El oficio periodístico —o la profesión, como algunos prefieren— está en crisis en todo el mundo. Los avances tecnológicos y el despliegue de Internet en particular, han impuesto otras dinámicas, urgencias y necesidades a la hora de informar, que ya eran lúcidamente analizadas por Tomás Eloy Martínez hace más de una década. Con todo, no es el mayor desafío para los periodistas. La reconversión de los medios en que trabajan les ha impuesto drásticos cambios en las condiciones laborales, que en la mayor parte de los casos se traducen en sobrecarga horaria, pluriempleo, estrés y precarización para los que permanecen adentro del sistema, junto a tasas crecientes de desempleo y exclusión.

Una de las características más notorias, y menos debatidas, de esa reconversión es que buena parte de los medios —muchos de ellos, multimedios— no son ya empresas periodísticas, sino conglomerados económicos para los que la búsqueda de información es apenas una actividad entre otras, cuyos resultados son deseables sólo si se traducen en mayores ingresos o sirven como moneda de cambio para impulsar, generar o forzar otros negocios que nada tienen que ver con la comunicación.

Podría decirse que el aura de idealismo que rodeaba en un tiempo el ejercicio del periodismo ha sido sustituida por la etapa del implacable pago al contado. Las revelaciones en torno de las escuchas ilegales de un pasquín del grupo Murdoch en Gran Bretaña muestran que no se trata de un fenómeno sólo argentino, aunque adquiera aquí proporciones preocupantes. Tanto que se ha llevado puestos todos los recaudos asociados a la buena práctica profesional, que hasta no hace mucho situaban a los periodistas entre los referentes éticos de la sociedad junto a los docentes. El abrupto descenso de la matrícula en las carreras de periodismo y comunicación es un elocuente indicador de esa devaluación.

Entretanto, los dueños de aquellos medios pretenden que el público siga viéndolos como excelsa encarnación de la pureza, resguardo privilegiado de la libertad de expresión y herramienta adecuada para su ejercicio. Sin embargo, los argentinos han perdido la inocencia, y para bien. Uno de los efectos más valiosos de la batalla cultural que se viene librando en varios frentes, en gran medida gracias a la acción del gobierno, es el reconocimiento de que ninguna agenda informativa es neutra y de que en consecuencia es necesario multiplicar las voces.

En este proceso de mercantilización de la comunicación donde hay hijos y entenados, la contracara de quienes han quedado afuera y viven de un magro salario o de colaboraciones ocasionales mal retribuidas son los periodistas estrella, aquellos personeros del establishment que operan desde los medios concentrados sobre la opinión pública, aunque algunos pretendan hablar desde el llano. La Presidenta, que no cultiva la hipocresía y ha elegido un vínculo directo, no mediado, con la sociedad, aludió en un discurso reciente a un caso prototípico, pero que está lejos de ser el único.

Como era previsible, sus palabras trajeron airadas respuestas de supuestos adalides de la libertad de expresión, los mismos que censuran dentro de sus medios y hace unos meses montaron un verdadero sketch televisivo porque la representante de todos los argentinos no les concede una suerte de derecho de picaporte al que se sienten acreedores.

Si es sabido que de esos mercaderes del dato incierto, del trascendido avieso o de la campaña engañosa nada puede esperarse, los periodistas que aún creen en las buenas prácticas profesionales deberían escuchar la reflexión presidencial para crear las instancias que fueran necesarias -foros, debates, encuentros- para establecer, por sí mismos, normas de conducta que contribuyan a garantizar la credibilidad de la información. Esas pautas profesionales, inmunes al condicionamiento de las otras pautas, las publicitarias, enaltecerán desde la autoregulación, el oficio periodístico y garantizarán que el público esté bien informado.