Cristina Kirchner denunció que el gobierno de Mauricio Macri armó "verdaderos grupos de tareas desde distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional", como la AFI, la AFIP, la UIF y la OA, para articular una "feroz e inédita persecución" en su contra y la de su familia.

La denuncia, en la que vicepresidenta alertó sobre un "plan sistemático" motorizado por la administración de Mauricio Macri para perseguirla, está apoyada en una investigación de oficio iniciada el 26 de octubre 2017 (cuatro días después de haber sido electa senadora nacional), que culminó con un reclamo por una deuda impositiva a la ex mandataria.

La ex presidenta informó en sus redes sociales que hizo sendas presentaciones ante la justicia federal de Río Gallegos y ante la AFIP, a cargo de Mercedes Marcó del Pont, por "la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial".

Según sostuvo Cristina, en ambos escritos quedó demostrada "la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que, en coordinación con sectores del Poder Judicial, operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal" contra su persona.

"Para los que todavía no creen en la existencia del lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del Poder Judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos...", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, aseguró: "A partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno, el 10 diciembre del 2015, se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc...) que articularon una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia".

De acuerdo con lo denunciado por Cristina, la fiscalía federal de Río Gallegos inició la investigación sin que existiera ninguna denuncia previa por evasión ni por deuda impositiva y, además, -denunció- hubo un pedido explícito de no notificarla.

"Se ha perseguido un fin diferente del que la ley 11.683 le asigna al ente recaudador, desviándose así de la finalidad legal del poder que le ha sido conferido", detalló la vicepresidenta.

La ex presidenta señaló que fueron cometidas "ostensibles irregularidades" y que todo ese proceso se caracterizó por una ausencia de "notificaciones" y falta de "documentación", entre otras cuestiones.

"Se le ordenó al organismo recaudador que inicie un procedimiento de verificación y determinación de oficio contra mi persona, lo cual viola expresamente las normas reglamentarias de AFIP que establecen los criterios de selección de contribuyentes a ser fiscalizados. Se trató de un evidente direccionamiento hacia esta contribuyente, con el inocultable objetivo de realizarle un ajuste impositivo bajo cualquier circunstancia", argumentó la ex mandataria.

En la presentación judicial, patrocinada por su abogada Romina de los Ángeles Mercado, la vicepresidenta pidió la nulidad de lo hecho en el caso y de la ejecución de esa supuesta deuda.

"Estamos frente a un caso claro de desviación de poder que vicia y nulifica todo el proceso de determinación de oficio que desembocó en la emisión de las boletas de deuda en ejecución, puesto que se han utilizado las prerrogativas de fiscalización que legalmente le corresponden a la Administración Federal de Ingresos Públicos con el fin de hostigar y perseguir a esta parte", agregó.

La deuda reclamada se vincula al Impuesto a las Ganancias de 2011, 2012, y 2016 y se determinó de oficio en una suma de 2.122.615 pesos más intereses y multa , según informó la vicepresidenta en el escrito.