El PSOE unió sus votos a los de Partido Popular y la ultraderecha Vox para frenar este martes en la Mesa del Congreso la admisión a trámite de una comisión de investigación relacionada con las finanzas del rey emérito solicitada por Unidas Podemos y de otra sobre la Casa Real reclamada las agrupaciones vascas y catalanas de ERC, Bildu, JxCat, la CUP, Más País, Compromís y el BNG.
Podemos había registrado la petición de comisión sobre el uso de las tarjetas de crédito opacas por parte de Juan Carlos, mientras que los grupos Republicano, Plural y Bildu pidieron otra para investigar presuntas irregularidades cometidas "por miembros de la Familia Real".
Según fuentes parlamentarias, la creación de las dos comisiones se ha rechazado "de acuerdo con los antecedentes existentes y los informes de los letrados". Desde la formación morada denuncian que "prácticamente no ha habido debate desde el punto de vista jurídico". Se trata de la cuarta vez en lo que va de año que las comisiones de investigación de la monarquía son frenadas por el órgano de gobierno de la Cámara.
El secretario primero de la Cámara Baja, Gerardo Pisarello, insistió en que ellos pedían investigar hechos posteriores a la abdicación y dijo que "no hay ningún argumento" para que el Parlamento no pueda investigar lo que están investigando los tribunales". El uso de tarjetas opacas que está indagando la Fiscalía del Tribunal Supremo se produjo cuando ya había abdicado en favor de Felipe VI.
"Estamos estupefactos porque es una arbitrariedad escandalosa. Es una negativa política que degrada al Congreso y supone reírse en la cara de la ciudadanía", ha mantenido. En este sentido, ha considerado que el rechazo a la comisión de investigación "implica tratar a España no como una monarquía parlamentaria sino como una monarquía absoluta".
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Los servicios jurídicos de la Cámara llevan tiempo manteniendo el criterio de que tanto la Constitución como el propio Tribunal Constitucional impiden que la Cámara investigue al Rey emérito. El informe se refiere expresamente a "la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y especialmente los dispuesto en los artículos 56.3 y 65" de la Carta Magna.
Fuentes de Unidas Podemos aseguraron que el debate se ha solventado en la Mesa "en apenas cinco o diez minutos". "Consideramos que el Parlamento tiene funciones tasadas en la Constitución y no está la de controlar al rey", sostuvo el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas.
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Los servicios jurídicos interpretan que las prerrogativas de "inviolabilidad" y de no sujeción a responsabilidad del Rey son "absolutas, abarcan la totalidad del periodo en el que se ejerce la Jefatura del Estado" y "tienen efectos jurídicos permanentes". Al respecto hay abierto un debate doctrinal entre los expertos. Los letrados, en cambio, hacen referencia a una sentencia de 2019 del TC, en la que se sostiene que la especial protección jurídica que es propia al jefe del Estado se relaciona "con la persona y no con las funciones que el titular de la Corona ostenta" y se "configura como un privilegio de naturaleza sustantiva".
Por su parte, Más País y Compromís han anunciado que volverán a presentar su denominada 'Ley de Responsabilidad de la Corona' que fue vetada en septiembre también por el Congreso y que pretendía acotar, entre otras cosas, el régimen de inviolabilidad del rey.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha advertido que el órgano de gobierno de la Cámara no puede descartar una iniciativa legislativa pronunciándose sobre su eventual constitucionalidad. En este sentido, ha dicho que los socialistas pueden votar en contra de la tramitación de la ley cuando llegue a Pleno, pero no en la Mesa. "Las leyes no se vetan, se discuten y si es caso se votan en contra", ha zanjado.
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