El oficialismo impuso su mayoría en el Senado y dictaminó la reforma judicial con el objetivo de aprobarla la semana próxima e iniciar una trabajosa negociación en Diputados, donde no tiene garantizada la mayoría por la rebelión de Roberto Lavagna y del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

La hoja de ruta de la Casa Rosada es tratarlo en esa Cámara junto la ley de presupuesto, que llegará el 15 de septiembre y contendrá la asistencia para las provincias en 2021. Córdoba necesita refuerzos para pagar salarios, jubilaciones y negociar su deuda en dólares. El nexo con los emisarios de "El Gringo" es el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro, que garantizó partidas de ATN y Anses antes de la última sesión de Diputados. 

La reforma anticipó los tiempos de su negociación con las provincias: este mediodía, en las reuniones remotas entre los referentes del Senado se filtraron reclamos de Misiones y temían que Magdalena Solari Quintana no firmara el despacho. 

Fue necesario confirmar los anuncios de obras por 20 mil millones de pesos que, casi a la misma hora, Alberto Fernández hizo a varios gobernadores por teleconferencia, entre ellos el misionero  Oscar Herrera Ahuad y al cordobés Schiaretti. "Creo que ahí avisó como viene la mano", interpretaban en el oficialismo del Senado. 

Adolfo Rodríguez Saá fue otro rebelde: reclamó incorporar plazos para que la Corte emita sentencias y ampliar las competencias de los tribunales orales a las que tienen las cámaras. No se lo concedieron, volverá a pedirlo en el recinto y cuentan con llegada a cuatro diputados para complicar las cosas si no lo escuchan.

Fotografía HCSN

Como anticipó LPO, los senadores oficialistas redistribuyeron los 94 juzgados federales del interior del país, con la creación de Cámaras de Apelaciones donde no las hay. Y se incorporaron otras modificaciones, como la eliminación de la fusión del fuero contencioso administrativo con los civiles y comerciales de la Ciudad, que para muchos expositores, como el Cels de Horacio Verbitsky, podría haber traído más problemas de competencia de los que ya existen. 

Seguirá como está y se creará un "Tribunal de solución de conflictos" para esos casos, según anunció la oficialista María de los Ángeles Sacnun al inicio del plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. 

Se mantendrá la fusión de los tribunales penales con el penal económico, que sumarán 46 y absorberán las las causas por corrupción. Y en lo que algunos opositores interpretaron como una negociación con los magistrados, que tienen la llave para declarar inconstitucional la ley, se mantendrá el examen escrito para ocupar los 23 juzgados nuevos por un año,  un sistema de subrogancias excepcional con intervención del Consejo de la Magistratura que en el oficialismo insisten en revisar. 

Límites a la Corte y al Procurador, la otra reforma judicial que planea el Gobierno

El proyecto limitaba la evaluación a una entrevista oral y minimizaba el valor de la entrevista final en el puntaje, cambios que están siendo evaluados por el comité de expertos en la otra reforma judicial, que llegaría con nuevas reglas de juego para la Corte Suprema y el Ministerio Público. 

Pero otro artículo incorporado esta tarde obliga a grabar los sorteos de las causas "bajo apercibimiento de nulidad", un límite al poder de algunos jueces protagonistas de las denuncias más resonantes. La ministra de Justicia Marela Losardo informó que el costo de la reforma será de 1900 millones de pesos, menos de la mitad de lo estipulado por Cambiemos. 

El dictamen también avanza en la competencia exclusiva del régimen penal juvenil y se mantiene la de las secretarías especializadas en Derechos Humanos. No se agregarán fiscalías y defensorías a las 85 y 23 que se suman en el proyecto, pese al reclamo de la mayoría de los expositores porque serán las encargadas de instruir las investigaciones en los sistemas acusatorios que empezaron a implementarse en forma gradual por las provincias. 

El oficialismo no aceptó sumar fiscalías y defensorías como pidió la mayoría de los expositores, porque serán las que investiguen el sistema acusatorio. Rodríguez Saá reclamó que haya plazos para que la Corte emita fallos. 

Su despliegue será definido en la bicameral que coordina su puesta en marcha, presidida por la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. "El presidente Mauricio Macri postergó la aplicación del sistema acusatorio por decreto. La intención de este gobierno es avanzar. Entiendo que esta partidización de absolutamente todo lo que pasa por el Congreso y oponerse por oponerse no es una actitud que los argentinos esperan de nosotros", se molestó.

"Hemos recibido más de 40 expositores de todo el país. Ha sido muy variado y federal. Todos han aportado modificaciones, inclusive superadoras en algunos casos del proyecto de ley y hoy vamos a firmar dictamen. Si es posible lo trataremos la semana que viene en el recinto", anunció la mendocina.

Le respondió la radical tucumana Silvia Elías de Pérez. "No se puede hablar de reforma cuando en realidad lo que se persigue es una burda intervención de un poder del Estado. Al igual que en (la cerealera) Vicentin, Alberto Fernández quiere tomar el control para definir qué se investiga y qué no, a quién sí y a quién no".

