El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) denunció una superpoblación en las cárceles y reclamó considerar una baja de la pena máxima, estimada en 50 años desde 2004 por presión de Juan Carlos Blumberg, padre de un joven secuestrado aquel año y convertido en emblema de la lucha contra la inseguridad.

El planteo lo llevaron los comisionados del organismo a un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos, organizado por los oficialistas Carolina Gaillard y Hugo Yasky para debatir sobre prevención de torturas, en el que hubo exposiciones sin cruces entre oficialistas y opositores, como había ocurrido el miércoles con un nuevo debate sobre violencia institucional. 

El CNPT fue creado en 2017, está integrado por representantes designados por legisladores (como su presidente Juan Irrazabal), del Gobierno y de organizaciones no gubernamentales, entre ellos el comisionado Gustavo Palmieri, referenciado en el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) de Horacio Verbitsky, quien cuestionó la superpoblación de cárceles y la adjudicó al aumento de las detenciones.

Pero además, advirtió que la pena máxima de 50 años de prisión colisiona con los estándares internacionales y podría traer problemas al país en los organismos. "Es una pena sin salida anticipada, de cumplimiento efectivo. Hay antecedentes en tribunales europeos y en algunos dictámenes del Tribunal interamericano de derechos humanos sobre que no hay socialización posible con esa pena y se considera un trato inhumano y cruel, que no tiene ningún sentido", planteó.

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Lo hizo luego de denunciar una superpoblación carcelaria de hasta 30 o 40% en algunas provincias, "que implica personas detenidas en condiciones de trato cruel e inhumano" y lo adjudicó a "la extensión de las penas máximas, la prohibición de medidas graduales de libración y la prohibición de libertades condicionales para ciertos delitos. Hasta se empezó a impedir penas cortas, o modificaciones por trabajo comunitario". 

Pero Palmieri cuestionó además algunas modificaciones legislativas como la ley de flagrancia sancionada en 2016 por iniciativa de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que permite un proceso sumarísimo a quienes son interceptados cometiendo un delito. Y también puso el ojo en el sistema acusatorio, que consiste en cederle la investigación penal a los fiscales, se aplica en varias provincias y se implementa gradualmente en la órbita federal. 

"Se vio que genera un incremento del encarcelamiento en América Latina", destacó Palmieri. Y dejó como datos adicionales el incremento de las detenciones por narcomenudeo, que desde 2005 está bajo la órbita de las provincias. 

 Se da la situación de que hay condenados por un periodo muy corto, ya sea 15 días o 2 meses, lo que provoca disturbios con otros. Estas penas cortas son simples castigos, ya que no sirven para ellos ni para los otros condenados a más años. 

El comité también lo integra la ex diputada Diana Conti y explicó que para promueve "la no restricción a las salidas transitorias, debido a que la persona privada de la libertad tenga interacción con el mundo exterior es muy útil. Y hay que respetarlo por más que tengamos en contra a la prensa", desafió. 

Gaillard no adelantó nuevas legislaciones para acotar el problema de la superpoblación carcelaria, aunque por ahora no hay detalles si se tratará de construir más cárceles o reducir detenciones.

"Tomamos seriamente cada observación que nos brindan, junto a la información que nos acercan otros organismos y esperamos aportar todos los instrumentos legislativos posibles para lograr una verdadera reinserción social de la población carcelaria", sostuvo Gaillard.

También expuso la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia e interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPN), María Laura Garrigos, y reconoció que las celdas están abarrotadas.  "No nos estamos agrandando con las unidades que se están construyendo:  estamos achicando para cumplir con los fallos judiciales".

"La situación de las personas alojadas en comisarias y en otras dependencias de fuerzas de seguridad no va a mejorar, es probable que empeore, ya que tenemos que obedecer ese habeas corpus y otro que nos obliga a bajar las camas dobles en el complejo de Ezeiza", detalló.

Y coincidió con Palmieri que la ley de flagrancia demandó mayores detenciones. "Se da la situación de que hay condenados por un periodo muy corto, ya sea 15 días o 2 meses, lo que provoca disturbios con otros. Estas penas cortas son simples castigos, ya que no sirven para ellos ni para los otros condenados a más años".

"Si eliminamos las posibilidades de las salidas transitorias, si eliminamos la libertad condicional, si eliminamos la modificación de la pena por trabajo comunitario, estamos eliminando todos los incentivos para que la personas quieren progresar en el régimen progresivo de la ley de ejecución penal. Sería interesante que se pensara alguna nueva modalidad para las penas cortas de prisión que son simples castigos", propuso.

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, estuvo en la misma sintonía. "La gente para entrar a la cárcel a cumplir su condena, tiene que salir, si no admitimos esto y seguimos enviando gente, no hay ningún sistema penitenciario que soporte".

Martínez había pedido en su última exposición ante el congreso vacunas para los presos y esta vez tomó su reclamo Diana Conti, al menos para "la población de riesgo que está en cierro en cárceles y en comisarías".  

También se pidió por la instalación de videocámaras en lugares de detención de "modo de control de la actividad del ‘carcelero'".