El gobierno boliviano y el poder judicial avanzan en la mega causa denominada "Golpe de Estado" que busca determinar los responsables políticos de la interrupción del orden democrático y las posteriores represiones que se llevaron la vida de casi 40 personas. 

Por este causa, está detenida en prisión preventiva la ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, cuyo situación podría empeorar.  En las últimas horas, el canciller Rogelio Mayta dijo que "en relación a las penas, hay que ser claros, se está ante delitos de lesa humanidad, los mismos tienen la máxima sanción". 

"El Estatuto de Roma establece que un hecho como la masacre, las ejecuciones extrajudiciales, merecen 30 años y por la investigación que se tiene y se la califica como autora de los delitos de lesa humanidad, Áñez podría ser pasible a 30 años" de prisión, precisó el canciller boliviano. 

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El contexto de la declaración del funcionario boliviano se produce luego de la presentación del informe del  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que calificó de masacres a operaciones militares y policiales ordenadas por el Ejecutivo transitorio de Áñez, que dejaron decenas de civiles muertos y numerosos heridos.

El GIEI que trabajó en Bolivia es el tercer grupo de este tipo constituido por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), después del que investigó la matanza de estudiantes de Ayotzinapa en México y la violencia política en Nicaragua.  

El Estatuto de Roma establece que un hecho como la masacre, las ejecuciones extrajudiciales, merecen 30 años y por la investigación que se tiene y se la califica como autora de los delitos de lesa humanidad, Áñez podría ser pasible a 30 años

En paralelo, el entorno de quien lideró el golpe contra Evo Morales denuncian que Añez está sufriendo una actitud "revanchista" que está poniendo en riesgo su salud. Su hija publicó recientemente una imagen que abonó a esa teoría.

Áñez fue hospitalizada por tercera vez en una semana para realizarse exámenes médicos y devuelta al penal a las pocas horas. Su abogada, Norka Cuéllar, insiste en que su salud está "muy afectada" y afirmó "la sacaron sin avisar a la familia ni a la defensa y recién ahora nos han llamado, cuando ya está ingresando de vuelta al penal".

El presidente Luis Arce recibe el informe de manos de la representante del GIEI Patricia Tappatá.

La ex presidenta de facto fue llevada a primera hora a un hospital de El Alto, ciudad contigua a La Paz, donde se le realizaron estudios cardiológicos y otros solicitados por sus familiares y médicos que la atendieron la semana pasada.

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Sin embargo, los médicos del Instituto del Tórax de La Paz que la examinaron dos veces la semana pasada le diagnosticaron hipertensión y ansiedad, pero fue retornada a prisión después de que la encontraran "totalmente estable".

Al respecto, LPO consultó a fuentes del gobierno boliviano que están siguiendo de cerca el proceso judicial y dijo que "con sólo el dictado del decreto 4078 que es el instrumento legal por el que el Áñez le dio carta blanca a los militares y policías para actuar, eximiéndole de responsabilidades penales con el propósito concreto y especifico de reprimir manifestaciones masivas alcanza para que su tiempo en la cárcel sea largo". "Ese decreto fue derogado a las dos semanas con el argumento de que se había logrado la pacificación. Lo que no dijo es que esa "pacificación" le costó al país 37 muertos", añadió la fuente. 

Con sólo el dictado del decreto 4078 que es el instrumento legal por el que el Áñez le dio carta blanca a los militares y policías para actuar, eximiéndole de responsabilidades penales con el propósito concreto y especifico de reprimir manifestaciones masivas alcanza para que su tiempo en la cárcel sea largo

Otra fuente que asesora judiciales al gobierno de Bolivia dijo a LPO que "la gravedad de los acontecimientos vuelve irrelevante si existiera animosidad contra Áñez. Lo que hubo fue un golpe de estado moderno con represiones a las protestas desatadas por la salida de Evo. Violaron los derechos humanos, no solo en Sakaba y en Senkata sino con persecuciones, criminalización, detenciones ilegales y extorsiones judiciales a lo largo de todo ese año".

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Otro debate que abre la prisión de la ex gobernante es sobre los otros actores que participaron del golpe pero no están siendo judicializados. Uno de ellos es Luis Fernando Camacho que, según sostienen en  el MAS, por el delito de sedición tras pedir la renuncia del presidente. 

Las fuentes consultadas por LPO explican que "eso es ilegal. Por más representante del Comité Cívico, eso no se puede hacer. El problema es que tardaron mucho tiempo y Camacho fue electo gobernador de Santa Cruz".

Uno de los arquitectos de la llegada de Añez fue Jorge "Tutto" Quiroga, ex senador y candidato presidencial de las pasadas elecciones pero es más difícil de culpar porque ni siquiera integró el gobierno. Las otras dos figuras que en el Gobierno quieren juzgar es al ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que se encuentra detenido por corrupción y lavado de activos en Estados Unidos, y Oscar Ortiz, Senador con el que armaron la autoproclamación de Añez violando todos los protocolos de la Cámara de Senadores. 

En el Gobierno de Arce quieren ir a fondo en la causa por los responsables del golpe de estado y por eso defienden la detención de Añez, algunos de sus funcionarios y los comandantes de las Fuerzas Armadas que participaron, pero al mismo tiempo no quieren avanzar sobre otros dirigentes políticos para no alimentar la narrativa de la oposición que habla de persecución política.