El embargo por 111 millones de pesos a directivos de Vicentín por supuesto uso de facturas apócrifas ordenada por el Ministerio Público de la Acusación fue minimizado por la empresa que señalaron que la medida será recurrida en la instancia judicial correspondiente porque entienden, "carece de fundamentos y contiene una evidente intencionalidad y animosidad contra la empresa".

En rigor, la cifra embargada corresponde a una décima del volumen facturado que suele superar los mil millones mientras que las facturas cuestionadas son 54 de más de mil:

"Si alguno de los miles de proveedores que se vinculan con la compañía en algún momento incurrieron en algún incumplimiento con la autoridad, es precisamente responsabilidad de la misma su identificación y penalización", sostuvieron a través de un comunicado y recuerdan que al ser sujetos de retención, las inconsistencias se pueden producir durante el desarrollo de la cadena comercializadora y no necesariamente por responsabilidad de quien liquida con AFIP.

 Si alguno de los miles de proveedores que se vinculan con la compañía en algún momento incurrieron en algún incumplimiento con la autoridad, es precisamente responsabilidad de la misma su identificación y penalización

De hecho, no es la primera cerealera en ser observada. En la misma semana, a los titulares de Díaz y Forti le embargaron propiedades y bienes de la empresa y de sus principales accionistas por US$ 3.121,2 millones, en el marco de una causa en la que el Banco Central (BCRA) denunció irregularidades en la facturación y liquidación de divisas, entre otras cuestiones. Lo mismo ocurrió con Cargill y otros grandes holdings agroexportadores.

"Ya se han registrado contundentes declaraciones de algunos de los propios funcionarios del organismo regulador que no han podido determinar la comisión de delito alguno por parte de la compañía ni tampoco determinar la motivación o beneficio aparente para que la empresa tuviera responsabilidad en la irregularidad que se le intenta atribuir", señalaron desde Vicentín.

 Una vez más queda a la vista que la empresa sigue siendo objeto de un recurrente y sistemático proceder político y judicial que busca afectar las posibilidades de recuperación de la compañía

Y agregaron que "una vez más queda a la vista que la empresa sigue siendo objeto de un recurrente y sistemático proceder político y judicial que busca afectar las posibilidades de recuperación de la compañía y que en nada contribuye a los genuinos esfuerzos y avances que la misma ha venido realizando en pos de reestructurar su deuda y alcanzar los acuerdos necesarios con sus acreedores".

Sobre todo, llamó la atención que el embargo se produce cuando desde la empresa se está avanzando en el saneamiento y negociando con importantes actores del mercado granario para la continuidad de las actividades productivas y comerciales del holding.