Justicia
Petroquímica Bermúdez: la trama de engaños en el juicio para exculpar a Tasselli
Los fiscales Schiappa Pietra y Edery buscan anular el cierre de la causa penal que benefició al empresario en un polémico juicio que complica al fiscal general y al de Estado durante el gobierno socialista.

 El principio de oportunidad que le permitió al empresario Sergio Tasselli eludir un proceso penal por el abandono de 21 hectáreas contaminadas donde funcionaba Petroquímica Bermúdez, fue puesto en dudas por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery quienes reclaman la anulación de la decisión judicial sugiriendo que hubo una cadena de mentiras orquestadas por altas autoridades del Ministerio Público de la Acusación.

"Las partes le llevaron al juez un paquete de engaños", aseveró Edery al momento de exponer las razones por las cuales el magistrado, Juan José Tutau, avaló la propuesta que elevó el fiscal Juan Carlos Ledesma para evitar el procesamiento penal de Tasselli en 2019, el último año del gobierno socialista.

 [Un juicio por la contaminación de Petroquímica Bermúdez complica al Fiscal General de Santa Fe]

En los argumentos, la acusación sostuvo que el magistrado que cerró la vía penal nunca fue puesto en conocimiento del impacto ambiental que representa ese predio, no se le dio voz a las víctimas que sufrieron los escapes de gases tóxicos, que se ordenó un principio de oportunidad para una causa de orden público y que la fiscalía había presentado una resolución con un aparente consenso de sus superiores que ahora está en dudas.

  Las partes le llevaron al juez un paquete de engaños con una resolución que hace referencia a una reunión en la oficina de Baclini con Serjal en la que se avala una instrucción que después se niega en el nuevo juicio

En definitiva, sugieren que la fiscalía habría ocultado información sensible, o al menos no haber indagado en cuestiones fundamentales a la causa, como los efectos contaminantes por el abandono, y de haber convencido al juez de que había una unanimidad entre las autoridades del Ministerio Público de la Acusación para exculpar al poderoso empresario de la persecución penal.

En ese sentido, detallaron que el fiscal Ledesma le ofreció al juez una resolución que se habría redactado a partir de un consenso entre su superior, el entonces fiscal regional, Patricio Serjal, con prisión domiciliaria por recibir coimas en la causa del juego clandestino, y el fiscal general, Jorge Baclini, quien en la audiencia lo desmintió.

Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra

"La resolución está redactada de manera engañosa. Hace referencia a una reunión en la oficina de Baclini con Serjal en la que se avala una instrucción que no habría tenido ese resultado", insistió Edery al recordar que Baclini se despegó de la decisión, negó tal acuerdo y dijo que proponía una probation: "se lo engaña a (juez) Tutau con datos falsos que entrega Serjal", argumentó el fiscal.

"Serjal dijo que las únicas opciones eran una probation o un criterio de oportunidad. ¿De dónde sacamos eso? ¿Cómo se para el Estado frente a este tipo de conflictos, con esa impronta?" se preguntó Schiappa Pietra que además indicó que el ex fiscal había explicado que se optó por archivar la causa penal porque con la probation "no se podía controlar su cumplimiento".

"Cuando le preguntamos a Serjal, en ese show que hizo los otros días, por los mensajes que había cruzado con Baclini no los tiene porque borró todo el contenido de su celular", chicaneó Edery quien con Schiappa Pietra siguen la investigación del juego clandestino que derivó en el encarcelamiento del ex fiscal regional y que tiene al senador Armando Traferri contra los palos.

"Nadie le contó al juez en esa audiencia quién era el empresario en cuestión, ni los inconvenientes que tuvieron los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente porque no cumplían nunca nada. Era importante que se lo dijeran pero lo llevaron a un acuerdo civil donde se comprometían a remediar los problemas que tenía la empresa avalada con una póliza", agregó Schiappa Pietra.

