La disposición sepulta la intención de quienes pretenden limitar jurídicamente a las generaciones futuras, impidiéndoles avanzar normativamente para acompañar las transformaciones políticas, sociales y económicas que se suceden en cada tiempo histórico.

Las razones que justifican que se debata sobre la posibilidad y los alcances de una reforma constitucional son varias y consistentes ya que la dinámica natural de la sociedad, que presupone cambios en el modelo de desarrollo nacional y en la idea misma de equidad social, así como también el reconocimiento de nuevos derechos y garantías para afrontar las necesidades de la convivencia social, entre otros, son motivaciones suficientes para encarar el tema.

A diferencia de otros países, la Argentina ha sido reacia a modificar su Constitución. Durante 160 años sólo en dos oportunidades, 1949 y 1994, se aprobaron reformas importantes y con legitimidad democrática. Las dictaduras militares y los gobiernos civiles débiles a lo largo de gran parte del siglo XX explican la excepcionalidad de aquellas innovaciones.

No obstante, la centuria pasada no careció de aportes transformadores, como el del constitucionalista socialista Carlos Sánchez Viamonte y el del dirigente peronista John William Cooke. Cada uno a su manera, ambos propiciaron reformas profundas a la Carta Magna original y los dos denunciaron lo que el primero llamó “sus defectos sociales” y plantearon la necesidad de superar los ultraliberales conceptos de propiedad privada y libertad de contratar en que se fundaron los constituyentes de 1853 que aun subsisten.

Hoy, tras casi tres décadas de ininterrumpida estabilidad democrática, los argentinos estamos preparados para debatir este tema mucho mejor que hace 18 años, cuando produjimos una reforma acotada, al influjo del auge neoliberal que desguasó el Estado, endeudó al país y empobreció al pueblo.

Los buenos y diferentes tiempos actuales son propicios para pensar en nuevas normas de organización estatal y de convivencia social. En las partes y en el todo. Una tarea imprescidible porque las normas que no acompañan los cambios sociales se tornan anacrónicas y porque cada generación tiene derecho a darse sus propias reglas tras el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Deberán participar todos, incluso quienes no quieren cambios y pretenden conservar lo viejo. Ellos tienen derecho a sostener esa posición pero no a impedir el debate, que debe darse con cada uno porque lo que establece una Constitución impacta en la vida de todos.

Afianzada como está la libertad política en toda su amplitud, el variado menú de temas que merecen incorporarse a un nuevo texto constitucional incluye el desafío de avanzar en un debate que ponga al descubierto la exclusión y la pobreza extrema que aún convive con nosotros e imagine formas equitativas de distribución de la riqueza. Debe diseñar un nuevo sistema tributario, justo y progresivo, consagrar que la propiedad es un bien social y, en fin, establecer mecanismos para el acceso real a los derechos económicos, sociales y culturales, nominalmente ya consagrados.

Ocupándose de la arquitectura misma del poder debe poner en discusión el sistema de gobierno, constitucionalizar la integración suramericana y el UNASUR y jerarquizar el derecho comunitario. Debe propiciar la tolerancia y el laicismo, separando definitivamente Iglesia y Estado.

Nada de esto puede condicionarse al tratamiento o no de una eventual modificación de la norma que imposibilita un tercer mandato presidencial consecutivo. La reelegibilidad presidencial no es un dogma del régimen democrático, sino apenas un aspecto, el que se basa en el respeto de la voluntad mayoritaria periódicamente consultada en elecciones libres. Impedir el debate con el pretexto de que éste podría abrir la posibilidad de habilitar un nuevo periodo de la Presidenta sería transgredir el sistema democrático.

*Dirigente del Socialismo para la Victoria