En una conferencia de prensa de última hora, el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, anunció esta mañana diferentes obras y mejoras para reforzar la seguridad de la cárcel de Piñero, una de las tres unidades penitenciarias más grande de la provincia.

El anuncio incluyó la construcción de un muro perimetral que rodeará a la cárcel, mejoras en las garitas de control y la incorporación de software nuevo, medidas que intentarán levantar la imagen de un Servicio Penitenciario golpeado tras sufrir dos episodios de fuga en menos de dos meses.

Para dar estos anuncios, Sukerman se mostró junto a los directores políticos del penal, Walter Gálvez y Jorge Bortolozzi, con quienes expresó sus intenciones de "seguir mejorando" la estructura carcelaria "heredada" por el socialismo.

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Por eso, además de los anuncios de obra, el ministro de Gobierno dejó esta mañana algunas definiciones políticas sobre el estado actual del sistema penal en la provincia, preguntándose en una entrevista radial por qué durante las anteriores gestiones no se generaron "las condiciones de seguridad y de infraestructura" acordes a lo necesitado.

Sobre la cárcel de Piñero, por ejemplo, recordó que "creció enormemente" desde su creación durante la gestión de Jorge Obeid, último gobernador peronista y antecesor de Hermes Binner.

"Pero la realidad de los presos de hace quince años no es la misma de los presos de hoy", dijo Sukerman a Aire Digital, aludiendo a una supuesta inacción o falta de inversión por parte de los mandatarios del Frente Progresista que precedieron a Omar Perotti.

Este mismo concepto lo había vertido Gálvez a LPO, tras la primera fuga en la que dos reclusos cruzaron impunemente las cámaras de seguridad escondidos en carritos de supermercado.

Ahora fueron ocho los presidiarios escapados en dos autos, quienes desaparecieron del radar tras atravesar los diferentes perímetros con una amoladora y utilizando un feroz tiroteo como paraguas (balacera en la que perdió la vida uno de los atacantes). Entre los fugitivos se encontraba Claudio "Morocho" Mansilla, sindicado como organizador del hecho.

Para el gobierno provincial, ambos episodios mostraron el nivel de organización criminal que impera hacia dentro de las cárceles -como varios otros, Mansilla está acusado de organizar crímenes desde su celda-, así como el grado de conexión de estos reclusos con el exterior. Por eso prometieron extremar los recaudos y reducir la circulación de información dentro del penal.

A cambio el Gobierno volvió a pedir mayor "autonomía" en las decisiones sobre el destino de los presos, dado que el Servicio Penitenciario ya había intentado trasladar a Mansilla a la cárcel de Coronda. En este hecho se apoyan hoy los funcionarios a cargo para justificar el accionar de su cartera, donde ya avisaron que no habrá sumarios ni despidos.

 Esto no puede verse de manera aislada, porque se da en una provincia donde balearon la casa de un gobernador y donde tenemos presos a exjefes de policía 

Pero el Gobierno deberá dar explicaciones sobre el tema en la Legislatura provincial, donde ya fue convocado por la oposición pese al pedido expreso del propio Sukerman de "no hacer leña del árbol caído".

El llamado fue emitido al mediodía por la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, presidida por el radical y pullarista Juan Cruz Cándido, y tuvo como destinatario a los mencionados Gálvez y Bortolozzi, quienes fueron citados para este miércoles a las 13.

Allí deberán responder "qué medidas se tomarán de acuerdo a lo sucedido", en una instancia que podría contener altos índices de voltaje. Por las dudas, Sukerman ya se anticipó: "Esto no puede verse de manera aislada, porque se da en una provincia donde balearon la casa de un gobernador y donde tenemos presos a exjefes de policía y a funcionarios judiciales involucrados", dijo esta mañana a modo de recuerdo y como calentando la cancha.