Nueve años de trámites burocráticos y demoras judiciales comenzaron a materializarse con el inicio del juicio contra el contador Mario Rossini, quien se presentó de forma virtual ante la Justicia para escuchar los testimonios de los 408 ahorristas estafados durante diez años por su firma, Bolsafe Valores.

La audiencia que se realiza en Tribunal Oral Federal de Santa Fe se da en el marco de la causa por administración fraudulenta, captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil que enfrenta el contador Rossini junto a su hermano Omar y siete de sus empleadas, delitos cometidos entre 2003 y 2012 y que se verían agravados por el uso de los medios de comunicación para generar confianza pública.

El proceso se anticipa largo porque declararán todos los damnificados, muchos de ellos pequeños ahorristas de ciudades o provincias alejadas de la capital provincial como Reconquista, Formosa, Chaco, Corrientes o Entre Ríos, pero también estafados por sumas millonarias en donde aparecen incluso amigos íntimos de Rossini.

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"Un cliente de Formosa estuvo luchando durante 30 años por una indemnización y a los dos minutos de cobrado terminó depositándolo en Bolsafe; también fue estafada una persona que había cobrado un seguro por quedar paralítica en un accidente laboral... conocer todo eso fue muy doloroso", rememora el abogado que inició la causa, Enrique Muller, quien asegura a LPO que está todo dado "para llegar a una condena ejemplar".

"Creo que si la Justicia actúa tenemos todas las fichas a favor", confió el letrado a LPO previo al inicio del juicio, y explicó que la idea es lograr una pena consensuada de entre 10 y 15 años, sentencia que, por este tipo de delitos, "es más que considerable".

Enrique Muller, uno de los querellantes de Bolsafe

"Puede darse una pena mayor pero no tiene sentido porque Rossini ya va a cumplir 70 años, además de que es un tipo que no puede caminar seguro por ningún lado", detalló el abogado.

Lo que Muller lamentó, en cambio, fue la falta de decisión por parte de la Justicia para ir a fondo en una causa a la que fácilmente podría asignársele la carátula de lavado de dinero. Es esta una trama un poco más oscura, con promesa de supurar por donde se la apriete y que esconde un hilo rojo sostenido por manos renombradas y que apuntan (al menos) hacia el puerto y a departamentos en Punta del Este.

 Puede darse una pena mayor pero no tiene sentido porque Rossini ya va a cumplir 70 años, además de que es un tipo que no puede caminar seguro por ningún lado 

Profundizar en tales maniobras sería una posibilidad si los magistrados accedieran a investigar las seis empresas satélites que utilizaba Rossini, no demasiado tenidas en cuenta para la causa en proceso que podrían dar con la pista de una asociación ilícita.

Los rumores llegan a un ex titular del Ente Administrador del Puerto, Marcelo Vorobiof, por un crédito frustrado que se habría gestionado en el extranjero para salvar a Rossini del derrumbe. Vorobiof, de aceitados vínculos con el radicalismo de la ciudad de Santa Fe, administró el puerto desde 2010 por decisión del gobierno de Hermes Binner, gestión que luego sería ratificada por Antonio Bonfatti. También se registraron curiosos viajes de Rossini a Panamá.

Tales hipótesis podrían quedar parcialmente revelada en los dos tramos paralelos a la causa que inicia este jueves próximo, investigaciones que no por casualidad vienen siendo las más demoradas. Esto fue advertido por los propios damnificados, quienes en un comunicado emitido un día antes del inicio del juicio lamentaron "la desidia de la Justicia Federal" por no preocuparse por lograr "que una causa de esta magnitud tuviera resolución final en un tiempo razonable".

 Lamentamos la desidia de la Justicia Federal que no se preocupó por lograr que una causa de esta magnitud tuviera resolución final en un tiempo razonable

Muchas de las dilaciones son atribuidas al fiscal federal Martín Suárez Faisal, duramente cuestionado en su momento por Muller y los otros dos abogados querellantes, Carlos Reyna y Leandro Corti, por habilitar un insólito pedido de probation sin previa consulta y desoyendo el código penal, generando un trámite que no tenía ninguna chance de ser aprobado pero que paralizó el proceso.

De los dos tramos más demorados, uno estudia las responsabilidades de los operadores de las sucursales del banco Galicia y de Galicia Valores, donde se realizaron las transacciones ilegales, y el otro analiza las groseras fallas de fiscalización cometidas por el Mercado de Valores del Litoral (MVL), ente regulador del mercado bursátil santafesino que debía controlar a Rossini.

Aquí están implicados Diego Waldemar Van de Velde, Fernando Gabriel Yah Yah, Guillermo Juan Pando y Silvio Ariel Gómez, como operadores del Galicia, mientras que por el lado del MVL aparecen implicados 13 directivos cuyos nombres más llamativos por sus terminales políticas son su ex presidente, José María Candiotti (ex ministro de Hacienda de Carlos Reutemann), y Pablo Tabares, ex secretario de Producción durante la intendencia de Corral.

Los otros directivos implicados son Luis Ángel Puig, Alfredo César Calabrese, Juan Luis Catuogno, Jorge Ghiano, Alfio Re, Rubén y Marcelo Fink, José Nestor Tabares, José Luis Renzulli, Alex Castellví y María Soledad Platino.

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"Todos ellos conocían los movimientos de Rossini, porque desde el 2003 tenían la información en un sistema contratado a la Comisión Nacional de Valores por el que podían acceder desde un botón a cualquier movimiento financiero en la Argentina", cuenta el abogado Muller, quien también recuerda que, a casi una década de destapado lo sucedido, ninguna de estas personas fue llamada a indagatoria.

Otro alto dirigentes que podría quedar salpicado por las maniobras fraudulentas es el ex vicegobernador de Miguel Lifschitz, Carlos Fascendini, ligado como titular de una sede de Bolsafe Valores en la ciudad de Esperanza. No obstante, la Justicia aún no ha profundizado en tal sentido y por el momento no ha sido imputado.

 Conocían los movimientos de Rossini porque desde el 2003 tenían la información en un sistema contratado a la Comisión Nacional de Valores por el que podían acceder a cualquier movimiento financiero en la Argentina 

Por el contrario, el proceso que inició hace dos jueves se aboca solo a la punta del ovillo y analiza las responsabilidades de Mario Rossini y su estructura más directa. Las audiencias se realizan en el TOF de la ciudad capital ante los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Guilermo Sutter Schneider.

Por parte de la Fiscalía participa Suárez Faisal junto a funcionarios de la Procelac y la querella está conformada por Muller, Corti y Reyna. Rossini y los demás implicados comparecen de forma remota.

"Todos los tramos de esta causa deberían haber terminado hace al menos cinco años", enfatizó Muller previo al juicio, confiando en que la Justicia "no puede más que avanzar" con una causa a la que él le dedicó tanto trabajo que, durante muchos años, lo tuvieron al borde de la ruina.