Justicia
Perotti negocia con la Corte y la Legislatura la reforma de la justicia Civil
El gobierno busca implementar los juicios por jurado, digitalizar los tribunales y simplificar el régimen de inscripción de sociedades.

 El Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe tiene más de 60 años y la pandemia puso al descubierto todos sus déficits y la falta de inversión tecnológica que retrasaron enormemente los procesos judiciales a diferencia del sistema penal que se reformó hace pocos años y casi no presentó inconvenientes en materia operativa.

Uno de los objetivos más urgentes, señaló en diálogo con LPO Gabriel Somaglia, secretario de Justicia provincial, es la necesidad de avanzar gradualmente a generar procesos virtuales despapelizando los expedientes comenzando por los expedientes donde el Estado es parte.

Para ello, este martes se firmó un convenio para digitalizar las comunicaciones entre el Nuevo Banco de Santa Fe, el Boletín Oficial y el Poder Judicial para la firma digital y pagos online para que los edictos y notas oficiales se emitan por plataformas informáticas.

 Tenemos la necesidad de avanzar gradualmente a generar procesos virtuales despapelizando los expedientes comenzando por los expedientes donde el Estado es parte

A su vez, otro de los convenios busca que en el curso de este año se pueda realizar el primer juicio virtual y para ello, se concretarán cambios tecnológicos necesarios que garanticen la conectividad en los tribunales provinciales que arrastran décadas de atraso en la materia.

"Esto traerá beneficios en la gestión de los abogados, los tribunales en su conjunto y en definitiva para toda la sociedad que hace más ágil y garantiza el acceso a la justicia", señaló Somaglia, quien lleva adelante las reformas.

Respecto al cambio del Código Procesal Civil y Comercial, se elevó el proyecto de ley a la Legislatura para su debate; "mejorar la justicia es un deber de todo el Estado santafesino en sus tres poderes y hoy destacamos la presencia de diputados y senadores del oficialismo y de la oposición, los ministros de la Corte, de los Colegios de Abogados y las universidades lo cual es muy alentador", consideró Somaglia.

Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de Santa Fe

En definitiva, el funcionario destacó que la necesidad de agilizar los procesos judiciales en el ámbito civil y comercial, instruir la oralidad y mejorar la tecnología son puntos de coincidencia donde después se discutirán matices.

 La necesidad de agilizar los procesos judiciales en el ámbito civil y comercial, instruir la oralidad y mejorar la tecnología son puntos de coincidencia de todos los niveles del Estado donde después se discutirán matices 

Por otro lado, el Programa Santa Fe + Justica, como se lo denominó, propone la simplificación de la inscripción de sociedades comerciales dándole más funciones a Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).

Es que actualmente, las sociedades anónimas deben registrarse en la IGPJ y en el Registro Público de Comercio, dos trámites con sus respectivos costos administrativos. Con la reforma se busca que solamente tengan que registrarse en la Inspección General que además, es el organismo encargado de fiscalizar el funcionamiento de las mismas.

Y para terminar de completar la ambiciosa reforma, se busca modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de Santa Fe con el fin de descongestionar los tribunales de las grandes metrópolis fortaleciendo los juzgados comunitarios que hasta ahora atendían pequeñas causas.

En ese sentido, los jueces comunales prácticamente cumplían funciones administrativas y con la reforma se busca que atiendan y resuelvan un abanico más amplio de conflictos para que no deban trasladarse a los grandes conglomerados con los tribunales atestados de expedientes.

"Con esto vamos a acercar la justicia a las localidades más pequeñas, se va a agilizar la administración de la justicia y no va a ser necesario viajar kilómetros", elogió Somaglia.

En cuanto a las causas donde el Estado es parte, se busca la creación de una jurisdicción especializada con la creación de un tribunal Contencioso Administrativo de Primera Instancia donde se litiguen las demandas estatales.

En definitiva, una reforma estructural que se comenzó a discutir el año pasado, durante el mandato de Rafael Gutiérrez al frente de la Corte Suprema y se terminó de concretar los borradores con la actual presidencia de Roberto Falistocco.


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