La ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal Fe -Nº 27.715 (B.O 03/05/2023), cuya implementación plena junto con el Código Procesal Penal Federal llevará algunos años, resulta insuficiente para alcanzar los objetivos propuestos frente a la magnitud de la problemática en cuestión ya que el abordaje del narcotráfico en el ámbito represivo no solo debe ser efectuado desde la faz judicial sino también brindando una logística adecuada para las fuerzas federales y provinciales e implementando en forma inmediata la des federalización del microtráfico.

A continuación, enumeraremos los principales argumentos que se han planteado en su contra y nuestra opinión al respecto:

1.- Se podría provocar congestionamiento en la Justicia provincial, ya que las jurisdicciones provinciales están colapsadas actuando en la investigación y juzgamiento de robos, secuestros, homicidios, etc. Por nuestra parte creemos que la inescindible y creciente vinculación en una relación causa y efecto entre el narcotráfico y estos delitos no permiten que la justicia de la provincia de Santa Fe pueda mantenerse al margen de los primeros.

Respecto de la capacidad de la Justicia provincial para absorber la nueva competencia por la saturación de causas que presenta, creemos que la adhesión a la ley debe ser acompañada de la creación de unidades fiscales especializadas en la materia o un mayor número de fiscales en general, dotada de los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de su misión.

Resulta imposible desde la Justicia Federal igualar la inserción territorial con que cuenta la justicia provincial con todo lo que ello implica. Así por ejemplo actualmente un caso de venta de drogas en un "kiosco" de algún lugar en la ciudad de San Javier (Depto San Javier), -por citar algún punto del norte provincial- actualmente es investigado por un juez y un fiscal federal ubicados en la ciudad de Reconquista, es decir, a una distancia geográfica de más de 170 kilómetros, siendo que si adhiere a la ley de desfederalización estos casos podrían ser investigados y juzgados, bajo un sistema procesal acusatorio, por la justicia provincial del lugar, lo cual garantiza inmediatez y celeridad para actuar contra los búnkeres de drogas, ya que estos operadores judiciales se encuentran domiciliados en el propio lugar de los hechos, cercanos al reclamo de los vecinos, es decir, con la adhesión a la ley de desfederalización se garantiza una justicia rápida y de cercanía.

2. Otro planteo que se realiza es que se va a generar un permanente conflicto de competencias entre los fueros provincial y federal, no siendo clara la línea divisoria entre uno u otro delito. En nuestra experiencia como Juez Federal Subrogante durante más de tres años en Presidencia Roque Saenz Peña, Chaco, provincia adherida a la ley de des federalización ( Ley 7573 sancionada por la Legislatura Provincial el 6-05-2015) los conflictos de competencia han sido mínimos y se han ido solucionando en la práctica.

Asimismo, la Corte Suprema cuenta con numerosos precedentes basados en una importante casuística sobre la existencia de múltiples conflictos que se generaron en sus comienzos con la primera experiencia de provincialización entre Buenos Aires y los Juzgados Federales.

3. También se ha contrapuesto como prognosis negativa que la policía de la provincia de Santa Fe no se encuentra capacitada para abordaje de los delitos de narcotráfico, con lo cual, si bien habría recursos humanos suficiente, los mismos no serían idóneos en la materia o que se facilitaría la corrupción policial facilitando la creación de una especie de "caja" con el dinero espurio del narcotráfico. Estimamos que, respecto de la capacitación necesaria, la misma se adquiere y es un proceso en algunos casos lento, pero en definitiva sus resultados son seguros. En tal sentido con las nuevas modalidades delictivas como, por ejemplo, los ciberdelitos, también se requiere una capacitación continua y sin embargo nadie lo analiza como un obstáculo insalvable para la oportuna intervención de la justicia y fuerzas policiales provincial.

Por otra parte, la policía de la provincia de Santa Fe hace décadas se encuentra interviniendo en la investigación de causas exclusivamente de Narcotráfico, solo que bajo la dirección exclusiva de la Justicia Federal por lo que experiencia en tal sentido no le falta.

Asimismo, y respecto de los cuestionamientos de posible corrupción de la policía de la provincia de Santa Fe a futuro, destacamos que la mentada corrupción es independiente y no exclusiva de la fuerza que se trate (Federal y/o Provincial) y en su caso existen mecanismos de control inter y entre fuerzas que posibilitan actuar en tal sentido. Por el contrario, los nichos o cajas de corrupción se favorecen cuando una sola policía o justicia -por atribución exclusiva de competencia- es la que participa en las investigaciones, cuestión esta que se despeja con la adhesión a la ley de des federalización ya que al intervenir, en la misma materia de narcotráfico, la justicia provincial concomitantemente con la Federal, aunque a distintas escalas, se dificulta que existan complicidades o las llamadas "zonas liberadas" y se puedan detectar, de existir y más fácilmente, los casos de corrupción que involucren a los operadores judiciales y policiales tanto a nivel provincial como federal. La exclusividad y concentración de poder en una materia, como existe actualmente, siempre atenta contra la transparencia y facilita el accionar de cualquier funcionario público que sea deshonesto.

4. Por último se ha sostenido que la adhesión a la des federalización reforzara la persecución de los consumidores por parte de la justicia penal provincial.

Constituye un mito pensar que cuando se combate el narcomenudeo, se persigue y penaliza exclusivamente a la franja de consumidores. Por nuestra parte, no consideramos al narcomenudeo como un simple y débil eslabón en la cadena de comercialización que amerite su desatención por parte de las fuerzas de seguridad y mucho menos por el poder judicial ya que en este último caso uno de los fines del proceso penal es la averiguación de la verdad en la persecución criminal y el vendedor barrial constituye un verdadero enclave delictivo cercano a la ciudadanía y por ende con gran capacidad de daño.

Por otro lado tampoco creemos que la política criminal deba estar abocada exclusivamente a la persecución de los pequeños vendedores marginales, desviando la atención del narcotraficante que los "regentea" y utiliza para su gran negocio, que muy probablemente nunca entren en contacto físico con la droga e incluso, de importantes miembros de "carteles" del narcotráfico provenientes de otros países y que han protagonizado violentos crímenes en el nuestro y a ello debe apuntar la justicia Federal.

Por último debemos recordar que en el leading case "Arriola" la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y creemos que con la adhesión se dará un importante avance en tal sentido, aclarando que esta última constituye una herramienta más ya que la problemática no se resuelve exclusivamente con una ley sino que es su aplicación, ejecutada por estructuras adecuadas, dentro de un sistema coherente y consistentes en el tiempo, la que producirá resultados positivos, caso contrario si continuamos justificando y no superamos las limitaciones operativas que puedan existir, ciertamente las tendremos. En síntesis, creemos que en la lucha contra el narcotráfico la indiferencia no es neutralidad sino complicidad.