Martín Guzmán todavía no habló con legisladores del Frente de Todos después de la derrota electoral del domingo, pero en las últimas charlas que mantuvo mientras redactaba el presupuesto dejó claro algo: su única apuesta para normalizar la economía es un pronto acuerdo con el FMI.

Su posición choca contra el sector más intransigente del oficialismo, que duda si es oportuno destinar dólares al organismo internacional en una profunda crisis económica y social, pero no parece dispuesto a modificarla.

En el mejor de los casos, sostiene que podrá conseguir un período de gracia para liberar o suavizar los pagos de intereses, pero no quiere retrasar la firma más allá de los primeros meses de 2022, cuando si no hay un vencimiento de 18 mil millones de dólares. 

El kirchnerismo presiona a Guzmán para que aumente el gasto social y amenaza con trabarle el presupuesto

No pagar sin un acuerdo previo significaría entrar en default y para Guzmán no hay país viable en esas condiciones. "Sin previsibilidad en los pagos de deuda no hay macroeconomía que funcione", repite y explica que la oferta del FMI de pagar a 10 años con un tramo inicial de gracia es la mejor posible.

La pelea pasa por bajar los intereses, con la excusa de haberse tratado un crédito por encima de las posibilidades de pago de Argentina. No es una concesión fácil y menos aún después de perder una elección legislativa. La expectativa de un cambio de gobierno en 2023 también llega a los organismos internacionales.

"Estamos en una negociación política y económica, porque claramente a los países con mayores acciones en el FMI no les gusta para nada nuestra relación con China. No será fácil destrabarla, pero tampoco entrar en default", sostuvo ante LPO uno de los legisladores que suele pisar al Ministerio de Hacienda.

Guzmán por ahora no acepta los planes fiscales ortodoxos y quienes lo frecuentan aseguran que hasta niega haber hecho un ajuste este año, pese a que la recaudación subió por encima de lo previsto y no fue acompañada por el gasto.

"Si no tenemos disciplina fiscal y no hay crédito, no nos queda otra que emitir", explica el ministro cuando le reprochan su acotado gasto, que si se mantiene igual para 2022 podría complicar el tratamiento del presupuesto.

 El ministro justifica la inflación al 50%, casi 20% por encima de lo pautado en el presupuesto, en un aumento de la demanda local que se repitió en todos los países, sólo que las cifras siempre son más chicas. Recuerda que en Estados Unidos superará el 5%.   

Además de sus recortes a gastos sociales, en el oficialismo le recriminan a Guzmán su baja o nula política de impulso a la economía real, como los planes de vivienda, que además de darle techo a las familias moviliza hasta 300 sectores de la construcción. 

Y recuerdan que el salario mínimo está casi la mitad que una canasta básica, una relación inaudita que sólo puede ahuyentar votantes. Hay pendiente de tratamiento en Diputados una ley que prorroga por 90 días un plan para construir viviendas con fondos repatriados en el exterior. 

La demora en la reglamentación impidió activar la primera parte del plan, una situación que se repitió en otras leyes que también tardaron en implementarse porque no llegaba la firma de Guzmán.