El allanamiento realizado este jueves al Instituto Nacional del Cine (Incaa) desnudó la interna entre su titular, Luis Puenzo y varios sectores del Gobierno que buscan acelerar su salida.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso un allanamiento con ribetes cinematográficos en el edificio de Lima 319. El operativo se realizó en busca de documentación en el marco de una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la asignación de "créditos a productoras" por parte de la actual conducción del organismo, que sólo lleva 8 meses de gestión.

La orden de Casanello se realizó a instancias del fiscal federal Carlos Rívolo, quien tiene delegada la investigación iniciada a partir de una denuncia por negociaciones incompatibles formulada contra Puenzo y otras autoridades.

En contestación a esta decisión, desde el Incaa se indicó que "el motivo explícito del allanamiento de esta mañana fue obtener la totalidad de los expedientes administrativos originales en los que el INCAA haya otorgado subsidios a partir del 15 de diciembre de 2019 hasta la fecha, incluidos los iniciados con anterioridad a la fecha mencionada".

En la denuncia, presentada por la productora Cristina Agüero, se acusa a Puenzo y sus funcionarios de favorecer a productoras "amigas" con los subsidios del Incaa.

En ese sentido, la administración de Puenzo le habría firmado pagos a la productora Ziok, propiedad de un ex socio de la productora Puenzo hermanos. El vice del Incaa, Nicolás Batlle, habría hecho lo propio con la productora Magoya Films, en la que estuvo hasta diciembre.

Por su parte, Sonia Serrano, la contadora buena parte de las películas argentinas y también de la productora de Puenzo, es la actual subgerenta de Administración. Además de históricamente hacer la rendición de costos de las productoras, ahora firma expedientes como funcionaria

El Incaa suele ser objeto de este tipo de investigaciones judiciales en todos los gobiernos, más aún cuando la conducción recae en gente que proviene del cine como sucede con Puenzo y buena parte de su organigrama, que tenían relación directa con las productoras argentinas antes de asumir.

El allanamiento rimbombante que recibió este jueves indica, según aseguraron a LPO en el sector, que el dilema de Puenzo es político, más aún cuando ni siquiera está imputado en ninguna causa.

El ganador del Oscar con La Historia Oficial no tiene el respaldo del ministro de Cultura, Tristán Bauer, cercano a Cristina Kirchner. Tampoco articuló con el "albertismo" y se enfrentó con área de cultura de Axel Kicillof.

El Incaa es un botín codiciado por varios sectores que ya palpitan una posible salida Puenzo. Enrique "Pepe" Albístur, muy cercano a Alberto Fernández, había pedido ese lugar antes de que asumiera el actual presidente. Tiene un escollo fuerte: el propio Bauer.

Uno de los nombres que suena ante una eventual salida de Puenzo es el de la secretaria de Industrias Culturales de Bauer, Lucrecia Cardoso, hija del periodista Oscar Cardoso, que ya condujo el Incaa cuando Liliana Mazure dejó el organismo para ser diputada nacional. Otro nombre que siempre suena es el de Javier Grossman, el hacedor de Tecnópolis y cercano a Cristina.