Cristina Kirchner anunció el lunes 14 de septiembre de 2009 que las empresas de telefonía quedaban fuera del negocio del triple play, que incluía Internet, telefonía y televisión, todo en uno, según recordó La Nación. 

El punto era un escollo para el consenso que en ese momento requería en el Congreso la Ley de Medios, que se aprestaba a aprobar esa misma semana la Cámara de Diputados.

"He decidido eliminar del anteproyecto que las telefónicas puedan participar", expresó ese día en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada montada especialmente para dar a conocer esta novedad que significaba que el Gobierno había cedido en uno de los puntos más polémicos de la ley de radiodifusión que impulsaba. Cristina lo hizo antes de viajar a reunirse en Chaco con el entonces gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich.

Antes de anunciar el cambio, Cristina Kirchner realizó una pormenorizada justificación de por qué el ingreso de las telefónicas figuraba en el proyecto original.

"La inclusión de las telefónicas tiene que ver con la distinción entre contenido, distribución y repreproducción de contenidos y con la convergencia tecnológica que, indefectiblemente, se se va a dar. Sería tapar el sol con las manos no aceptarlo", comenzó.

"Quiero que quede claro el por qué de la inclusión: dotar a la sociedad de un instrumento legal que pueda permitir que se escuchen las voces de todos y se desmonopolice este sector", argumentó antes de anunciar la modificación.

Entonces, con ese preludio, precisó las modificaciones y justificó su decisión: "He decidido eliminar del anteproyecto que las telefónicas puedan participar en este ámbito y sólo dejar [que puedan hacerlo] capacidad a las cooperativas telefónicas para desterrar cualquier duda sincera que pueden haber tenido respecto de que tal vez la presencia de las telefónicas pudieran haber generado un nuevo monopolio".

Por otro lado, agregó que también lo hacía para "desterrar las excusas que les puedan haber servido a otros para no tratar la ley democráticamente".

En este punto, reconoció que el tema constituye "el mayor escollo" para el logro de consensos en el Congreso y pidió en ese momento que, de aprobarse, "la ley sea una ley de consenso más allá de las diferencias".