 Nadie le contó al juez en esa audiencia quién era el empresario en cuestión, ni los inconvenientes que tuvieron los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente porque no cumplían nunca nada. Era importante que se lo dijeran pero lo llevaron a un acuerdo civil donde se comprometían a remediar los problemas que tenía la empresa avalada con una póliza

"Petroquímica es un siniestro en sí mismo. Es un lugar que está contaminado el juez pensaba que si la empresa no cumplía y no remediaba el daño ambiental iba a pagar por los perjuicios generado. Eso es lo que le llevaron, que si la empresa no puede cumplir, pagará la reparación".

Desde la defensa de Tasselli contestaron que la exposición de fiscalía fue "efectista pero no efectiva" y después de poner en dudas el riesgo ambiental y decir que no estaba confirmado que los escapes de gas se hayan producido en esa planta, no abordaron la cuestión de fondo: que el Estado no puede volver sobre sus pasos.

"El principio que no puede ser soslayado es la Teoría de los Actos Propios porque es desconocer el principio de unidad de acción", y señalar que la resolución que le permitió al empresario eludir el juicio penal, tiene fuerza de cosa juzgada y fue avalada por el Ministerio Público de la Acusación y la fiscalía de Estado que en ese momento estaba a cargo de Pablo Saccone, quien también fue muy cuestionado por Schiappa Pietra y Edery.

Jorge Ilharrescondo, abogado defensor de Tasselli

El entonces gobernador Miguel Lifschitz había emitido un decreto para que se investigue penalmente la emisión de gas tóxico que sucedió en 2016. Sin embargo, para Saccone, el decreto se hizo "para presionar" para que hiciera las cosas bien. "Hacer una denuncia para apretar a una empresa, como dijo el fiscal de Estado, es un delito", sostuvo con criterio Schiappa Pietra.

Además, el acusador consideró que "se mancilló la voluntad del gobernador" porque además de evitar el proceso penal, "los temas más importantes los lleva el fiscal de Estado pero pareciera que este, que llevó la firma del gobernador no era trascendente. Aprobó la gestión pero nadie puso sobre la mesa el daño ambiental ni a las víctimas", dijo Schiappa Pietra quien había comenzado el alegato final considerando que en el caso de Petroquímica Bermúdez "se violentaron de forma grosera las instancias procesales como difícilmente se pueda volver a ver en la provincia".

 Se violentaron de forma grosera las instancias procesales como difícilmente se pueda volver a ver en la provincia

Pero ¿por qué Petroquímica Bermúdez representa uno de los riesgos ambientales más altos de la provincia de Santa Fe? La ex Electroclor era una planta que producía soda cáustica y distintos derivados del cloro, algunos de ellos de una toxicidad espeluznante como el Cloruro de vinilo.

Estos químicos eran vendidos a su principal cliente, Celulosa Argentina cuyas instalaciones están pegadas a la ex Electroclor en la localidad de Capitán Bermúdez, a 20 km de Rosario. Pero esto cambió cuando la fábrica de papel modificó los procedimientos para blanquear la pasta de papel incorporando tecnologías mucho menos contaminantes que no necesitaban del derivado del cloro.

De hecho, Electroclor pertenecía a Imperial Chemical Industries (ICI), una empresa química británica que hace unos 15 años atrás fue absorbida por la neerlandesa AkzoNobel. A mediados de los 90, cuando la problemática ambiental empezaba a instalarse en la agenda internacional, ICI se desprendió de las plantas que podía generarles mayores inconvenientes. Con ese objetivo se deshicieron de Electroclor y de la ex Duperial, planta de ácido sulfúrico.

Ahora, las 21 hectáreas que ocupó Petroquímica Bermúdez sobre el Paraná amenaza con producir un daño ambiental incalculable si las instalaciones no se aislaron como corresponden y no hay un seguimiento estatal para que se cumplan los protocolos de seguridad estandarizados para evitar cualquier estrago: "Petroquímica es un siniestro en sí mismo", calificaron los fiscales por su potencial daño.

Audiencia a cargo del juez Carlos Gazza

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