El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) se presentó ante al juzgado laboral de feria, en la Cámara Nacional del Trabajo, para tramitar un amparo contra el decreto 63/24, que se publicó esta mañana por Boletín Oficial y da por tierra con el espíritu de la ley de medicamentos genéricos que rige desde 2002. Luego de realizar el trámite, el líder del gremio, Marcelo Peretta, le dijo a LPO que la medida "es una decisión netamente comercial en materia de salud, para complacer a los laboratorios".

Firmado por el presidente Javier Milei, el decreto establece que el consumidor puede pedir al farmacéutico sustituir la prescripción de una marca por otra "de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades que el prescripto". Sin embargo, dos párrafos después se aclara que "el sistema de receta electrónica deberá devolver al profesional actuante la información en caso de sustitución en farmacia para preservar un adecuado seguimiento del tratamiento clínico del paciente".

Peretta es el creador de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), una organización que integra a sindicatos y pymes, pero además está vinculado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lo apoyó en esa audaz integración. 

Los farmacéuticos habían impugnado el decreto 70/23 pero habían defendido la parte del articulado que mantenía "la prescripción por nombre genérico". "El Presidente proclama libertad y competencia pero le adjudica un negocio oligopólico y multimillonario (9000 millones de dólares anuales) a un reducido grupo de 300 laboratorios, cuyo número no se modifica desde el año 1990, gracias a las regulaciones ‘a la carta' pedidas por el lobby de las farmacéuticas concedidas por la ‘casta' política", expresó el SAFyB.

Según Peretta, el procedimiento "burocratiza" la decisión del paciente y desalienta la búsqueda de una opción más conveniente. "La prepaga o la obra social pueden iniciar una auditoría para evaluar si la recomendación es correcta o no, y después hay que ver si se hace el reintegro o no", explicó.

Por otra parte, el artículo 3º del decreto autoriza a "los establecimientos que no estén habilitados como farmacias la comercialización de medicamentos de condición de expendio de venta libre", para el caso de antiácidos y analgésicos.

Las estimaciones del gremio indican que, a las 30 mil farmacias registradas, se sumarían para la comercialización de esos dos productos, elaborados por 30 laboratorios, 30 mil estaciones de servicio y 100 mil kioscos registrados. "Multiplica las bocas de expendio por más de 4", calculó Peretta, y agregó que "en Argentina el consumo irracional de analgésicos causa 5400 muertes al año".

Los laboratorios, por su lado, anteponían al Mega DNU de Milei que en Argentina no hay procedimiento de bioequivalencia, para equiparar los efectos de una marca con su genérico. No obstante, la intervención de la ANMAT servía como validación. "Solo el 15 por ciento de los medicamentos requieren bioequivalencia pero esos tratamientos se hacen en hospitales y centros de alta complejidad, con los mayores cuidados. Ese argumento es una falacia porque lo están usando para el 85 por ciento de los medicamentos restantes", aseguró Peretta.