El conflicto que paraliza la construcción de las represas santacruceñas amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de la larga serie de incumplimientos financieros de la Argentina. Un riesgo que amenaza a Martín Guzmán justo cuando intenta cerrar un acuerdo con el FMI para empezar a restañar la deteriorada reputación del país en los mercados internacionales.

La construcción simultánea de las represas Kirchner y Cepernic, la mayor obra hídrica de la región, quedó atrapada entre el freno de las obras por falta de financiamiento y la deuda con los bancos chinos por el incumplimiento de los plazos.

China se enoja porque no avanzan las represas y frena financiamiento a trenes

El consorcio Represas Patagonia SA a cargo de la construcción de las hidroeléctricas está integrado por China Gezhouba Group Company Limited, Electroingeniería e Hidrocuyo S.A.

La obra fue concebida con un compromiso de financiamiento por parte de tres bancos comerciales del gigante asiático: China Development Bank Corporation (CDB), Industrial and Commercial Banck of China Limited (ICBC) y Bank of China Limited, que integraron un préstamo de 4.700 millones de dólares a 15 años, con los primeros cinco de gracia, y una tasa del 3.8 por ciento más líbor. Del total, fueron desembolsados 1.500 millones.

El contrato con China se firmó a fines del 2018. El plan acordado durante el gobierno de Cristina Kirchner estipulaba un préstamo de 4.700 millones de dólares a 15 años, con los primeros cinco de gracia, con la idea que las obras estuvieran finalizadas en de ese período y la puesta en marcha de ambas represas garantizara la capacidad de repago a partir del sexto año. Pero en el medio, el gobierno argentino cambió de signo.

El plan acordado durante el gobierno de Cristina Kirchner estipulaba que las obras estuvieran finalizadas dentro del lustro de gracia. Según esa hoja de ruta, la puesta en marcha de ambas represas garantizaba la capacidad de repago a partir del sexto año. Pero en el medio del proceso, el gobierno argentino cambió de signo.

Ni bien asumido, el gobierno de Mauricio Macri frenó las obras y le encargó al entonces ministro de energía, Juan Jose Aranguren, una revisión integral del proyecto que demoró dos años. Casi la mitad del período de gracia.

En lo que si resultó expeditivo el macrismo fue en el cambio de nombre. Las represas se volvieron a llamar Cóndor Cliff y La Barrancosa.

Como sea, recién en el segundo semestre de 2017 se consensuó con las empresas una nueva versión del proyecto que daba un mayor plazo a las obras, se acordaba una reducción de la potencia instalada y la incorporación de una línea de transporte en alta tensión de Santa Cruz a Buenos Aires.

Pero el proyecto consensuado nunca fue firmado. Macri y Aranguren dejaron sin cerrar la actualización del contrato. En 2018 los bancos chinos dejaron de girar los fondos comprometidos cuando solo llevaban entregado el 36% del crédito total.

Con la asunción de Alberto Fernandez la negociación con los bancos chinos pasó a la órbita de la Secretaría de Asuntos Estratégicos a cargo de Gustavo Beliz. No hubo avances en esa negociación, pero las obras se retomaron a un ritmo casi testimonial con fondos inutilizados durante el macrismo que quedaban en reserva.

En abril de 2021 las represas presentaban un avance de apenas el 21.8 por ciento, según informó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en su última visita al congreso. La hidroeléctrica Nestor Kirchner en un 19,3 por ciento; la de Jorge Cepernic 27,1 y la línea de alta tensión en un 6,5 por ciento.

Otra vez, lo que sucedió más rápido fue el cambio de nombres: a partir de un DNU que lleva la firma de todo el gabinete nacional, las represas recuperaron su nominación kirchnerista: Kirchner y Cepernic.

Pero las obras siguen trabadas, ahora también por las internas que cruzan la política energética. "De los bancos chinos se ocupa Martin Guzman", afirmó a LPO una fuente al tanto de las negociaciones.

El ministro aspira a firmar en el corto plazo una addenda donde se sellé una reestructuración de los términos financieros del contrato. "Para eso el Estado va a comprometer recursos", agregó a LPO otro protagonista de las negociaciones.

La urgencia del Palacio de Hacienda por resolver un tema que en principio no debería atraer su atención se entiende: los convenios firmados con China incluyen una cláusula de cross default, es decir, una regla de incumplimiento cruzado. Esto implica que al cancelar un proyecto, como reveló en exclusiva LPO, podrían cancelarse otros proyectos con financiamiento de ese origen como todo el plan de modernización ferroviaria.