Una guerra empresaria es por estas horas uno de los secretos mejor guardados de la City porteña y amenaza con graves derivaciones polÃticas y judiciales. La protagonista es la constructora mendocina Green S.A. fundada en 1991 por el ingeniero Carlos Arroyo.
Esta ascendente firma empezó a complicarse gravemente luego que el juez federal Claudio Bonadio la involucrara en la causa de los cuadernos por el pago de coimas a funcionarios durante el kirchnerismo. Y no fue una mención al paso: Green aparece mencionada en la causa en 26 ocasiones por actos de cohecho activo y asociación ilÃcita. Por esta misma causa es que BonadÃo decidió procesar a Arroyo y su mano derecha, Carlos Daniel Román.
Ernesto Clarens, financista de Néstor Kirchner, identificó en una de sus declaraciones a Román como quien le acercaba el dinero en efectivo que se pagaba de coimas, por las obras que adjudicaba el kirchnerismo. Incluso, Lázaro Baéz en una de sus declaraciones le pidió a la justicia que investigue especialmente el rol que tuvieron en ese entramado de corrupción Green y Rovella Carranza, dos de las compañÃas más beneficiadas en esa década.
Pese a esto, Green logró alzarse con un tramo del Paseo del Bajo y uno de los contratos más importantes del flamante viaducto San MartÃn, una obra que inicialmente estaba presupuestada en 3.600 millones, pero luego de las sucesivas devaluaciones y el descalabro macroeconómico escaló hasta los 20 mil millones.
La constructora de Arroyo también fue beneficiada con uno de los PPP viales de Guillermo Dietrich, que ganó asociada con la mega constructora china CCA. La causa de los cuadernos vino a complicar aún más a Green que vio afectado su acceso al crédito, que ya venÃa conflictuado por una serie de desaciertos empresarios. Actualmente enfrenta pasivos por más de 70 millones de dólares y en el mercado señalan que incluso al grupo arrastrarÃa una quiebra previa de 30 millones de dólares.
El mayor acreedor de Green es al Banco Supervielle con 35 millones de dólares y le sigue el Banco Galicia con 5 millones de dólares y luego viene un grupo de bancos a los que les debe un total de 15 millones de dólares -a los que ofreció como garantÃa un hotel de su propiedad- y luego otros acreedores menores, confirmaron a LPO fuentes al tanto de la situación.
A estos se sumarÃan ahora los proveedores de la obra del Viaducto San MartÃn, que se enteraron que los certificados de obra que le pagaba la sociedad estatal porteña Ausa -a cargo de la obra-, Arroyo se los entregaba de manera directa al Banco Supervielle para ir descontando su deuda con la institución del empresario macrista Patricio Supervielle. Y fue asà que comenzó el escándalo que hoy sacude a la City Porteña.
Es que la constructora enfrenta un embargo sobre sus cuentas bancarias por $800 millones (18,5 millones de dólares), dictado por la justicia y la transferencia de manera directa de los certificados de la obra del viaducto San MartÃn al Supervielle, podrÃan implicar una violación de esa medida judicial para beneficiar a uno de sus acreedores en detrimento de los otros, asà como de los proveedores de la obra porteña.
Esta situación rápidamente se conoció en la City y causó un enojo no menor con el Supervielle por parte de los otros bancos acreedores de Arroyo. Pero no es la única decisión de Green y Supervielle que pisó la lÃnea roja.
La pelea con los chinos
Mientras lidia con sus contratos porteños, Carlos Arroyo libra otra batalla en un segundo frente. Es el que se deriva del PPP que ganó junto a la constructora china CCA, para la construcción de un tercer carril en la ruta 5, obra que fue adjudicada el año pasado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, como parte del primer capÃtulo de los PPP, postergados por la implosión de la macroeconomÃa que disparó su costo financiero.
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Alarmados por el cúmulo de problemas judiciales y financieros de Green, los chinos de CCA vienen trabajando hace meses para deshacerse de esta constructora. La negociación no es sencilla. Carlos Arroyo, informaron a LPO fuentes al tanto de las negociaciones, le pide a CCA unos 30 millones de dólares a cambio de salirse de la UTE y dejarle la totalidad de la adjudicación de la PPP por 54 millones de dólares. Y no sólo eso: Quiere que le firmen un compromiso escrito de integrar a su empresa a futuras obras.
Los ejecutivos de CCA rechazaron de plano las exigencias y contraofertaron 12 millones de dólares y sin obras a futuro. Ya tuvieron bastante como para volver a pensar en reeditar la sociedad.
En esta pelea también aparece el Supervielle, el ingeniero Arroyo habÃa intentado cederle su participación en el PPP, algo prohibido por los pliegos.
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