Los senadores de Cambiemos participaron de los cinco plenarios pero se negaron a negociar modificaciones: el lunes, el jefe del interbloque Luis Naidenoff le anticipó a Sacnun que votarían en contra sea cual sea el texto final. El rechazo a la reforma fue una de las consignas del banderazo del lunes y ayer las autoridades del principal frente opositor le pidieron al presidente retirar el proyecto. No lo lograron.

"Cuando se discuten recursos en situaciones terminales siempre la prioridad tiene que orientarse a dar respuesta a demandas sociales. Una cosa es reformar la Justicia en beneficio de los ciudadanos y otra en beneficio de los intereses políticos", protestó Naidenoff.

Al no participar de la negociación, los cambiemistas no tuvieron acceso al texto que esta noche negociaban aún entre senadores, gobernadores y emisarios del Ministerio de Justicia. Seguía la pelea el reparto de juzgados y agotarían el tiempo hasta el jueves para difundir el dictamen definitivo. El reglamento lo permite.

El jefe del oficialismo José Mayans recordó que el artículo 14 mantiene la causas en los tribunales correspondientes y por lo tanto no se puede denunciar un intento de impunidad. "Veo que hay personas que no se informaron, sino que escucharon voces de ciertos sectores opositores sin leer el proyecto".  

Llamados a Schiaretti

Mientras los senadores negociaban la letra final del dictamen, vía zoom, supieron que Schiaretti había filtrado en los medios que sus cuatro diputados no apoyarán la reforma judicial y de esa manera, a la fecha, no tiene los votos para ser sancionada en la Cámara baja. 

El frente de Todos tiene 118 votos propios (podría sumar uno más si retorna José Ignacio de Mendiguren), la ayuda de la neuquina Alma Sapag y de 6 de los 8 miembros de Unidad para el Desarrollo, el bloque conducido por el mendocino José Luis Ramón, creado en diciembre para oficiar de aliado permanente. 

Ya encontró las primeras fisuras: la tucumana Beatriz Ávila se desmarcó en la votación de la moratoria y la ampliación presupuestaria y anunció que tampoco aprobará la creación de nuevos Tribunales en todo el país. Es esposa del intendente de la capital de su provincia, Germán Alfaro, molesto por la falta de ayuda de la Nación y sin chances de armar listas con el gobernador Juan Manzur el año que viene. 

Schiaretti se suma al rechazo de Lavagna y tambalea la reforma judicial

Una situación parecida se encuentra José María Carambia, intendente de Las Heras, Santa Cruz. Su hermano Antonio es otro de los rebeldes del bloque de Ramón que en la última sesión se alió a la oposición. 

Otro de los "ramones" es Pablo Ansaloni, referente del gremio de empleados rurales, UATRE. Tanta es la necesidad de sostenerlo, que Máximo Kirchner visitó hace unos meses su secretario general, Ramón Ayala; y la semana pasada lo recibió Axel Kicillof. Fue con el diputado. 

Los números empezaron a complicarse este martes por la noche, cuando su trío de diputados de Consenso Federal, el sello de Roberto Lavagna, anunció que votará en contra. Pronto los siguieron sus pares Eduardo Bucca y Andrés Zottos; y esta mañana se conoció la rebelión de los cuatro cordobeses, sin declaraciones de ninguno de ellos.

No tardó en sumarse la dupla de socialistas santafesinos (Luis Contigiani y Enrique Estévez), que completan los 11 votos del interbloque federal, coordinado en los papeles por Bucca. "La reforma judicial es un tema central que se debe debatir con el objetivo de construir consensos amplios y esto no está ocurriendo. El quórum y la forma de sesión también se construye en base a acuerdos y por el momento no los hay". 

La aclaración de los socialistas sobre el quórum no es casual: los operadores oficialistas del Congreso aseguran que Schiaretti podría ayudar para abrir la sesión y con algunos artículos en particular. "Dijo que no apoyará; no que votará en contra", diferenciaban. La negociación será simultánea al presupuesto, que obligará a los gobernadores a negociar su parte del tesoro nacional. 

Ni bien comenzó el confinamiento por la pandemia, el presidente se comprometió por decreto a financiar a los déficit previsional de 6 provincias, entre ellas Córdoba, y las cuotas restantes deben estar en el cálculo de gastos de 2021. 

Este mismo miércoles, De Pedro anunció un proyecto de ley para refinanciar las deudas por la llamada "Ley de reparación histórica de 2016", en la que Macri garantizó cubrir los rojos en las cuentas jubilatorias de las provincias, al menos hasta igualar los haberes que paga Anses. 

La otra urgencia de Córdoba es la refinanciación de la deuda con bonistas extranjeros que iniciará el ministro de Hacienda Martín Guzmán y podría tener algún capítulo en el presupuesto.

En el oficialismo hasta especulaban con un intento de Alberto por buscar votos con los gobernadores radicales de Cambiemos: Rodolo Suárez (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés. (Corrientes). No parece haber clima político para lograrlo. Pero los necesita.