Sin mayoría en ninguna de las dos Cámaras, el Gobierno pudo archivar cada proyecto de ley que intentó regular la toma de deuda externa y sólo pisó en falso cuando pidió autorización para refinanciarla sin dar explicaciones. 

Este año perderá estado parlamentario el texto aprobado en el Senado en 2016, semanas después de la sanción del acuerdo con los holdouts, que establecía rígidos controles al Gobierno para salir a los mercados.

El proyecto, firmado por Adolfo Rodríguez Saá y casi todo el bloque peronista, obligaba a Mauricio Macri y a las empresas públicas a detallar junto al presupuesto cada crédito previsto y exigía una ley específica para una futura colocación que no figurara. 

Se aprobó por unanimidad, pero el diputado PRO Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto, jamás lo incluyó en un temario, evitó que sea ley y el Gobierno pudo aumentar su deuda sin rendir examen.

Si bien la Constitución delega en el Congreso el manejo del endeudamiento, no especifica un protocolo y sin norma regulatoria el presidente de turno sólo necesita aprobar su plan financiero anual para captar moneda extranjera en los términos que crea  conveniente. 

El peronismo federal, cercano a los gobernadores y aliado de Cambiemos en cada presupuesto, reprochó siempre no poder contar con el detalle de las emisiones, pero nunca se atrevió a remarcar las planillas financieras.  

A diferencia de lo ocurrido en la pelea contra los tarifazos, no fueron a fondo con un acuerdo opositor que condicione al Gobierno. Era posible. 

El Senado aprobó en 2016 una ley que obligaba a Macri a pedir permiso para salir a los mercados. Pero Diputados nunca la trató. 

"Es difícil tener que informar cada emisión, porque las oportunidades aparecen de repente y no hay tiempo que perder", se excusó una y otra vez ante los legisladores el ex ministro de Finanzas Luis Caputo.

Como la mayoría de las colocaciones fueron en dólares, con las devaluaciones la cuenta de intereses fue por lejos la que más creció desde 2015: pasó de representar menos del 8% de los gastos al 18%, o sea, casi 20 de cada 100 pesos recaudados por la AFIP tienen ese destino. 

En 2017, Pablo Kosiner, jefe del bloque de los gobernadores, pidió en plena sesión una preferencia para tratar la ley  aprobada en el Senado, pero Laspina lo ignoró. La oposición podría haberse unido en el recinto para "emplazarlo" a reunir la comisión de Presupuesto con ese expediente, práctica habitual en 2010 cuando el antikirchnerismo dominaba el recinto de Diputados. Pero no pasó. 

El debate volverá en marzo con un proyecto similar del peronista Diego Bossio y el pampeano Sergio Ziliotto, pero no será fácil reunir quórum en un año electoral. En el Senado, en tanto, el presidente provisional Federico Pinedo consiguió frenar otros intentos para poner en la lupa las finanzas en rojo del Gobierno.

En septiembre, el senador PRO Esteban Bullrich aprovechó que no había mucha oposición en Buenos Aires y convocó de urgencia la Comisión de Presupuesto para desestimar un proyecto de Rodríguez Saá que prohibía una deuda mayor al 60% de PBI y complicaba el acuerdo con el FMI, que elevó esa relación al 90% y podría aumentarla aún más. 

El pacto con el organismo de Christine Lagarde tampoco pasó por las Cámaras legislativas, por ser un organismo que integra el país. La ley de administración financiera lo permite.  

"En 2015 la deuda era del 38 por ciento del PBI y las estimaciones la colocan en 111% para el año próximo. Así es imposible cualquier política de Estado", protestó ese día José Mayans, senador del PJ y presidente de la bicameral de seguimiento de la deuda externa, creada en la misma ley que habilitó el pago a los fondos buitres.

La última vez que la reunió, el 10 de octubre, repartió documentación brindada por el secretario de Finanzas Santiago Bausili que le permitió proyectar un pasivo mayor a 400 mil millones de dólares.

"En 2001 la deuda externa era de 168 mil millones de dólares. Cuando Alfonso Prat Gay vino en 2016 dijo que era de 220 mil. Caputo la certificó en 345 mil y no sumó los acuerdos con el FMI, por 57 mil millones de dólares", enumeró el formoseño. Restaría contabilizar varias emisiones de estos meses.

La oposición dice que la deuda ya supera los 400 mil millones de dólares

Mayans siempre pidió sumar a la cuenta de intereses los pagos del Banco Central por las Lebac y sus herederas Leliq, instrumentos de deuda utilizados para contener el dólar y generadores de pasivos en el organismo monitario. Nunca lo consiguió.

En el Senado, además, el peronista Alfredo Luenzo, cercano a Miguel Pichetto, presentó un pedido de informes para identificar a las "personas físicas y/o jurídicas" que adquirieron sumas mayores a 250 mil dólares entre el 1 de junio y el 31 de agosto y se beneficiaron de una abrupta devaluación que desestabilizó al Gobierno. Y en los fundamentos del proyecto, basado en fuentes financieras, citó cifras de la corrida cambiaria del otoño.

"Entre abril y mayo el flujo hacia Argentina fue negativo en US$ 7.000 millones en términos netos. Léase, se fueron de activos argentinos por parte de los no residentes por la mitad de lo que había entrado en el primer trimestre de 2018 (en torno a los US$ 15.000 millones), una salida de cartera neta de no residentes de US$ 8,000 millones en junio", describió el chubutense. Pichetto le enrostró estos datos a Dujovne durante el debate del presupuesto, pero ni se inmutó.

El único freno de la oposición fue cuando Bausili intentó incluir en el presupuesto un artículo para refinanciar la deuda sin las dos restricciones que exige la legislación actual: mejor plazo o tasa.

"No entiendo por qué un pedido para reestructurar la deuda no viene acompañado de un proyecto que indique cuánto nos podemos endeudar y cuántos intereses podemos pagar según nuestros ingresos tributarios", le reprochó el diputado massita Marco Lavanga. El funcionario aceptó su derrota. Fue la única vez que no lo dejaron avanzar.