En medio de la discusión por la nueva licitación de la Hidrovía Paraná - Paraguay, la diputada Fernanda Vallejos elaboró un estudio junto al Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), donde sostienen que la explotación comercial de la autopista fluvial presenta serias deficiencias que generan graves perjuicios económicos a la Argentina.

En el mismo, señalan que el problema central reside en el déficit de los controles que posibilita el contrabando de granos y derivados exportables como también el tráfico de armas y drogas hasta la trata de blancas, sostiene Vallejos.

Curiosamente, las conclusiones a las que llegó el estudio de la diputada y economista kirchnerista coincidieron con declaraciones que Lilita Carrió sostiene hace años: "la hidrovía es una zona liberada que da lugar al tránsito ilegal", suele repetir cada vez que hace pie en Santa Fe o alguna provincia del Litoral.

De hecho, en febrero pasado se incautaron 23 toneladas de cocaína en Alemania que provenían de Paraguay y habían atravesado toda la Hidrovía en un embarque de latas de pintura. La confiscación de esta cantidad de droga, que fue la más importante en la historia de Europa, puso en alerta a las agencias internacionales sobre el uso del sistema fluvial por las bandas narcos.

 Retomar el control del río permite administrar el comercio exterior e interior, fiscalizar la calidad de los productos y controlar que la facturación declarada se ajuste a la realidad para evitar la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones

Vallejos es diputada por la provincia de Buenos Aires y si bien integra el bloque del Frente de Todos y una de las referentes del kirchnerismo, suele moverse con independencia. Días atrás, elaboró

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En consecuencia, desde Proyecto Económico que dirige Vallejos y el IADE que preside Marisa Duarte, proponen "repensar estratégicamente la navegación y la operatoria en los puertos privados" y el control del Estado como columna vertebral para mejorar el sistema cuando se debate el nuevo pliego para el servicio de dragado y señalización del Sistema de Navegación Troncal.

En concreto, plantean que el Estado intensifique los mecanismos de controles a través de la creación de un organismo que trabaje en sintonía con la Unidad de Información Financiera (UIF), para frenar las prácticas ilícitas. Además de contar con una base federal que centralice la información económica y financiera para realizar un monitoreo del comercio y del tráfico ilícito.

"Argentina tiene la oportunidad de recuperar y fortalecer el control y la administración del río Paraná que perdió a manos del menemismo", afirmó la diputada. Sucede que desde el '94, cuando se privatizó la Hidrovía y se permitió la radicación de puertos privados, nunca se conformó el ente contralor como tuvieron el resto de las áreas que pasaron al sector privado.

 Argentina tiene la oportunidad de recuperar y fortalecer el control y la administración del río Paraná que perdió a manos del menemismo

Durante todas estas décadas, el fisco argentino perdió millones de dólares por la subfacturación de exportaciones y el contrabando mientras los cargamentos de drogas salen de Sudamérica y terminan en Europa y Estados Unidos, sorteando los controles sin grandes dificultades, afirman en el documento.

"Retomar el control del río permite administrar el comercio exterior e interior, fiscalizar la calidad de los productos, garantizar la trazabilidad de los mismos, controlar que la facturación declarada se ajuste a la realidad para evitar la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones y resolver parte de la restricción externa al ajustar a las normas la liquidación de exportaciones", explicaron las autoras a modo de síntesis.

A su vez, impulsan que el cobro de los peajes quede en manos del Estado que durante todos estos años lo percibió directamente Hidrovía S.A., el consorcio integrado por la dragadora belga Jan de Nul y la argentina Emepa. Este punto es crítico porque las grandes agroexportadoras presionan para que sigan siendo los privados los que administren el sistema y argumentan que esto permitió que se autofinancie y que no se necesiten subsidios gubernamentales.

Sin embargo, la diputada del Frente de Todos consideró que "con la recuperación del cobro de los peajes por parte del Estado, no se restringe a la potencial percepción de recursos económicos que podrán ser invertidos en pos de favorecer intereses nacionales, sino que permitiría, además, mejorar las capacidades de control sobre el comercio exterior argentino".

En cuanto al dragado, que requiere de embarcaciones con tecnología de punta para mantener el canal navegable, Vallejos propone que se realice una evaluación técnica de la factibilidad, tiempos y costos para que Argentina realice esta tarea. En el mismo sentido, reclama el aprovechamiento y fortalecimiento de las capacidades nacionales en las tareas de balizamiento.

Por otro lado, impulsa la revisión integral de la Ley Nacional de Puertos "con el objetivo de recuperar la capacidad de control, fiscalización y transparencia en el movimiento de las mercancías, lo que debe ser incluido en la legislación". Otro de los puntos establece la creación de un "Registro Nacional de Puertos Públicos y Privados" y el control de las habilitaciones. A la vez que ratifica la concreción de la obra del Canal Magdalena.