El ex director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Sebastián De Stéfano asistió este martes al Congreso y leyó una carta, a modo de descargo, contra las acusaciones que ex agentes le hicieron por su supuesto rol en la presunta red de espionaje ilegal que funcionó durante la gestión de Mauricio Macri, investigada en la justicia federal de Lomas de Zamora. 

De Stéfano, cercano al ex presidente de Boca Daniel "Tano" Angelici y nombrado por Horacio Rodríguez Larreta como director de Subterráneos de Buenos Aires, había faltado el jueves a la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, pero volvió a ser citado a modo de apercibimiento y no se animó a dejar su silla vacía.

Apareció a las 14 horas en el quinto piso del edificio anexo del Senado, conocido como la "ex caja", acompañado de dos abogados y un apunte de 7 páginas para leer ante los legisladores. Anticipó que no contestaría preguntas y que en tal caso lo hará cuando sea citado por la justicia, donde dice haberse presentado pero por ahora no es requerido. 

Un ex agente de la AFI vinculó a Majdalani y De Stéfano con la causa de espionaje ilegal

La carta de De Stéfano, a la que accedió LPO, apunta a desvincularse del presunto espionaje ilegal de dos maneras: identificar como el encargado de entablar relaciones con los jueces a José Padilla, un abogado de carrera en la AFI que era director de Asuntos Judiciales; y describir las áreas de Contrainteligencia y Terrorismo como las que debían resolver las misiones solicitadas por los magistrados, ambas controladas por Silvia Majdalani, por entonces la segunda de la AFI detrás de Gustavo Arribas. 

No mencionó a Alan Ruiz, el ex director de operaciones del organismo, también cercano a la "Turca" y detenido por las pruebas que recolectó el juez de Lomas de Zamora Luis Federico Villena sobre persecuciones a dirigentes oficialistas y opositores sin motivo a la vista. 

Pero sí se desvinculó del espionaje ilegal al Instituto Patria, sede política de Cristina Kirchner hasta diciembre, originado a partir de una causa en ese mismo juzgado de Villena y por el que este lunes pidieron procesar a Arribas y Majdalani. 

De Stéfano involucró a los abogados de la AFI como enlacen con los jueces; y a dos áreas que dependían de Majdalani como las encargadas de coordinar las tareas operativas que pedían desde Tribunales. Aseguró que le pasaban los oficios, pero sólo actuaba de consultor.  

"La tarea de la dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos era netamente consultiva, de asesoramiento, dictamen u opinión, en relación con los asuntos con potenciales derivaciones judiciales", leyó De Stéfano, conocido como "el enano", por su baja talla.

Su nombre fue repetido en las declaraciones de todos los agentes que pasaron por el Congreso y lo apuntaron como quien controlaba las principales operaciones de la AFI con una estructura sobre dimensionada. Aseguraron que transformó el área de Jurídicos de una oficina de revisión de oficios a otra de control de los agentes y hasta de las escuchas judiciales.  

Andrés Bertolini, un espía que pidió retiro en los últimos meses y trabajó en cotrainteligencia, delcaró la semana pasada ante los diputados y senadores que De Stéfano recibía las grabaciones y le enviaba las transcripciones específicas sobre los hechos que estaban bajo su investigación. Desconocía qué hacía con el resto del material. 

Aún más precisa había sido la ex agente Jimena Hornos: ante la bicameral que preside el diputado oficialista Leopoldo Moreau afirmó que el ahora director de los subtes, además de haber tenido acceso a las escuchas enviadas por los jueces, al menos desde 2018 controlaba "tareas de calle" de los espías en el Gran Buenos Aires junto a Pablo Pinamonti y Darío Biorci, cuñado y mano derecha de Majdalani. 

Cuando asistieron juntos al Congreso hace un año, Arribas y Majdalani reconocieron que De Stéfano y Pinamonti habían visitado el despacho del juez de Avellaneda Luis Carzoglio para consultarle si estaba en sus planes aceptar la orden de detención contra Hugo y Pablo Moyano. Justificaron aquella excursión en el interés de saber si podría haber disturbios en caso de ser trasladados a una cárcel.

