La causa contra SaÃn volvió a poner en evidencia una crisis institucional sin precedentes en Santa Fe. Esta semana, la Legislatura decidirá la suspensión del ex ministro de Seguridad quien le envió una nota a la vicegobernadora para evitar que se convoque a la sesión que lo ponga al borde de la expulsión.
De esta manera, Marcelo SaÃn hace los últimos esfuerzos para eludir que diputados y senadores lo suspendan del cargo de titular del Organismo de Investigaciones que ganó por concurso durante la gestión socialista y luego pidió licencia para hacerse cargo de la cartera.
Pero una amplia mayorÃa de socialistas y peronistas tienen los votos necesarios para apartarlo por seis meses, con un recorte del 50 por ciento del sueldo, de una oficina clave, donde SaÃn investiga los vÃnculos entre la polÃtica y las mafias que operan en la provincia.
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En la nota que el ex ministro le giró a la vicegobernadora Alejandra Rodenas le solicita que desista de convocar a la sesión conjunta argumentando que la aplicación retroactiva de una ley vetada por el gobernador generarÃa "un conflicto de inusitadas consecuencias" si prospera una cautelar presentada previamente en el fuero laboral y la suspensión que decida la Legislatura.
Se refiere a las leyes anti-SaÃn que la mayorÃa automática logró rescatar del veto la que declara la incompatibilidad de funciones en cargos ejecutivos y judiciales, hecha a la medida de los cargos que detentó el ex ministro.
Sin embargo, el titular del Organismo de Investigaciones sabe que no tiene chances de que su reclamo a Rodenas prospere ya que la vicegobernadora responde directamente al senador Armando Pipi Traferri, apuntado en las investigaciones judiciales como uno de los organizadores de la banda que administraba casinos clandestinos.
En ese marco, la Asociación de Fiscales y Funcionarios Públicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) emitió un durÃsimo documento donde repasan el largo proceso de reforma penal en la provincia con la implementación del sistema acusatorio que le dio agilidad a las causas.
En el escrito, hablan de cómo el esfuerzo por crear un organismo judicial autónomo, "contrasta de forma grotesca con la polÃtica asumida por la Legislatura de la Provincia a partir del año 2017", cuando en una sesión exprés se modificó el régimen del MPA luego que los legisladores intentaran disciplinar a fiscales que investigaron una megacausa de altÃsimo impacto en el poder rosarino y a colegas que indagaban supuestas malversación de fondos millonarios de los que dispone la Cámara Alta.
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En ese cambio de la ley Orgánica del MPA, la Legislatura se arrogó la potestad de investigar y juzgar disciplinariamente a los fiscales. Este martes, la Corte Suprema dictaminó que esas facultades que se adjudicaron los diputados y senadores provinciales son constitucionales a pesar de que a todas luces significa la sumisión de un organismo del Poder Judicial al Legislativo.
"Se asumió una lógica signada por el cinismo, moldeada en la más voraz realpolitik, y orientada hacia el aseguramiento de la impunidad de ciertos sectores de la sociedad de la Provincia", señalan en el texto donde hablan de gangrena institucional: "Desde entonces, para la mayorÃa de las y los Fiscales, cada caso, cotidianamente, esconde el peligro que se toque el interés de alguien con protección o vÃnculos con algún legislador o alguna legisladora", agregaron los fiscales sin rodeos.
"La voracidad de estas iniciativas legislativas orientadas a disciplinar al MPA llegaron a su grado máximo de desparpajo e ilegalidad", cuando se aprobaron las leyes anti-SaÃn, sostuvo la Asociación de Fiscales, al querer aplicar un régimen disciplinario de manera retroactiva contra el ex ministro.
Vale recordar que el proceso contra Traferri no pudo prosperar porque según la Constitución de Santa Fe, que data de 1962, extiende la inmunidad de los legisladores a ser siquiera investigados, algo que choca con la Carta Magna Nacional. La misma Cristina Fernández es investigada a pesar de sus fueros como senadora.
En ese sentido, queda aún una instancia donde se podrÃa salvar esta situación. El juez José Luis Mascali en los próximos dÃas deberá decidir si el impedimento de investigar a un legislador es constitucional o no. El magistrado "tiene la oportunidad de restablecer la igualdad ante la ley que los fueros absolutos quebraron", escribió en su twitt el concejal de rosario, Roy López Molina.
"Pero, además, puede enviar un mensaje claro de justicia a toda la sociedad, rechazando la impunidad de quienes sienten que no deben rendir cuentas", agregó el edil del PRO, uno de los pocos que insiste en la necesidad de someter a proceso judicial a los sospechados y defendió lo actuado por los fiscales Edery y Schiappa Pietra, quienes entienden en la causa de Traferri.
