El gobierno de Luis Lacalle Pou tiene un nuevo frente de batalla. Después de ser criticado por la oposición por insistir en la reducción del gasto público, la polémica por la Ley de Urgente Consideración que será sometida a referéndum y los reclamos de los trabajadores de la salud por mejores salarios, ahora se le suma una protesta y huelga de los docentes. 

El motivo es la falta de inversión en el sector educativo durante la primera etapa de la pandemia, la intención del Estado de reforzar la educación privada y la proyección de aumentar las partidas para el período 2022.

En ese marco, en medio de la discusión del proyecto de Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados donde se puso en evidencia la falta de recursos destinados a la educación, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) inició paro con movilización en reclamo de más presupuesto para la educación pública. 

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Según los gremios, en el presupuesto hay "recortes" y es "sumamente austero". Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), y Héctor Cancela, presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), fueron los principales oradores en el acto realizado en las afueras del Palacio Legislativo.

Además, el oficialismo presentó una reforma educativa que consideran que "constituye un claro mensaje" en línea con el "ataque a la educación pública", que afectará tanto a estudiantes como a familias y trabajadores. 

El pedido de los sindicatos es por un presupuesto mínimo para la educación de 6% más 1% del producto interno bruto para investigación e innovación. No solo no lograron sino que estiman un recorte presupuestal de unos 300 millones de dólares al cierre de 2024 que impactará de "forma regresiva" en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en la Universidad de la República (Udelar), en la Universidad Tecnológica (UTEC) y en las instituciones que llevan adelante e impulsan procesos de investigación científica e innovación, como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. 

El pedido de los sindicatos es por un presupuesto mínimo para la educación de 6% más 1% del producto interno bruto para investigación e innovación. No solo no lograron sino que estiman un recorte presupuestal de unos 300 millones de dólares al cierre de 2024

LPO dialogó con Sebastián Sabini, diputado del Frente Amplio, docente e integrante de la Comisión de Educación quien planteó que "venimos de un presupuesto de recorte donde se redujo el gasto en todas las áreas del estado, primero a través de decreto y después en el propio proyecto de presupuesto". 

La diaria. Ernesto Ryan

Sabini señaló que "el recorte se ha dado por dos vías. La no ejecución del presupuesto asignado y luego por el propio ajuste de lo que ya tiene. El primer impacto se ve en los salarios de los trabajadores en donde por primera vez en 15 años han quedado por debajo de la inflación haciéndole perder un 5 por ciento del poder adquisitivo".

"Lo otro que está pasando es que se redujo la inversión. Tenés menos grupos, menos horas de coordinación y de docencia directa. El volumen del presupuesto ronda al 5 por ciento que perjudica básicamente el sueldo de los maestros y la calidad educativa. Esto entre otras cosas puso en pausa la finalización de obras en escuelas, jardines y eliseos. Las autoridades no son claras en esto", añadió el diputado. 

El primer impacto se ve en los salarios de los trabajadores en donde por primera vez en 15 años han quedado por debajo de la inflación haciéndole perder un 5 por ciento del poder adquisitivo

El diputado frentemplista calificó a la política educativa de Lacalle Pou como "contraria a la participación popular y que mira mucho al sector privado. Es un gobierno es que está muy lejos de fortalecer la educación pública". 

Sabini detalló que en la Ley de Urgente Consideración aprobada al inicio de la gestión de Lacalle Pou "se busca penalizar todo tipo de movilización y el derecho a huelga y eso afecta a la participación de los docentes". "Uno de los cambios más fuertes es la inclusión de la educación privada en el desarrollo de las políticas públicas. Eso es novedoso porque en Uruguay está separada la Iglesia del Estado y la mayoría de la educación privada son confesionales", añadió. 

Pablo Da Silveira, ministro de Educación de Uruguay.

Sebastián Sabini advirtió que si el Gobierno continúa con estas políticas las consecuencias "nada buenas" y recalcó que "el año pasado en plena pandemia, en donde pudieron sortear muchas gracias al fortalecimiento del sistema de salud heredado del Frente Amplio y un sistema educativo en donde todos los alumnos tenían acceso a una computadora con acceso internet garantizado por una empresa pública, se ahorraron mas de 600 millones de pesos uruguayos (unos 15 millones de dólares) cuando tuviste reducción de ingresos de las familias, dificultades de conectividad en la educación media superior y no se fortalecieron los equipo multidisciplnarios". 

"Estamos hablando de un gobierno que en medio de la peor pandemia mundial, donde sólo el 40 por ciento de los estudiantes pudieron tener conectividad para asistir a las clases, no invirtió un peso para el otro 60 por ciento", agregó el dirigente uruguayo. 

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Para Sabini, la perspectiva en la educación uruguaya es de "profundización de las diferencias porque el gobierno presentó un proyecto de reforma educativa en donde la tónica es falta de participación". "Es un gobierno que ve a los sindicatos como el problema de la educación y que desconfía de la gente", finalizó.

La respuesta del Gobierno frente a la medida de fuerza fue un ultimatum del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que pidió que "sea la última medida y que se avance hacia "maneras más sensibles de expresar reivindicaciones".