Las asociaciones de consumidores que rechazan el tarifazo a los servicios públicos advirtieron que las "audiencias informativas" que realizará el ministro de Energía, Juan José Aranguren, no cumplen con los requisitos para avalar los aumentos a la luz y el gas, suspendidos por la Justicia.

El funcionario adelantó el lunes que el Gobierno realizará a fines de mes una "audiencia informativa" para dar a conocer el valor de "la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo", que será previa a la audiencia pública de octubre por los incrementos para el 2017.

La no realización de las audiencias fue el motivo por el cual la Justicia suspendió los aumentos de gas y luz. Hasta la semana pasada, el Gobierno decía que no era necesaria la realización de las audiencias, pero incluso dentro de Cambiemos decían que el único camino para concretar los aumentos era hacer la convocatoria. 

Ahora, Aranguren convocaría a una instancia intermedia con el objetivo de enviarle un mensaje a la Corte Suprema, que ya tiene en sus manos el expediente por la suba del gas. El máximo tribunal habría hecho saber que sin la audiencia pública no hay forma de encontrarle una salida legal al tema.

Pero incluso la propia Elisa Carrió le explicó públicamente a Mauricio Macri que la forma de cerrar este conflicto es derogar los aumentos, convocar a audiencias públicas y recién ahí dictar una nueva resolución con los topes y la tarifa social, que según Aranguren están en riesgo por los fallos judiciales. 

A pesar de la explicación de Lilita, el Gobierno pretende convocar a audiencias sobre los aumentos que ya ejecutó. Es por eso que las asociaciones de consumidores ya salieron a advertir que la convocatoria no cumple con los requisitos legales para justificar las subas.

Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos, una de las asociaciones que presentó el amparo que frenó la suba de gas, afirmó que "no alcanza solo con realizar una audiencia informativa" para levantar las medidas judiciales, y sugirió que el Gobierno podría "esconder información".

"Queremos discutir qué es lo que estamos pagando, cuál es el precio real, y ver qué pasa en cada una de las ciudades, porque la realidad es distinta en cada una de las provincias", puntualizó Procelli, que aclaró que la audiencia "es importante siempre que discuta con toda la información de todo lo que pasó en estos años y cuánto está la tarifa hoy".  

El titular de la asociación recordó en diálogo con radio La Red que la audiencia convocada en la provincia de Buenos Aires por el aumento de la luz "fue impugnada porque no estaban dadas las condiciones, porque no estaba toda la información y no estaban todas las partes".

Por su parte, Osvaldo Riopedre, abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ADECUA), afirmó que la audiencia informativa "no va a cumplir los requisitos" para avalar los aumentos en las tarifas de los servicios públicos. 

"Vamos a perder tiempo, va a haber impugnaciones, van a haber jueces interesados en que esas impugnaciones prosperen, y vamos a retrasarnos 20 o 30 días más", aseguró Riopedre en declaraciones a radio Continental.

El abogado de Adecua le pidió al Gobierno ser "serios y responsables, cumplir con las normas" porque si no, el conflicto durará "todo el año". "Las empresas no recaudan y los usuarios algún día van a tener que pagar. Y si se juntan dos o tres facturas, si no se puede pagar una, menos van a pagar dos o tres", subrayó Riopedre.

La realización de las audiencias esta reglamentada e implica la participación de representantes de las empresas del sector, de las organizaciones de usuarios y consumidores para debatir aspectos técnicos y económicos de la política tarifaria, coordinados por los organismos reguladores (ENARGAS y ENRE).