Fuentes cercanas a Marcelo Sain ya habían advertido que el intento de juicio político contra el exministro de Seguridad podría alcanzar a Omar Perotti. El temor viene cobrando fuerza en este entorno, donde ahora afirman que uno de los ministros de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez, es quien tracciona la avanzada contra el gobernador.

Lo que trascendió concretamente es que Gutiérrez le pidió al senador Armando Traferri y a los diputados Maximiliano Pullaro y Pablo Farías (referentes de los bloques más hostiles al oficialismo) "ir a fondo" contra Perotti, una solicitud que habría sido realizada poco antes de la frustrada sesión conjunta en la que se aplazó el intento de destitución contra Sain.

Esta versión fue confirmada por fuentes políticas y judiciales de peso, quienes además explicaron que Farías fue el único que no aceptó el convite. También fue avalada por uno de los ministros de la Corte, quien no pudo desmentir el trascendido y reconoció en cambio las "actitudes corporativas" de algunos de sus colegas.

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Se trata de una acusación por demás grave y, de corroborarse, expondría una nueva maniobra de funcionarios que buscan imponerse en un conflicto que mantiene en vilo al círculo rojo de la provincia.

Sain ya dijo varias veces que lo quieren sacar de Santa Fe por esclarecer delitos federales vinculados al narcotráfico, al lavado de dinero y al juego clandestino, causas que tienen apuntados de peso como el propio Traferri y que ya se llevó puesto a fiscales y jefes policiales.

Ahora la lupa se coloca sobre Rafael Gutiérrez, quien según allegados a Sain está "a las sombras" de las organizaciones que permitieron o ejecutaron aquellos delitos. Gutiérrez es cortesano desde hace 20 años y fue ocho veces presidente de la Corte Suprema de Santa Fe.

Lo preocupante de todos estas novedades es el conflicto de poderes que viene generando. La avanzada contra Sain (hoy reducida a un intento por removerlo de su cargo en el MPA) generó toda una discusión sobre la independencia de los poderes del Estado, un debate constitucional que pareciera querer disputarse a cualquier precio y que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia provincial.

Lo que allí se evalúa hoy es un pedido del diputado Fabián Bastía (presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos), quien solicitó revocar la cautelar impuesta por la jueza Paula Calace Vigo donde se ordenó archivar el proceso contra Marcelo Saín a tratarse en la sesión conjunta de hace pocas semanas.

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El pedido de Bastía fue acompañado por una apelación contra la propia Calace Vigo -en la redacción de ambos escritos ofició un equipo de abogados de la talla del constitucionalista Domingo Rondina-, quien rápidamente rechazó la solicitud por entender que ni la Legislatura ni ningún legislador poseen entidad física ni jurídica para comparecer en la causa.

Recordó además que una maniobra tal es potestad exclusiva del fiscal de Estado, Rubén Weder, funcionario que ya resolvió su allanamiento en el coflicto (es decir, aceptó lo dispuesto por la jueza Calace Vigo), por pedido expreso de Perotti.

Este gesto del gobernador sería -según el entorno de Saín- lo que terminó de crispar a Gutiérrez, Traferri, Pullaro y compañía, quienes confirmaron el grado de respaldo que la Casa Gris le tributa al exministro. Es por ello que ahora pretenderían ir contra el propio jefe de Estado, y se avalarían en aquella última acción para activar juicios políticos contra Weder y Perotti.

En cuanto al pedido de Bastía, lo más probable es que la Corte provincial de lugar a la solicitud y que la destitución de Saín siga su curso en la Legislatura, pese a lo inconstitucional que le resulte a este último.

Pero la vacante que deja Saín no garantizaría el fin de las investigaciones del MPA mientras sea el propio Perotti quien tenga interés de que prosigan. Esto es lo que preocupa a Saín y a sus allegados porque aseguran que se enfrentan a personas "de mucho poder y dispuestas a todo".