el contacto con la escuela carecen de un entorno familiar de contención y acompañamiento pedagógico, y que tener una computadora en sus casas no cubre sus necesidades. Entonces, deben correr el riesgo de ir a las escuelas a recibir ese apoyo.

Sin embargo, los protocolos presentados por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña -y rechazados por la cartera educativa nacional- no establecen de ninguna manera las condiciones para que ello pudiera ocurrir: los niños no estarían con sus docentes, ocuparían de manera rotativa espacios que no son sus aulas, y no se define quiénes serían los acompañantes pedagógicos. Demasiadas imprecisiones para tanto riesgo.

 En 12 años de macrismo, el presupuesto educativo pasó de llegar a más del 27% en 2007 a desmoronarse a poco más del 16% en 2020. El  desfinanciamiento de la inclusión digital es claro: el Plan Sarmiento en 2020 tuvo una partida 70% menor que la de 2017

No hay que escarbar hondo para entender que esta realidad es el resultado de una actitud sistemática de desarticulación y desfinanciamiento de las políticas de inclusión digital. Basta con revisar los números destinados al Plan Sarmiento para ver que el presupuesto asignado en 2020, en términos reales, tuvo una caída del 70% en relación con el monto de 2017. El "ajuste" se basó en la suspensión de entregas de equipos y conectividad a los barrios a cambio de establecer "gabinetes" en las escuelas.

La brecha digital no es producto de la "naturaleza" desigual de la sociedad, sino que se origina en el abandono del Estado y el desconocimiento de los derechos de los más excluidos, ya que la mayoría de los pibes y pibas que perdieron el vínculo con la escuela lleva una vida de derechos vulnerados en barrios vulnerables.

La brecha digital no es producto de la "naturaleza" desigual de la sociedad, sino que se origina en el abandono del Estado de los pibes y pibas más vulnerados

Entonces, es imprescindible que se establezcan mecanismos para que pibes y pibas puedan ser incluidos en el sistema de educación virtual con las herramientas que el Gobierno porteño debe brindarles. También es indispensable que se utilicen los recursos necesarios para asegurar equipos y conexión a todos y todas.

Solamente basta con dejar de gastar de manera superflua e irresponsable. La Ciudad cuenta con recursos financieros, humanos y materiales para que no haya que caer en la irresponsabilidad de abrir escuelas y exponer a miles de personas a un riesgo sanitario que podría generar consecuencias irreversibles.