El "enano" no se refirió a ese episodio, que lejos está de encuadrarse en la función de asesor jurídico que dice haber tenido, y apuntó al personal de carrera cada vez que mencionó a un juez. "Padilla se oficiaba de enalce entre los tribunales y las áreas que trabajaban en los asuntos correspondientes", insistió. Padilla y Martiré fueron los abogados históricos de la inteligencia del país, que según sus compañeros de otras áreas quedaron eclipsados cuando De Setéfano llegó con su tropa. 

Angelici, el próximo apuntado en la causa de espionaje ilegal 

"La documentación legal ingresaba a la AFI y era tramitada por la dirección de asuntos judiciales que funcionaba bajo mi órbita, lo que no significa que pasaran por mi en forma directa, aunque sí por los llamados simples directores de área y la subdirectora de la institución", leyó. No es casual que involucre a Majdalani: según el testimonio de Hornos, su vínculo era con Arribas, el jefe del organismo, también cercano a Angelici.

De Stéfano se definió como un "canalizador estrictamente formal", entre el área jurídica y las "operacionales", y asegura no haber tenido "conocimiento alguno" de las órdenes que les impartían los jueces. "Sólo ellos podían construir materialmente el informe".

Contó que la causa de Villena que derivó en el espionaje al Patria surgió como parte de una denuncia por la "probable acción de grupos antisistémicos" en el marco de las cumbres internacionales de esos años, como la de la OMC en 2017 y la del G20 en 2018. 

Y que fue investigada por contrainteligencia y por una flamante dirección operacional de inteligencia sobre el terrorismo, que según los agentes que declararon estaba a cargo de Biorci, o sea, al mando de Majdalani. Asegura que cuando Villena solicitó "amplias tareas" a fin de corroborar si los atentados eran veraces, los oficios iban a manos de los espías para que llevaran manos a la obra y él no se enteraba de nada. 

Destacó que el juzgado de Lomas de Zamora recibía los informes y muchas veces no concedía a "los pedidos" que le hacían desde la AFI, que evitó especificar. "Esos informes, que una fiscal federal (por Cecilia Incardona) reputa como falsos ideológicamente, fueron girados por las áreas operacionales que trabajaron en la causa y en base a información que ellos mismos produjeron en el seno de su área y bajo la órbita de su excelente incumbencia". 

Su única misión en este asunto, dijo, fue redactar con Martiré una carta al Congreso para dar cuenta de esas tareas. Y cuando supo de una causa en el juzgado de Martínez de Giorgi originada por la presentación de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti en la Comisión de Asuntos Constitucionales y la denuncia del ahora compañero Oscar Parrilli, le dio intervención a Contrainteligencia y Terrorismo y le facilitó datos a Padilla para que respondiera.

El ex director de jurídicos, que se describe como un disciplinado colaborador de los históricos de la Casa, termina su carta con una ofensiva a Martín Coste, ex director de Contrainteligencia desde 2018, cuando reemplazó a Diego Dalmau Pereyra, el sucesor del mítico Jaime Stiuso. La intervención del organismo lo dejó en el banquillo de los acusados.  

Coste, según su declaración en el Congreso, supo del espionaje al Patria ni bien pisó la oficina y cuando le preguntó a Majdalani lo involucró a De Stéfano, quien, enterado, sostuvo que de haber sido así debió denunciar cualquier irregularidad ante sus superiores y no esperar dos años a que lo llamara un diputado. 

"Pero todo hace suponer que (Coste) supo de las acciones y operaciones ejercidas porque las dispuso, las conocía o las debería conocer, cuando le informaron por escrito no sancionó a quien las llevaba a cabo, las comunicó a sus superiores cuando se la requirieron, o a (la dirección de Asuntos) Jurídicos por escrito para que diera respuesta a un oficio del juez Marcelo Martínez de Giorgi", interpretó el abogado.  

El martes la bicameral recibirá a Martiré, que puede explicar cómo nadie si la Dirección de Jurídicos creció tanto como cuentan los agentes. Y a Bernardo Migues, el ex empleado del juzgado del fallecido Claudio Bonadio, mencionado en los testimonios como colaborador de De Stéfano, a la espera de un llamado de Tribunales. Nunca lo citaron.